El Gobierno y los agentes sindicales se reúnen este jueves para comenzar a negociar la oferta de empleo público para 2024. Los representantes de los funcionarios exigen que sea “masiva” y que permita la creación directa de “empleo neto”. El Ministerio de Función Pública, que dirige José Luis Escrivá, no ha ofrecido cifras al respecto; se limita a apuntar que la reunión supone una primera toma de contacto. No obstante, todo parece indicar que la oferta de empleo público será, de nuevo, histórica.
“Vamos a reclamar una oferta de empleo público masiva que permita afrontar el deterioro de los servicios públicos en diferentes ámbitos de la Administración, afrontar las jubilaciones [en la próxima década se jubilará el 60% de la plantilla] y la eliminación de la tasa de reposición, como se comprometió recientemente el ministro de Función Pública, José Luis Escrivá”, adelantaron el pasado miércoles desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Desde la Unión General del Trabajo (UGT) exigen al Gobierno que “la OEP de 2024 continúe la senda las anteriores de 2022 y 2023″. Desde el sindicato, consideran necesario que la oferta fomente la creación de empleo en las Administraciones Públicas para paliar el volumen de personal que se ha ido perdiendo en la última década, con el fin de rejuvenecer las plantillas.
Los funcionarios, sin subida salarial
El inicio de estas negociaciones se produce sin que el funcionariado haya recibido el incremento salarial del 2% pactado para este año. Al no aprobarse los Presupuestos, el Ejecutivo incluyó el incremento en el decreto anticrisis que se esperaba aprobar después de Semana Santa. Factores como el adelanto electoral en Cataluña y los resultados de los comicios frustraron las previsiones del Ejecutivo, acumulando así un retraso de seis meses en el aumento salarial.
Los sindicatos ahora contemplan con miedo la posibilidad de que dicha situación se prolongue hasta después del verano, lo que llevaría el retraso a nueve meses. Desde el Gobierno aseguran que la subida tendrá efectos retroactivos, y cuando se apruebe definitivamente, se abonarán los retrasos acumulados. A este incremento se le podría añadir un 0,5% adicional, dependiendo de la inflación, lo que significaría que los sueldos de los funcionarios habrían aumentado casi un 10% en tres años.
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