El Partido Popular no solo va a registrar una enmienda a la totalidad para tumbar la amnistía, sino que va a presentar una alternativa con el fin de disolver las organizaciones y los partidos políticos que declaren la independencia y promuevan un referéndum o consultas “ilegales”. A través de una enmienda a la totalidad con texto alternativo, el PP propone en el Congreso de los Diputados castigar a los cargos públicos, autoridades o a cualquier persona jurídica que promueva la “inobservancia de las leyes” a través de la tipificación en el Código Penal de un nuevo delito de deslealtad constitucional y disolviendo su actividad.
En una rueda de prensa desde la sede de Génova, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha anunciado que registrará esta misma tarde esta propuesta para reformar el Código Penal con el objetivo de “rearmar” y fortalecer al Estado tras la aprobación de la ley de amnistía. De esta forma, el PP se fija como objetivo a cualquier persona jurídica, es decir, a partidos políticos como Junts, ERC o la CUP, y también a asociaciones como Ómnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) o la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).
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También entrarían los cargos y funcionarios públicos que promuevan tanto el referéndum como la independencia, es decir, el PP pretende impulsar una norma que deshaga todo lo que pretende la amnistía e incluso ir más allá. Es decir, intenta recuperar las penas a los directores de colegios, cargos públicos, policías o alcaldes que actuaron durante el 1-O y que quedarían amnistiados a través de la proposición de ley cuyas enmiendas se debaten la próxima semana en el Congreso.
Tellado ha asegurado que ante el “calendario perverso” para aprobar la amnistía, y su “tramitación exprés” con “cierta nocturnidad”, el PP buscará por todos los medios retrasar o detener esta ley que considera “ilegal”, por lo que la enmienda a la totalidad con texto alternativo solo es un “punto de partida” dentro de los planes de Alberto Núñez Feijóo para “rearmar” el Estado y “revertir” el daño que han hecho los independentistas y socialistas. “La ley de amnistía, o de impunidad, trata de reescribir la historia reciente de España”, ha aseverado. Se trata de “proteger” al Estado de aquellos que quieran atacarlo, precisan fuentes del PP, que defienden que su propuesta responde a un instrumento de defensa ante una acción ilegal, que, de esta forma, quedaría tipificada.
Penas de prisión por impulsar un referéndum
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Por ello, el Partido Popular no solo va a frenar esta ley, sino que irá más allá para hacer todo lo contrario de lo que pretende la misma, aceptando la posibilidad de disolver partidos como Junts, que para un PP reciente y en palabras de Esteban González Pons, era un partido cuya tradición y legalidad no estaban en duda. También se abre a disolver organizaciones que pretendan la independencia y actúen con ese propósito, tal y como pasó en octubre de 2017 con Ómnium Cultural o ANC. “Las cesiones han supuesto el debilitamiento del Estado para defenderse de las amenazas”, ha argumentado el portavoz parlamentario del PP, que ha repasado la secuencia de dichas cesiones, que empezaron por “rebajar las penas por malversación”, continuaron eliminando el delito de sedición y con concesiones del Gobierno a los independentistas. Ahora, el cenit es la ley de amnistía, que supone un “borrado de delitos” del independentismo desde el 2017, hasta la actualidad, que van desde la “corrupción al terrorismo”. “La ley de amnistía deja las manos libres a los independentistas para volver a hacerlo, tal y como están avisando”, ha vuelto a justificar Tellado.
Minutos antes de que terminase el plazo para registrar la enmienda a la totalidad en el Congreso, el grupo popular ha facilitado el texto íntegro a los medios, en el que el PP plantea penas de prisión de uno a cinco años e inhabilitación de uno a cinco años para la autoridad, funcionario, diputado, senador o miembro de un parlamento autonómico que impulse un referéndum o una consulta ilegal. También pide castigar con prisión de cinco a diez años e inhabilitación de seis a doce años a cualquiera de los cargos anteriormente mencionados que declare la independencia de una parte del país o su integración en otro Estado.
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