La batalla entre las autonomías con gobiernos del PP y el Gobierno central continúa a cuenta de lo que deben tributar las personas más pudientes por su riqueza. El Ministerio de Hacienda ha incluido en el octavo decreto de ayudas contra la inflación publicado este jueves en el BOE una modificación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (ISGF) para hacerlo permanente en la práctica. Exactamente, se extiende su vigencia hasta que no se revise la tributación patrimonial en el contexto de la reforma del sistema de financiación autonómica, una cuestión bloqueada desde 2014 y que no tiene perspectivas de resolverse a corto plazo dada la polarización política.
El gravamen fue aprobado en diciembre de 2022 y su vigencia solo abarcaba a 2023 y 2024, pero esta decisión se toma para evitar que se pierda recaudación en las regiones que más lo estaban bonificando hasta entonces: Madrid, Andalucía y Galicia. Según explicita el texto del decreto, la medida se prorroga “por la necesidad de garantizar los recursos económicos que ha sido posible obtener con la misma”.
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Lo cierto es que, pese a la prórroga, Hacienda perderá al menos en 2024 el 89% de lo recaudado en 2023 como consecuencia de la recuperación del Impuesto de Patrimonio en Madrid y también es muy probable que deje de ingresar el importe correspondiente a Andalucía (el 4,8%) ante el anuncio del gobierno de esta autonomía de seguir los mismos pasos que Madrid. Aunque Hacienda no lo ingrese, habrá ganado la batalla parcialmente, porque los contribuyentes afectados terminarán pagando o bien al Estado el ISGF (avalado por el Tribunal Constitucional) o a la comunidad autónoma el retomado Impuesto de Patrimonio.
El impuesto afecta a las personas físicas con patrimonios netos superiores a los tres millones de euros y se devenga el 31 de diciembre de cada año, efectuándose la presentación de la declaración entre el 1 y el 31 de julio. El pasado siete de diciembre, la Comunidad de Madrid aprobó la ley 12/2023 para eliminar la bonificación del 100% en el Impuesto de Patrimonio vigente desde el año 2008 e impedir de esta manera que Hacienda lo recaude.
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El gobierno andaluz, por su parte, solo ha anunciado que recuperará el Impuesto de Patrimonio y dará a elegir a los contribuyentes si lo pagan al Estado o a la región. Los afectados por este gravamen, según los datos de Hacienda, son 10.302 contribuyentes en Madrid, 865 en Andalucía, 322 en Cataluña, 91 en Galicia y algunos más en otras regiones, que hacen un total de 12.010 declarantes en 2023.
Las CCAA dejarán de ingresar 2.051 millones por bajar impuestos
Hacienda siempre ha defendido que el ISGF forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para “avanzar hacia un sistema más redistributivo en el que aporte más quien más tiene”. En este grupo señalan a grandes patrimonios, multinacionales o sectores como la banca o las energéticas. No obstante, las autonomías tienen competencias sobre otros impuestos que sí están bonificando, lo cual genera un agujero en la recaudación de esos territorios.
Según el Plan Presupuestario de 2024, las bajadas de impuestos aprobadas por las autonomías en los últimos años implican dejar de ingresar 801,9 millones en 2023 y 2.051,5 millones en 2024. El importe se ha más que duplicado como consecuencia de los nuevos alivios fiscales aprobados mayoritariamente en las regiones que ya gobernaba el PP (Madrid, Andalucía y Castilla y León) y en las que el PP consiguió los apoyos suficientes para gobernar tras las elecciones del 28 de mayo: Baleares, Extremadura, La Rioja, Canarias, Valencia, Aragón y Cantabria.
La mayor parte de lo que dejarán de ingresar las autonomías este año y el próximo viene por parte de las bajadas del IRPF, un total de 1.728,6 millones en 2024 y 613,4 millones en 2023. Por otra parte, la factura de suprimir o reducir notablemente los impuestos de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados asciende a otros 322,9 millones de euros en 2024 (188,5 millones en 2023).
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