En 2024, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró más de 66 millones de pasajeros, de los cuales, más de 48,5 millones fueron viajeros de vuelos internacionales, lo que representa un aumento del 11,2% respecto al año anterior.
Es decir, la Comunidad de Madrid se consolidó como el principal punto de entrada aérea internacional en España. No obstante, muchos visitantes no tenían la opción de entrar en el país sin pagar un recargo extra inusual: un policía cobraba a los extranjeros antes de permitirles su entrada en España.
El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha abierto una investigación contra este agente del Cuerpo Nacional de Policía, destinado en Barajas y acusado de recibir sobornos a cambio de permitir la entrada de extranjeros en España.
El policía, encargado de los controles de seguridad en el acceso al espacio Schengen (zona libre de circulación entre países europeos) habría solicitado y recibido sumas de dinero de viajeros extranjeros para no rechazar su entrada al país.
El modus operandi
El agente desempeñaba funciones en el segundo filtro del control de seguridad, donde se revisaban los requisitos legales para ingresar al territorio español, como la validez de los documentos o la suficiencia de medios económicos, según las fuentes jurídicas consultadas por ABC.
En este punto, el policía aprovechaba su posición para exigir dinero en efectivo a algunos pasajeros extranjeros para autorizar su entrada, sin que quede registrada la infracción.
El importe mínimo que recibía de cada viajero podía llegar hasta los 100 euros por persona y día, lo que en algunos casos podría superar los miles de euros. Para ocultar sus actos, el agente manipulaba la lista de inadmitidos, borrando los nombres de aquellos pasajeros a quienes había coaccionado.
La denuncia y detención
El caso comenzó a ser investigado después de que cuatro víctimas denunciaran el comportamiento del agente ante las autoridades. Los denunciantes, principalmente ciudadanos de países hispanoamericanos, habrían pagado para no ser rechazados en el control.
Tras las declaraciones de los afectados, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) del Cuerpo Nacional de Policía identificó al agente y procedió a su arresto en el propio aeropuerto.
Ahora, la jueza que instruye el caso ha ordenado el ingreso en prisión provisional del acusado, quien podría enfrentarse a graves consecuencias legales.
Por su parte, la Fiscalía ya ha solicitado el fin de la instrucción y ha propuesto que el caso sea juzgado por un jurado popular, dado que el delito de cohecho podría ser considerado un ilícito que debe ser evaluado por este tipo de tribunal, según fuentes cercanas al proceso.
El delito de cohecho
El Código Penal español establece el delito de cohecho pasivo en su artículo 419: “La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente, o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo…”.
Las penas contempladas para este tipo de delito van de tres a seis años de prisión, además de una inhabilitación especial de entre nueve y doce años.
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