Qué pasa cuando una persona enferma comete un delito: la suspensión de penas de cárcel por problemas de salud mental

Las enfermedades mentales en reclusos aumentan la complejidad de la justicia. Las dificultades para acceder a servicios médicos y de justicia afectan a los presos con condiciones graves, lo que deja en evidencia algunos de los problemas del sistema penitenciario en España.

El asesinato de Mateo, el niño de 11 años, en Mocejón, Toledo, en el que el presunto autor padece un trastorno mental, saca a relucir qué es lo que hace falta en la gestión de reclusos enfermos. Aunque la investigación sigue bajo secreto de sumario, se han divulgado algunos detalles. Por ejemplo, que el joven detenido confesó el crimen, atribuyéndolo a “su otro yo”. Además, el padre mencionó que su hijo tiene un 70% de discapacidad.

Este vínculo entre enfermedad mental y delirios plantea interrogantes sobre la justicia. Según el Consejo General de la Abogacía Española, el procesamiento y sentencia de individuos con severas enfermedades pueden complicarse, y los abogados se enfrentan a desafíos diferentes.

Presos con problemas de salud mental

Los enfermos mentales, cuyo diagnóstico a menudo se da una vez ya están en prisión, requieren un tratamiento especializado que complica su situación. Los profesionales penitenciarios deben enfrentarse a la dificultad de tratar debidamente a internos con trastornos mentales graves en un entorno donde las unidades psiquiátricas no siempre existen ni están adecuadamente coordinadas.

Las enfermedades mentales graves muchas veces pasan desapercibidas en breves evaluaciones durante el proceso penal y se revelan tras el encarcelamiento. Las diferencias entre penas y medidas de seguridad privativas de libertad son a menudo confusas, lo que afecta la imposición justa de estas.

Penas de cárcel a presos con problemas de salud

Las leyes españolas prevén la prisión provisional para garantizar la presencia del imputado y evitar la alteración de pruebas o la comisión de nuevos delirios. No obstante, es improbable que personas con enfermedades graves como hepatitis C, sida o cáncer terminal planeen nuevas infracciones, dada su fragilidad y necesidades médicas constantes.

El artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que el juez o tribunal decida que la prisión provisional se lleve a cabo en el domicilio del investigado si su salud peligra gravemente. El Tribunal Constitucional enfatiza que en un estado democrático, la libertad personal es un derecho fundamental, indispensable para las demás libertades, y debe prevalecer por motivos humanitarios.

Sin embargo, acreditar las condiciones de salud de los presos es complicado. Muchas veces, los internos no pueden acceder a sus expedientes médicos o solicitar historiales directamente a sus centros habituales. Esta situación es especialmente difícil para presos preventivos, cuya condición está en un limbo legal. La Ley de Protección de Datos impide que los centros faciliten historiales clínicos a familiares, aunque se trate de situaciones justas por privación de libertad. Este rigor normativo provoca demoras en la asistencia médica necesaria.

Además, los reclusos con trastornos mentales graves suelen tener dificultades para acceder a permisos de salida, al tercer grado penitenciario y a la libertad condicional. El problema se agrava debido a la falta de instituciones públicas o privadas que puedan recibir y apoyar a estos enfermos cuando sus familias no disponen de recursos económicos o simplemente no se sienten preparadas para acogerlos. Las opciones de residencia en centros privados también suelen estar fuera de su alcance financiero.

Los estándares internacionales y legales recomiendan que, debido a sus limitaciones físicas y psíquicas, las personas con condiciones médicas graves deben vivir sus últimos momentos en un ambiente más humano y cerca de sus seres queridos. Sin embargo, implementar esta normatividad enfrenta desafíos procedimentales y administrativos, exacerbando la condición de los internos.

La nutrición y el cuidado de presos en situaciones de abandono o desprotección se dificultan cuando no se dispone de los recursos adecuados. Muchas veces, ni las familias ni las instituciones están preparadas para acoger enfermos graves, agravándose por razones económicas o logísticas.