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El Gobierno avanza con la privatización de Transener

El Ministerio de Economía definió los lineamientos del llamado a licitación para privatizar su parte de la empresa energética

El Gobierno busca deshacerse de las acciones de Transener en manos del Estado.

El Gobierno argentino anunció la convocatoria a un concurso público nacional e internacional para la privatización de Transener, la principal transportadora de electricidad del país de la cual el Estado es socia junto a Pampa Energía.

El proceso se realizará mediante la venta de las acciones que la empresa estatal Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) posee en Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), sociedad controlante de la principal operadora de redes de alta tensión eléctrica del país, y constituye la primera fase de la transformación estructural de Enarsa.

La decisión, basada en el artículo 7° de la ley 27.742 y los capítulos II y III de la ley 23.696, declara a la compañía pública “sujeta a privatización”. El procedimiento contempla la venta progresiva de las acciones para garantizar la continuidad de los servicios y las obras a cargo de la empresa. La licitación se desarrollará por etapas, bajo principios de transparencia y apertura nacional e internacional acorde a la legislación vigente.

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El Estado detenta el 26,32% de Transener de manera indirecta, a través de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), que a su vez es dueña del 50% de Citelec, la sociedad controlante de la transportista, junto con Pampa Energía, la empresa fundada por Marcelo Mindlin. El resto de la participación accionaria se reparte entre la Anses (19,57%) y el capital que cotiza en la Bolsa porteña (27,79%). Además, Citelec ejerce control indirecto sobre Transener Internacional —operadora en Brasil— y sobre TRANSBA, responsable del transporte troncal de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires.

La privatización de Transener implicará el ingreso de dólares frescos para el Ministerio de Economía.

Transener, responsable de la operación de la red nacional, administra cerca de 12.400 kilómetros de líneas de transmisión, a los que se suman 6.228 kilómetros correspondientes a la red gestionada por su empresa controlada.

La venta del paquete accionario en manos de la administración nacional implicará el ingreso de divisas a las arcas del Tesoro. Recientemente, el Gobierno obtuvo más de USD 700 millones por la privatización de las cuatro represas hidroeléctricas más importantes del Comahue, situadas sobre los ríos Limay y Neuquén. Esta operación permitió incrementar las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la antesala de vencimientos por más de USD 4.200 millones en enero de 2026.

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Los detalles de la licitación

La privatización de la concesionaria del sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión el país se realizará completamente de manera digital a través de la plataforma CONTRAT.AR, lo que facilitará el acceso y la gestión documental para los interesados. El Pliego Único de Bases y Condiciones, junto a sus anexos, puede descargarse desde el portal oficial. La convocatoria será publicada durante siete días consecutivos en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía, con un anuncio adicional de tres días en DGMARKET, el portal del Banco Mundial, respetando un plazo mínimo de 45 días corridos antes de la presentación de ofertas.

Las consultas al pliego están habilitadas hasta el 13 de marzo de 2026 mientras que las ofertas deberán presentarse mediante formulario electrónico hasta el 23 de marzo de 2026 a las 9:30, y el acto de apertura se realizará ese mismo día a las 10:00, de manera exclusivamente digital. El valor base para la venta de las acciones fue determinado según la tasación efectuada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), tal como consta en la documentación oficial.

Diversos organismos intervienen en el proceso: la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, la Sindicatura General de la Nación y una Comisión Evaluadora “ad hoc” integrada por especialistas titulares y suplentes. Cada uno actúa en el marco de sus competencias técnicas, legales y de control, asegurando el ajuste normativo durante todas las etapas de la selección.

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