El mito de que los estudiantes españoles quieren ser funcionarios: solo a uno de cada diez le gustaría opositar

Tendrás trabajo para toda la vida. Quizá esta sea una de las afirmaciones en referencia al funcionariado más repetidas cuando, al terminar los estudios y sin un rumbo claro, los jóvenes se enfrentan al inicio de la vida laboral. Sin embargo, trabajar para el Estado es una opción cada vez menos atractiva para los estudiantes en nuestro país, ya que solo el 10% elige empezar a opositar tras terminar de formarse.

Las bonanzas del sector público son ampliamente conocidas: horarios, en general, mejores y más estables que en sector privado; jornada laboral que cuenta con menos horas a la semana; más vacaciones y días libres... Sin embargo, el sector privado ofrece mucha más variedad de puestos ofertada y la capacidad de progresión en términos laborales y económicos es mucho mayor que en el sector público.

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Según el Estudio sobre el Emprendimiento en España en 2023, elaborado por la compañía Holded, donde se muestra que trabajar para el Gobierno era la primera opción solo para uno de cada diez jóvenes menores de 24 años. Esto demuestra, según el citado informe, que España es cada vez más un país de emprendedores. De hecho, el 60% de los españoles se decantaba por abrir su propio negocio al terminar su formación.

El porcentaje de personas que quieren trabajar en el sector público se eleva significativamente en otras franjas de edad: el 20% de los mayores de 55 años desea trabajar para el Estado, duplicando el porcentaje de los más jóvenes. Esta cifra no solo varía por edad, también lo hace por localización. Albacete es la ciudad en la que más habitantes manifiestan querer trabajar para el Gobierno, alcanzando el 45%, seguida de Cádiz, con un 40%, Asturias, con un 35%, y Zaragoza y Valladolid, con cerca de un 30% de su población queriendo opositar.

Sector público: un problema con la temporalidad

Hace casi 5 años se observaron por última vez unas tasas de temporalidad superiores en el sector privado que en el público. En el último trimestre de 2018, en el sector privado, dicha tasa ascendió al 27,0%, mientras que en el público se situaba en un 26,3%. Desde dicho período, la tasa en el sector privado fue descendiendo, hasta situarse en un 13,9% en la actualidad -tras haber repuntado dos décimas en el segundo trimestre como consecuencia de la incidencia que tiene en esta variable las contrataciones estacionales vinculadas a la campaña turística-.

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Por el contrario, en el sector público la tasa de temporalidad ha ido creciendo y en este segundo trimestre de 2023 se sitúa en un 31,1%. De hecho, la temporalidad en el sector público lleva 10 trimestres consecutivos, desde el inicio de 2021, por encima del 30% y no refleja síntomas de una tendencia a la reducción.

Según el análisis de Randstad, en el sector privado la tendencia de reducción de la temporalidad tiene una larga trayectoria previa a la reforma laboral -de un 28,2% en el tercer trimestre de 2017 a un 22,1% entre enero y marzo de 2022, justo antes de la entrada plena en vigor de dicha reforma-, y en dicho caso constituye una disminución genuina de la temporalidad, mientras que la observada con posterioridad a la reforma -donde la temporalidad en el sector privado ha caído seis puntos porcentuales en cinco trimestres, hasta el actual 13,9%- es fundamentalmente una reducción estadística, puesto que la reforma laboral ha encubierto actividades estacionales o temporales bajo el manto de un contrato indefinido de corta duración o con períodos de inactividad.

En el caso del sector público, lo más llamativo es, sin duda, el carácter refractario de su temporalidad a la reforma, puesto que, lejos de descender, se mantiene sólidamente por encima del 30% y lleva la diferencia con el sector privado a niveles récord durante el último año.

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