La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado un nuevo giro en las políticas autonómicas respecto a las universidades públicas. Si la semana pasada anunciaba que finalmente otorgaría 40 millones a estas instituciones (que habían pedido 200 para resolver la estrechez económica que condiciona su funcionamiento), en esta ocasión ha acabado aceptando el programa de cofinanciación para la contratación de docentes impulsada por el Gobierno de España.
Ha sido el Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, quien finalmente ha informado de que la Comunidad de Madrid firmaría el convenio del Programa María Goyri, por el que la Comunidad de Madrid recibirá casi 170 millones de euros para contratar profesores universitarios y así aumentar y renovar la plantilla de las universidades públicas, aquejadas desde hace años por problemas de personal.
Un giro en la política universitaria
En un principio, el gobierno de Ayuso había rechazado el dinero debido a que no estaban de acuerdo con “contratar a una única figura docente”, en este caso la de Profesor Ayudante Doctor, además de señalar que el convenio incluía “numerosas referencias de tipo ideológico y nulo valor jurídico”. Pero a pesar de esto, la Comunidad de Madrid acabó siendo el único territorio que no aceptó firmar el convenio, a diferencia de las otras 16 comunidades autónomas.
Por esta razón, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, envió una carta pública a la presidenta de la Comunidad de Madrid reprochando el haber rechazado ese dinero, cuando además las universidades habían manifestado en numerosas ocasiones la necesidad de una mayor inversión económica. “Le pido encarecidamente que rectifique y con ello se sume a la senda de la colaboración y entendimiento en defensa de las universidades públicas”.
Pese a que ya desde la semana pasada se había conocido que el gobierno de Ayuso iba a recular, junto con la decisión de aumentar la inversión pública en las universidades con esos 40 millones, al no haber una respuesta con carácter oficial el Ministerio ha vuelto a dirigirse a la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, exigiendo que, en caso de firmar el convenio, se haga antes del 13 de diciembre, fecha límite para que se pueda fiscalizar en el presente curso.
Reivindican su “responsabilidad y compromiso” al firmar una “cacicada”
Es así como, en un comunicado, finalmente la consejería ha anunciado la firma del convenio, si bien ha seguido criticando al Gobierno nacional por negarse “a negociar una vez más” y a imponer “esta cacicada”, que finalmente han accedido a firmar por su “responsabilidad y compromiso con las universidades públicas de la región”.
Tras anunciar este cambio de opinión, la Comunidad de Madrid accede a cofinanciar la contratación de 1.091 profesores universitarios en calidad de ayudantes de doctor. Para ello, recibirían 170 millones de euros, lo que daría para financiar a 656 profesores, quedando la contratación de los otros 435 en manos del Gobierno autonómico. “El Ministerio solo financia la contratación de esos 656 profesores durante los seis primeros años; pasado ese sexenio, el Gobierno regional asumirá las nóminas del total de los 1.091 profesores”, han señalado desde la Consejería.
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