Las Comunidades Autónomas tenían de plazo hasta el 31 de marzo para remitir las cifras de los menores migrantes no acompañados que tienen acogidos, pero no todas están dispuestas a colaborar en el reparto pactado entre el PSOE y Junts el pasado 22 de marzo. Es el caso de Aragón, única región, según la Delegación del Gobierno, que no ha informado sobre el número de niños, niñas y adolescentes que actualmente acoge. Una negativa que el Ejecutivo autonómico de Jorge Azcón justifica en la propia solicitud de suspensión cautelar que ha formulado en vía judicial.
El Gobierno de Aragón presentó el pasado viernes un recurso contencioso-administrativo para pedir medidas cautelares contra la reclamación a las autonomías de datos de acogida con el fin de frenar la reubicación de menores migrantes no acompañados, y este martes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo ha admitido a trámite. También ha acordado la apertura de una pieza o procedimiento de medidas cautelares para resolver sobre la solicitud de suspensión del requerimiento a aportar los datos sobre las plazas y ocupación de los centros de menores.
“Estábamos a la espera de que el tribunal se pronunciara. Ahora el ministerio tiene un plazo de 10 días para presentar alegaciones”, señalan fuentes del Gobierno aragonés a Infobae.
El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha calificado la actitud del Ejecutivo autonómico de “sonrojante y bochornosa” y ha estimado que la cifra de menores no acompañados puede estar en 197 plazas cuando la capacidad ordinaria tendría que rondar las 400, según ha explicado a la Cadena Ser.
Para Beltrán, se trata de la falta de planificación y de la incapacidad de gobernar de Azcón, porque “el problema no son 190 niños más”. También ha incidido en la falta de recursos que alega el Gobierno de Aragón, que para Beltrán no es real, ya que “con 3 millones de euros se pueden atender a 100 niños al año, pero el perdonar impuestos te resta mucha capacidad para poder atender situaciones como estas”.
La Comunidad Valenciana recurrirá ante el Constitucional
La Comunidad Valenciana, por su parte, aunque sí ha detallado que en la actualidad atiende entre 480 y 490 menores migrantes en sus centros, también ha anunciado que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno para la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, haciendo así obligatorio el reparto de estos niños, niñas y adolescentes cuando se multiplique por tres la “capacidad ordinaria” de un territorio.
A partir de los datos proporcionados por las regiones, y teniendo en cuenta criterios como la población, la renta per cápita y la tasa de paro de cada autonomía, el Gobierno trasladaría a unos 4.400 menores desde Ceuta y Canarias, si bien aún quedan detalles por concretar para poder también definir la financiación que recibirá cada territorio.
(Con información de Efe)
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