La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, planea sancionar con hasta 100.000 euros los escraches y las manifestaciones no autorizadas en la universidad, según el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) del pasado 29 de mayo al que ha tenido acceso EFE y que ha adelantado El País.
Ayuso ha señalado en su perfil de la red social X que “esta noticia es falsa”, pero el borrador ha sido remitido a diferentes comisiones universitarias que deben emitir informes, si bien no se ha enviado de forma oficial. El documento prevé infracciones graves como la ocupación de cualquier lugar del campus, la colocación de pancartas o símbolos o las manifestaciones, todo ello sin autorización, con multas de hasta 100.000 euros.
También incluye infracciones muy graves de entre 100.000 y un millón de euros, por conductas como “no garantizar por acción u omisión la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión y de cátedra”.
Fuentes de la Consejería de Educación indican que el régimen sancionador del borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid fue “anunciado y debatido en 2024, sin que se haya añadido ninguna novedad desde entonces”.
Esto “no contraviene ninguna norma estatal”
Las mismas fuentes señalan que esto “no contraviene ninguna norma estatal”, sino que “sigue la línea de la Ley nacional de convivencia universitaria aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022″ y agregan que precisamente protege la Ley de la Comunidad de Madrid es la libertad de expresión, reunión, asociación, participación y de cátedra, así como el ejercicio de los derechos fundamentales en los campus universitarios.
“No solo no atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, sino que viene a garantizarlas”, añaden desde el Departamento que dirige Emilio Viciana, que subraya que este régimen sancionador da herramientas a las universidades para poder hacer efectiva esta autonomía y poder garantizar los derechos fundamentales, porque la autonomía universitaria consiste también en que la universidad esté amparada legalmente.
Detallan que los casos más graves se reservan para los centros superiores que empiecen su actividad sin estar autorizados, contra la publicidad engañosa, que se cubran plazas públicas sin cumplir los requisitos y también, por supuesto, se sancionan la censura, discriminación por raza, sexo, religión o cualquier otra vulneración de derechos fundamentales.
“Sigue la estela de Trump”
Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, considera que Ayuso ha emprendido “una guerra contra la Universidad y el pensamiento crítico”, al igual que el presidente de EEUU, Donald Trump. “Está siguiendo la estela contra la Universidad del señor Trump y que no recuerda mucho al amor a la inteligencia de hace muchos años. Está claro que la guerra de la señora Ayuso contra la Universidad, contra el pensamiento crítico y contra la libertad de expresión dentro de los lugares donde no le hacen la ola o no son vasallos suyos es una guerra que lleva haciendo desde hace mucho tiempo”, ha indicado tras ser preguntada por los periodistas en el Congreso.
Los profesores anuncian movilizaciones
La red de docentes Universidad Complutense por la Pública ha anunciado «movilizaciones inminentes» contra «la mordaza universitaria» de Ayuso.
La red Universidad Complutense por la Pública llama a los estudiantes y trabajadores de los centros públicos de Madrid y a toda la sociedad a prepararse para «escalar las movilizaciones» contra una Ley que «amenaza» con «sanciones astronómicas» y con condenar a la comunidad universitaria al «ostracismo» por ejercer sus derechos fundamentales de manifestación y protesta.
Este colectivo resalta que «en lugar de querer silenciar y controlar la universidad lo que tiene que hacer el Gobierno de la Comunidad de la Comunidad de Madrid es dotar de presupuestos dignos y no estrangular la universidad, convirtiéndola en un negocio privado sin calidad».
La comunidad universitaria exige respeto a su autonomía, una financiación digna y respeto al derecho constitucional a la educación pública, destaca la red.
(Información elaborada por la agencia Efe)
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