Subsidios, vouchers o cierres: ¿qué harán los gobiernos con los colegios privados al borde de la quiebra?

La agenda educativa de los gobiernos se centra hoy en la vuelta a las clases presenciales. En si los protocolos son aplicables o no, en determinar qué zonas son las que están en condiciones de volver, en precisar cuánta inversión requerirá la puesta a punto de las escuelas y, no menor, en convencer a los padres de que es seguro enviar a sus hijos de vuelta a las aulas. Los primeros relevamientos informales muestran que más de la mitad de las familias prefiere continuar con la educación a distancia por temor a los contagios.

Por las urgencias propias de la pandemia y porque las proyecciones hoy son más bien predicciones, poco se discute sobre el futuro de la educación privada. ¿Qué pasará con las escuelas que deban cerrar porque no pueden continuar adelante con una recaudación que ya cayó por encima del 70 por ciento? Principalmente, ¿qué pasará con los alumnos que migren de la gestión privada a la pública, ya sea porque sus escuelas cerraron o porque, crisis mediante, sus padres no pueden afrontar el pago? En concreto, ¿dará abasto la escuela pública para absorber esa matrícula?

Un fenómeno similar sucedió post crisis del 2001, cuando se revirtió la tendencia de crecimiento de la matrícula privada y las familias volvieron a la escuela estatal. Ahora, sin embargo, se proyecta un salto mayor, pero la incertidumbre es tal que es apresurado aventurar una cifra. Ante la emergencia, en un encuentro organizado por TRAMARed y Pansophia Project, Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento y economía de la educación, planteó tres escenarios posibles:

-No hacer nada: los gobiernos optan por no interferir en la crisis que atraviesan los colegios privados. La inacción genera cierres en las escuelas más afectadas y supervivencia en las menos golpeadas. ¿El correlato? Una migración fuerte de matrícula hacia las escuelas públicas, que en algunos casos puede llevar a aulas saturadas y a una disputa por las vacantes.

-Aumentar los subsidios: otra opción es que los gobiernos provinciales “rescaten” a las escuelas privadas que se encaminan al cierre definitivo. En concreto, un subsidio extraordinario que se sume al que ya recibe la mayoría de los colegios para pagar todo o al menos una parte de los sueldos de los docentes. La discusión que surgiría, llegado el caso, es por qué aumentar la ayuda al sector privado en vez de priorizar el estatal, aún más necesitado de inversión.

-Un sistema de vouchers: un esquema más imaginario que posible. Los gobiernos, en vez de apoyar a las escuelas, subsidian a las familias para que sostengan a sus hijos en la escuela privada y no saturen la pública. “Es como si le dieran subsidios a veraneantes habituales de Pinamar para que frente a la crisis sigan yendo allí y no desborden otros destinos como, por ejemplo, Mar del Plata. Desde un punto de vista de la equidad no resistiría ningún análisis”, grafica el especialista.

En este contexto singular, ¿cuál es el escenario que se acercaría al ideal? Ante la consulta de Infobae, Morduchowicz expresó: “No sé si podemos decir que hay una que sea más acertada que la otra. Porque la posición que adopte cada gobierno en la cuestión de la educación privada tiene que ver con los valores que tengamos. En particular, respecto a la equidad y la cohesión social”.

No hay una solución mágica que contente a todos los actores y suene razonable. Según el especialista, la cesión de créditos blandos sería una salida menos conflictiva a la crisis, aunque, aún con esa flexibilidad, es posible que varios establecimientos deban cerrar. De otro modo, un aumento en los subsidios implicaría más bien una contradicción. “Hay escuelas estatales que no podrán abrir por no tener agua o instalaciones en condiciones. Entonces, en términos de prioridades y de recursos escasos, primero pondría mi casa en orden”, consideró.

Si bien por ahora no aparece en el tope de urgencias, se impone un diagnóstico anticipado: el análisis de la red escolar, el tanteo de la capacidad de cada institución y la detección de escuelas cercanas que perderían alumnos, ya sea por la economía de las mismas escuelas o la de las familias.

“Las prioridades deberían ser las poblaciones más vulnerables, los alumnos que más se han perjudicado en estos meses, que estuvieron menos expuestos al aprendizaje. Esto ya no es una cuestión de privadas o estatales, sino que alcanza también a quienes asisten a las escuelas que no podrán abrir”, remarcó Morduchowicz.

Primeras respuestas oficiales

En todo el país, las cámaras del sector reportan demoras y trabas para acceder al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que impulsa el gobierno nacional. La provincia de Buenos Aires, por la extensión de su territorio, reúne al 45% de la matrícula privada nacional en sus 6 mil establecimientos. La situación, sobre todo en los colegios de cuotas más bajas que trabajan con población vulnerable, es crítica

El primero de julio, el gobierno de Axel Kicillof anunció una ayuda de 340 millones de pesos para los 4 mil colegios privados que reciben subsidio estatal. Se trató de un préstamo que las instituciones deben retribuir a partir de septiembre, en un plazo de tres meses.

A su vez, el jueves que viene se dará media sanción en el Senado bonaerense a un proyecto de ley que la oposición bautizó como “salvataje a la educación privada”, que también incluye a los jardines maternales. La propuesta de Juntos por el Cambio contempla un subsidio extraordinario para pagar salarios y la condonación de las deudas por los intereses generados a partir de la postergación de los aportes previsionales. Según los primeros cálculos, el proyecto demandaría unos 250 millones de pesos por mes, aunque el oficialismo, por disponer de mayoría, está en condiciones de trabarlo en Diputados.

La Ciudad de Buenos Aires afronta, sin dudas, el desafío más complejo. Más de la mitad de sus alumnos asiste a escuelas privadas y, si bien por ahora no recibieron pedidos de cambio de gestión, es muy posible que el año que viene se produzca un salto importante.

En el gobierno porteño plantean que el tema “está en análisis”. Conformaron una mesa especial en el ministerio de Educación que evalúa una ayuda financiera al sector privado, en especial a los jardines que, sin ningún tipo de subsidio estatal, son los que más están sufriendo el impacto de la cuarentena.

Córdoba es otro distrito que podría tener complicaciones. Un tercio de su matrícula, unos 300 mil alumnos, concurre a escuelas privadas. En el ministerio provincial todavía no pueden precisar si ocurrirá una migración. “Por la pandemia no pudimos cerrar ni siquiera los números de matrícula de este año. No tenemos datos actuales para poder trazar una proyección. Como Estado tenemos que actuar sobre algo concreto. Si se produce la migración, deberemos buscar la forma de garantizar la educación de todos”, explican.

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