
El Congreso de los Diputados debatirá este jueves sobre el veto del Senado a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. La puesta en vigor de la norma afronta el último paso reglamentario para su aprobación definitiva, casi medio año después de comenzar su tramitación el pasado 12 de diciembre.
El texto fue aprobado en una segunda votación el pasado 14 de marzo en el Congreso de los Diputados con 178 votos a favor y 172 votos en contra tras obtener el ‘sí’ de Junts per Catalunya. Una vez conseguido el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros -al menos 176 escaños-, el texto fue remitido al Senado donde se acordó vetar la ley el pasado 14 de mayo.
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La sesión comenzará a las 9 de la mañana, después de las preguntas orales e interpelaciones formuladas por los diputados en la sesión de control al Gobierno, como establece el procedimiento del Pleno. Primero será el Grupo Mixto, en segundo lugar el PP y finalmente Vox. Será entonces cuando se debata la iniciativa impulsada por el Ejecutivo Central. Después, se llevarán a cabo las votaciones para levantar el veto.
Para la aprobación definitiva será necesaria la mayoría absoluta de la Cámara. Todo apunta a que la norma saldrá adelante gracias a el sí de la mayoría del PSOE, con el apoyo de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y con el voto de José Luis Ábalos en el Grupo mixto. De no ser así, deberá someterse a una segunda votación “en el plazo de dos meses”, como estipula el reglamento.
La ley de amnistía ha sido uno de los puntos de mayor crispación en la política nacional. La tramitación de la norma ha protagonizado la campaña catalana y volverá a copar la contienda europea, donde el PP luchará por su derogación en el Parlamento Europeo.
Los delitos amnistiados
Una vez quede aprobada la norma, los jueces e instituciones judiciales tendrán un periodo de hasta dos meses para su aplicación. Quedarán absueltos, de acuerdo al artículo 1 del texto, los “actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias”.
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Esto se traduce en la absolución de acciones individuales e institucionales dirigidas a divulgar el proyecto independentista. Se incluyen en el texto los actos de convocar o promover consultas populares y proporcionar asistencia o asesoría en la celebración del referéndum ilegal.
El perdón se aplicaría en estos casos siempre que hubiesen sido realizados “entre los días 1 de noviembre de 2011 y 13 de noviembre de 2023″. Las acciones realizadas por las fuerzas policiales con el objetivo de obstaculizar las consultas también están incluidas en esta amnistía.
Las órdenes de busca y captura o ingreso en prisión hacia los afectados quedarán eliminadas así como la liberación de los presos con estos cargos. La medida afectará principalmente a los siete líderes del procés, entre ellos el líder de Junts, Carles Puigdemont, los exconsejeros de la Generalitat Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, además de la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
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