La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España hasta los 16.576 euros anuales, lo que equivale a 1.184 euros mensuales distribuidos en 14 pagas, ha contribuido al crecimiento de la economía española y ha mejorado las condiciones de los hogares que lo reciben. Así ha asegurado este jueves la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz durante su intervención el segundo foro de la Coalición Mundial para la Justicia Social, que se celebra en Ginebra.
A juicio de Díaz, “frente a los discursos del miedo y el austericidio, el incremento del SMI ha demostrado que subir los salarios no destruye empleo, sino que lo impulsa. Es una política feminista, redistributiva y de sentido común”, ha afirmado la titular de Trabajo, quien ha recordado cómo esta iniciativa ha sido avalada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estos días celebra en la ciudad suiza su conferencia anual.
La vicepresidenta ha participado en un debate sobre sobre salarios dignos como motor del desarrollo social y económico en que que se ha puesto de manifiesto como en un contexto en que los salarios constituyen la principal fuente de ingresos para la gran mayoría de las personas trabajadoras en todo el mundo, millones de ellas no ganan lo suficiente para mantener un nivel de vida decente.
Por ello, medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o fomentar un salario digno van ganando fuerza en diversos países, y ha quedado demostrado que son iniciativas que impulsan al alza los salarios en términos generales. Díaz ha recordado que la apuesta firme por el salario digno es, además, una herramienta de justicia social y cohesión. En España el salario mínimo interprofesional ha aumentado un 61% desde 2018 y ha impulsado el empleo y la estabilidad laboral.
“Desmontamos mitos neoliberales: nos dijeron que subir el salario mínimo destruiría empleo y frenaría el crecimiento. Hoy España tiene la tasa de paro más baja en 17 años y es el país que más crece en la UE”, ha afirmado. Ha incidido en que todas esas subidas se han realizado con diálogo social, a veces con consenso tripartito, otras sin él, “pero siempre en conversación con los interlocutores sociales”.
La titular de Trabajo también ha insistido en la necesidad de impulsar mecanismos que aseguren esas subidas como campañas específicas para que ningún convenio colectivo quede por debajo del SMI y las personas trabajadoras puedan disponer de mecanismos de reclamación ágiles.
SMI, “un potente instrumento feminista”
El fomento de salarios dignos también contribuye a que el crecimiento de la economía tenga efectos positivos en más hogares. “Elevar el salario mínimo ha permitido que las buenas cifras macroeconómicas lleguen a las familias trabajadoras, reequilibrando la relación entre beneficios y salarios”, ha asegurado la ministra y ha destacado la notable reducción histórica de la brecha de género salarial registrada en España, que desde 2018 ha bajado 5,3 puntos.
“La justicia de género y la justicia social son las dos caras de una misma moneda: al concentrarse en sectores precarizados y feminizados, como la hostelería o los cuidados, el SMI actúa como un potente instrumento feminista”, ha explicado.
Además, ha enumerado otras medidas puestas en marcha que también han supuesto avances en conciliación y reconocimiento como los planes de igualdad obligatorios, permisos parentales o la equiparación en derechos del trabajo doméstico.
El ejemplo español
España ha sido invitado por la OIT a presentar, en el Foro de la Coalición, el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, “una política que ha sido clave para el crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción de la desigualdad”, ha señalado la vicepresidenta.
En su opinión, establecer una subida del salario mínimo con los parámetros que marca la Carta Social Europea supone afianzar ese derecho para la persona trabajadora. “España demuestra que se puede gobernar con el horizonte de la dignidad del trabajo, haciendo de los derechos laborales un motor de cohesión social y justicia redistributiva”, ha insistido Díaz.
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