Alerta sanitaria a celíacos: descubren presencia de gluten en una marca de proteína en polvo

Las autoridades sanitarias de Cataluña han enviado, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) una notificación a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) para avisar de la presencia de gluten en una marca de proteína en polvo, sin que esta se incluya en el etiquetado.

Dicha presencia de la proteína a la que es alérgica casi un 2% de la población española ha sido detectada por un control realizado por la empresa productora, que al ver los resultados informó a las autoridades. El nombre del producto que contiene estos restos de gluten es Super Vegan Protein, de la marca Iswari. Los lotes afectados, ha informado la empresa, son los L2260PA2406 y L2110PA2405.

Las comunidades autónomas en las que se vende

La distribución del producto, tal y como ha informado la compañía, ha sido inicialmente a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Navarra. Sin embargo, la AESAN ha advertido de que “no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas”.

Con esta información, se procederá a la retirada del producto afectado de los canales de comercialización, aunque por el momento, como medida de precaución, “se recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo”.

Autocontrol alimentario: así vigilamos lo que comemos

El hecho de que fuera la misma empresa la que alertara sobre la presencia de gluten en el lote no ha sido fruto de la casualidad, sino de un complejo sistema de vigilancia alimentario al que se someten todas las empresas productoras de alimentos: el autocontrol alimentario.

La AESAN explica que este sistema es “flexible por su propia naturaleza, ya que se basa en una serie limitada de principios y procedimientos” que, no obstante, debe adaptarse a las características del producto. “Son las propias empresas las que han de decidir los procedimientos y medidas a adoptar en función de los peligros existentes dentro del contexto específico de su actividad”.

Los principales criterios que se vigilan son los de seguridad alimentaria -mediante una revisión documental los componentes de los productos- y los de higiene de los procesos. Estos últimos establecen valores de contaminación “por encima de los cuales se requieren medidas correctivas” para cumplir con la legislación alimentaria. Además, también existen protocolos para evaluar las condiciones de almacenamiento.

En resumen, una de las partes de este autocontrol es proceder al “análisis de todos los peligros potenciales, físicos, químicos, biológicos, y vinculados a la composición de los alimentos (alérgenos y gluten), detallados en cada etapa del proceso, y las medidas consideradas para su control, mediante la prevención, eliminación o reducción a niveles aceptables”.

Las autoridades competentes en la materia son las encargadas de vigilar que todos estos procedimientos se realicen adecuadamente. Sin embargo, si se llega a producir una intoxicación, esta puede conllevar acciones penales contra la empresa fabricante, con penas de cárcel de uno a cuatro años, sin contar otros elementos agravantes, por delito contra la salud pública, además de un tiempo de inhabilitación o incluso disolución de la empresa.