Declaración de la Renta 2023-2024: así tienen que hacerla las personas con discapacidad

Hace ya más de un mes que la Agencia Tributaria comenzó su campaña de la declaración de la Renta 2023-2024. Desde el 3 de abril, hasta el próximo 1 de julio, los contribuyentes podrán realizar este trámite por tres vías distintas: online, telefónica o presencial. Sin embargo, no todos tienen que rendir cuentas con Hacienda de la misma forma, ni el resultado y la cantidad a pagar o devolver es la misma. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, conviene que tengan en cuenta que pueden acceder a una serie de deducciones, que varían en función de ciertas condiciones.

Desde el 7 de mayo, es posible hacer la declaración de la Renta por teléfono, siempre y cuando se haya conseguido una cita previa, que puede pedirse desde el 29 de abril. Hasta entonces, solo se podía realizar de forma online. Además, aquellos que prefieran que les atiendan presencialmente, tendrán que esperar hasta el 3 de junio, aunque pueden empezar a pedir cita a partir del 29 de mayo.

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Los contribuyentes disponen de casi tres meses para presentar este trámite, hasta el 1 de julio de 2024, puesto que esta es una de las campañas más largas de los últimos años. Pero solo tienen que hacerla quienes ingresaran más de 22.000 euros brutos anuales el pasado ejercicio fiscal, en caso de que solo tuvieran un pagador. Si tuvieron dos o más, el límite baja hasta los 15.000 euros brutos anuales. A ello se une que todos los autónomos tienen la obligación de realizar este trámite.

En qué casos pueden aplicar deducciones en la Renta las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad tienen acceso a beneficios fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), siempre que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Para obtener estas ventajas, es necesario presentar un certificado emitido por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), o la entidad correspondiente a cada Comunidad Autónoma, que valide el grado de discapacidad.

La legislación española también establece que los parientes directos o hasta el tercer grado de las personas con discapacidad, así como sus cónyuges o tutores legales, pueden beneficiarse de reducciones en la declaración de la Renta. Las contribuciones monetarias o en especie realizadas a sus patrimonios podrán reducir la base imponible hasta un máximo de 10.000 euros anuales por contribuyente, con un límite de 24.250 euros en total por año si hay varios donantes. Estas cantidades no utilizadas pueden acumularse para los siguientes cuatro años.

Para las personas que superen el 65% en su grado de discapacidad, la ley contempla una deducción adicional de 300 euros en la declaración de la Renta. No obstante, es importante destacar que, para ello, la base imponible del declarante no debe sobrepasar los 27.000 euros anuales.

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Qué rentas de las personas con discapacidad no hay que incluir en la declaración

En España, ciertos ingresos obtenidos por personas con discapacidad están exentos de ser incluidos en la Renta. Esta medida fiscal busca aliviar la carga tributaria sobre los beneficiarios de prestaciones sociales que se dirigen a individuos con condiciones graves de discapacidad y aquellos imposibilitados para trabajar.

Entre las rentas exentas se encuentran las prestaciones de la Seguridad Social dirigidas a personas con una discapacidad severa, así como ayudas a familias, pensiones de orfandad y pensiones por incapacidad provenientes del régimen de clases pasivas. Además, se excluyen las prestaciones de mutualidades de previsión social o las ayudas para estancias en centros especializados, como residencias o centros de día. Se incluyen también entre las exenciones las pensiones destinadas a los afectados por la Guerra Civil.

Asimismo, existen exenciones aplicables a rendimientos del trabajo como, por ejemplo, las ayudas por acogimiento a personas con discapacidad, fondos destinados al apoyo de personas con discapacidad y las ayudas especiales implementadas por sistemas de apoyo a personas con discapacidad. Estas medidas fiscales tienen como objetivo promover la inclusión y el bienestar de los ciudadanos con discapacidad, facilitando su integración social y económica.