La Guardia Civil ha tenido que intervenir el pasado martes por la tarde ante los “altercados y amenazas de un movimiento vecinal que exigía el empadronamiento en viviendas de calles inexistentes”, según han denunciado desde el equipo de Gobierno.
Los manifestantes, “un grupo de okupas”, según fuente municipales, se presentaron en el consistorio con pancartas y altavoces para “exigir que los trabajadores procedieran a su empadronamiento”. Sin embargo, las solicitudes presentadas correspondían a viviendas que no figuran en el registro municipal o cuyas direcciones resultaban falsas o inexistentes.
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Ante la actitud intimidadora de los manifestantes, que llegaron a amenazar a los trabajadores con “denuncias por prevaricación”, el Ayuntamiento no tuvo más remedio que llamar a la Guardia civil, los cuales identificaron a los asistentes y lograron restablecer la calma en las dependencias municipales.
“Los manifestantes intimidaron a los trabajadores, amenazando con denuncias por prevaricación, por lo que, ante los gritos y la actitud de este grupo de personas, fue necesaria la intervención de la Guardia Civil, que se encargó de identificar a los presentes”, según han indicado desde el consistorio.
Firmes ante la okupación
Para el equipo directivo de Galapagar, “queda patente que se trata de una primera reacción” ante la presentación de la Oficina Antiokupación hace tan solo unos días. “Es una señal de que lo estamos haciendo bien y estamos defendiendo los derechos de nuestros vecinos”, añaden desde el Ayuntamiento.
Por este motivo, según han declarado las fuentes municipales, se seguirá firme en la política antiokupación, “con el mismo mensaje dirigido al colectivo okupa para que entiendan que aquí no son bienvenidos y no se lo vamos a poner fácil”.
El Ejecutivo, presidido por Carla Graciano, ahora estudia “emprender acciones legales por el incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana”, lo que podría derivar en sanciones económicas a partir de los 600 euros.
Evitar la llegada de mafias
A finales de febrero, el Ayuntamiento de galapagar anunció la puesta en marcha de un Plan Municipal contra la Okupación Ilegal de Viviendas, con el objetivo de reforzar la seguridad y la convivencia en el municipio.
“Esta iniciativa busca ofrecer soluciones eficaces para proteger los derechos de los propietarios y evitar conflictos derivados de ocupaciones irregulares”, subrayaron desde las dependencias municipales.
Coordinado con las áreas de Seguridad, Atención al Ciudadano y Asuntos Sociales, se persigue atender a “este creciente problema que tiene consecuencias directas en la seguridad y convivencia” del municipio, declaró Graciano.
“Sabemos que Galapagar es cada vez más atractivo, sobre todo tras recuperar servicios que se habían perdido, pero no queremos que eso atraiga a vecinos que no son deseables”, manifestó la alcaldesa. En este sentido, el Ayuntamiento ha tomado las medidas necesarias para prevenir la llegada de las mafias.
Asamblea de Vivienda de Collado Villalba
Por su parte, la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba ha remitido un comunicado en el que actúa como portavoz de este grupo de manifestantes. Según ellos, los hechos acontecidos el martes responden a “una acción reivindicativa por las dificultades para empadronarse”.
Así, una veintena de solicitudes se realizaron hace un año y medio, aunque “a partir del tercer mes por silencio positivo deberían haber recibido su padrón”, ha señalado la asamblea.
No obstante, “no ha sido así, y se les ha tratado dando largas constantemente y con excusas burocráticas variopintas”, han añadido. “La ley es clara y contundente: el padrón no es solo un derecho fundamental, sino también una obligación”, han destacado desde la organización.
A su vez, los funcionarios volvieron a pedir paciencia, pero sin fijar una fecha y poniendo diferentes pegas, por lo que ahora exigen una “reunión con el técnico de padrón y con la propia alcaldesa”, han explicado desde la asamblea.
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