El Partido Popular ha presentado este martes una Proposición de Ley que ha sido tomada en consideración en el Congreso de los Diputados que ha sido aprobada con 180 votos a favor, 155 en contra y siete abstenciones. La formación conservadora ha traído a España el conflicto abierto en la Unión Europea, que se repiensa la figura y protección del lobo, a pesar del profundo malestar que este debate ha abierto en las asociaciones animalistas.
El texto presentado por el PP no es contundente en su lenguaje, pero quienes han estudiado el documento no dudan en afirmar que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo busca desregular la caza de este animal. Se alega que este animal causa “conflictos crecientes, en muchos casos agravados por marcos legales no adaptados que impiden la gestión de la especie, de forma que se puedan prevenir los conflictos con actividades como la ganadería”.
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La Proposición de Ley asegura que este caldo de cultivo tiene “el consiguiente riesgo para las explotaciones y mantenimiento de la población en el medio rural e incluso conservación de determinados paisajes”. El cambio principal residiría en una modificación del Real Decreto 139/2011 para que del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial se deje fuera al lobo residente al norte del río Duero.
La respuesta más furibunda ha sido desde la organización medioambientalista WWF España. Luis Suárez, experto en Conservación de la organización, asegura que “la proposición de ley tiene un argumentario lleno de medias verdades” porque se habla de censos que no se han completado, se apoyan en decretos de la UE que aún no se han aprobado, y “obvia el estado real de la población del lobo en España”.
La caza del lobo está prohibida en España desde 2021, pero tanto el PP como las asociaciones ganaderas y el lobby de la caza alega que el número de ejemplares ha crecido considerablemente, cosa desmentida por WWF: “Aunque se lleve sin cazar tres años, esto no ha representado un aumento y tiene problemas importantes. La única medida que incluye es volver al punto de partida, que al norte del Duero pueda ser cazado y perseguido, pero esto ni ayuda a la conservación del lobo y tampoco a la conservación de ganadería extensiva. Había daños antes y los sigue habiendo”, explica Suárez a este medio.
La realidad es que la prohibición de la caza del lobo no ha generado un desajuste medioambiental ni han florecido los ataques a la ganadería. Los datos recopilados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) facilitados a Infobae España muestra que, por ejemplo, en Castilla y León en 2016 hubo 118 animales depredados por lobos, mientras que en 2023 fueron 112. En Asturias, también se ha reducido de 3.497 a 3.346 al comparar ambos años. En Galicia sí se han constatado más animales depredados, 2.379 en 2017 por 2.804 el año pasado. Números variables con los que las asociaciones prefieren no sacar conclusiones.
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El lobo, a debate en Europa
Sin embargo, la derecha española sí ha querido hacer de esto una guerra contra el Gobierno: “El PP ha hecho bandera de esto, quiere contentar al mundo rural y pretende hacer de ello una bandera y aparentar que sí les defienden frente al gobierno de coalición. Pero si realmente protegiera al mundo rural, estaría desarrollando otras mediadas que no aplica en ninguna comunidad donde gobierna actualmente”, zanjan desde WWF.
El PP ha traído al Congreso de los Diputados una guerra abierta en Europa, una de tantas. La Comisión presentó en diciembre de 2023 un informe sobre la adaptación del estado de protección del lobo, acompañada de una propuesta de para modificar los Anexos del Convenio de Berna en relación con el lobo. Para que salga adelante el cambio del estatus del lobo en el Convenio de Berna haría falta una mayoría de dos tercios en el Europarlamento.
“El estado de conservación no aconseja disminuir la protección actual, al ser desfavorable en un número significativo de Estados miembros, tampoco la elevada tasa de furtivismo, ni la peligrosidad para el ser humano”, explican desde el MITECO, que insisten que “la propuesta no está fundada en datos poblacionales robustos”.
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