Un abogado aclara qué es lo que tienes que hacer si te llama la policía por teléfono: “Lo normal es que no le den ningún dato”

El vídeo, publicado en TikTok, expone los límites legales de este tipo de llamadas y recomienda cautela antes de acudir a comisaría sin una citación formal

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Un abogado de TikTok explica qué hacer si te llama la policía (TikTok)

Un abogado español ha publicado en vídeo en la red social TikTok en el que explica qué hacer si se recibe una llamada telefónica de la policía. La publicación, que en pocos días superó las 80 mil visualizaciones, ha sido muy compartida por usuarios interesados en conocer sus derechos ante una situación que, aunque poco habitual, puede generar dudas, ansiedad o reacciones precipitadas.

En el vídeo, de poco más de un minuto de duración, el abogado plantea un escenario hipotético: una persona está en su casa y recibe una llamada desde un número desconocido, aparentemente oficial. La voz al otro lado del teléfono dice ser un agente de policía y solicita que la persona se presente en comisaría. La situación, aunque no necesariamente grave, abre múltiples interrogantes: ¿Qué debe hacerse en ese momento? ¿Hay que acudir de inmediato? ¿Se puede pedir más información? ¿Existe la obligación legal de responder?

El abogado parte de la premisa de que no todos los ciudadanos reaccionan igual ante una llamada policial. Algunos pueden sentirse completamente tranquilos porque creen no haber cometido ninguna infracción, mientras que otros pueden pensar que, en algún momento, pudieron haber incurrido en un error legal. A partir de ahí, desarrolla una explicación en tono sereno pero firme sobre cómo proceder correctamente.

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No hay obligación de acudir sin citación

Uno de los puntos más destacados del vídeo es la aclaración de que, ante una llamada telefónica, la persona no está obligada legalmente a acudir a una comisaría si no ha recibido una citación oficial. El abogado señala que, en muchos casos, la policía puede pedir que la persona se acerque voluntariamente, ya sea “de inmediato”, “por la tarde” o “al día siguiente por la mañana”. Sin embargo, enfatiza que esa petición no implica una exigencia formal ni inmediata, y que el ciudadano puede negarse o aplazar la visita, sobre todo si no ha sido notificado por escrito.

El abogado propone una posible respuesta ante ese tipo de llamadas: indicar que no se reconoce el número, que parece de centralita, y que por política personal no se responden llamadas de desconocidos. A partir de ese momento, sugiere que se puede mostrar disposición a colaborar, pero sin comprometerse antes de conocer el motivo de la llamada.

Policía Nacional de España

En el vídeo también insiste en que es perfectamente legal solicitar información antes de tomar cualquier decisión. El abogado recomienda que, si la persona decide continuar la conversación, puede preguntar educadamente por qué se le está llamando, quién realiza la llamada, y qué datos de contacto se pueden verificar. Aunque aclara que es probable que la policía no proporcione muchos detalles, sobre todo si hay una investigación en curso, destaca que el ciudadano tiene derecho a saber, al menos, de qué tipo de asunto se trata.

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En el caso de que el motivo de la llamada sea simplemente para hacer “unas preguntas” o mantener “una entrevista informal”, el abogado advierte que estas expresiones pueden estar encubriendo un interrogatorio relacionado con un presunto delito. En ese contexto, la recomendación implícita es actuar con precaución y, de ser necesario, buscar asesoramiento legal antes de acudir a una comisaría.

El lenguaje puede ocultar una investigación penal

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Otro aspecto importante del mensaje es la forma en que la policía puede utilizar un lenguaje aparentemente informal o poco específico para suavizar la comunicación. El abogado menciona frases como “queremos hacerle unas preguntitas” o “necesitamos que aclare unos puntos”, que, según indica, pueden generar una falsa sensación de normalidad. En realidad, estos contactos pueden formar parte de una fase preliminar de una investigación penal, en la que el ciudadano podría estar siendo considerado como parte interesada o incluso como posible implicado.

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