“En Santa Fe apelaremos más a mecanismos activos de control para asegurarnos de que los activos del blanqueo no tengan nada que ver con el delito”, dijo en diálogo con Infobae el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, quien de todos modos aseguró que la provincia no pondrá palos en la rueda a la aplicación del régimen que impulsó el gobierno nacional y que fue sancionado en el Congreso. En definitiva, el funcionario explicó que se tomarán los recaudos necesarios en una provincia que desde hace años es atravesada por el flagelo del narcotráfico y la inseguridad.
Además, Olivares se refirió al contexto económico y al impacto de la recesión en su provincia, en la que a la hora de gestionar se tuvo en cuenta el lema de “no hay plata” que impuso la gestión de Javier Milei. “Un ejemplo de esto es que terminamos el primer semestre con superávit fiscal, con inversión en patrulleros y obra pública prioritaria”, aseguró el ministro del gobernador Maximiliano Pullaro.
Santa Fe, al igual que otras provincias, reclama el traspaso de obras públicas que fueron frenadas por la gestión Milei y también por las deudas que mantiene Nación por las cajas jubilatorias provinciales. Esos temas fueron abordados el jueves en una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo. “Esperamos resolverlo pronto”, dijo Olivares.
— ¿Cómo impacta la profundización de la recesión en Santa Fe?
— Desde la provincia nos adaptamos desde el inicio de la gestión al contexto económico y a la política que anticipó el gobierno nacional. Hoy vemos un repunte importante del agro después de lo que fue la sequía del año pasado pero un proceso recesivo en la industria, el comercio y la construcción. Algunas actividades tocaron fondo, otras están en caída y hay un proceso de desaceleración inflacionaria que, pareciera, va a continuar. En esa coyuntura vemos la necesidad de ejecutar la economía provincial a sabiendas de las reglas de juego que puso el gobierno nacional con el “no hay plata”.
— ¿Cree que el blanqueo anunciado puede ayudar a dinamizar la actividad? ¿Qué riesgos existen en un contexto de crecimiento del crimen organizado que vive la provincia?
— El blanqueo es para que ingresen aquellos que no han cumplido con sus obligaciones tributarias y no para aquellos que tengan que ver con lavado de activos. Eso quedó claro en la discusión que se dio en el Congreso, algo que nosotros respetamos y por eso vamos a adherir al régimen de exteriorización. En Santa Fe apelaremos más a mecanismos activos de control para asegurarnos de que esos fondos no tienen nada que ver con el delito, por la particularidad que atraviesa la provincia. Hay muchos sectores empresarios que reclamaron por esta solución que ahora tiene que dar una respuesta. No creemos que los que ingresan al blanqueo son héroes, solo vamos a hacer lo que es correcto.
— ¿Se refiere a que existe el riesgo de que se blanquee dinero u otro tipo de activos ligados al narcotráfico? ¿Qué tipo de controles puede hacer la provincia en ese sentido?
— Sí, nos referimos a eso y a otros delitos también. No va a ser una simple adhesión al régimen de exteriorización mediante una declaración jurada. Nosotros tenemos una Dirección del Ministerio de Seguridad que hace investigaciones patrimoniales, por ejemplo. Con lo cual, mínimamente vamos a hacer un chequeo con esta dependencia que al mismo tiempo tiene vínculo informativo con otras agencias del Estado provincial y nacional para hacer un chequeo al mismo tiempo con lo que hace por su lado la Unidad de Información Financiera (UIF) o cada banco.
— ¿Puede ayudar la puesta en marcha del RIGI a acelerar la recuperación?
— Hay pocos de los sectores incluidos en el régimen que pueden desarrollarse en Santa Fe, porque lo vemos más orientado a minería y energía, aunque hay expectativa de que llegue alguna gran inversión. Es más de largo plazo. Entonces nosotros estamos enfocándonos tanto en atraer grandes inversiones, lo que se pueda en la provincia, pero al mismo tiempo en tener una buena oferta de bienes y servicios generados en para proveerlos en aquellos lugares donde se erradiquen grandes proyectos.
— ¿Cómo impactó el ajuste fiscal del gobierno nacional en las cuentas provinciales?
— Lo primero a tener en cuenta es que tenemos un compromiso desde esta gestión con el gobierno nacional sobre dar previsibilidad en donde no predomine una contienda sino un diálogo. Un ejemplo de esto es que terminamos el primer semestre con superávit fiscal, a pesar de que cuando a uno le toca gobernar tiene que administrar tensiones y pedidos de todos los sectores. En muchos casos Nación dijo que no va a reactivar la obra pública, por lo que firmamos un convenio para quedarnos con obras en ejecución. Tenemos un reclamo por deudas que para Santa Fe que son más estructurales, hablamos de montos que superan los $700.000 millones en el caso del sistema previsional, que es cierto viene desde hace casi cuatro años ya, y otros compromisos como el alojamiento de internos federales en cárceles provinciales. El jueves pasado nos reunimos con el ministro Luis Caputo y esperamos resolverlo pronto.
— La quita de subsidios al transporte de las provincias que aplicó el gobierno implicó que el boleto de colectivos vaya cerca o por encima de los 1.000 pesos. También hubo una fuerte quita de las subvenciones en luz y gas.
— En el caso de los colectivos, hubo un fuerte incremento porque la Nación eliminó el Fondo Compensador del Interior (FCI) por el que se entregaban $1.500 millones mensuales a las empresas para sostener la tarifa. Nosotros mantuvimos los $1.500 millones que otorga la provincia pero el boleto subió en la proporción de lo que dejó de enviar el gobierno nacional. Hoy es de $940 en Santa Fe capital y también en Rosario. Tenemos además el boleto educativo gratuito para alumnos, maestros y trabajadores escolares, que se financia con recursos propios. En el caso de las tarifas de luz y de gas el impacto se sintió, pero fue menor que en el AMBA porque en el interior no hay subvenciones en esa magnitud.
— ¿La escasez de recursos obligó a Santa Fe a buscar crédito fuera del país?
— La Argentina tiene un límite de deuda a nivel país, porque es alta, y el gobierno nacional lo maneja con prudencia. Gran parte de la inversión en el territorio del país la podemos hacer las provincias. Santa Fe tiene un muy buen perfil, con USD 400 millones a pagar de aquí hasta 2050, es decir, muy poco a nivel presupuestario. En los últimos años la provincia se vio obligada a salir a buscar financiamiento, lo que nos permite trabajar con el fondo de la OPEP, de Kuwait, Abu Dhabi, el Fondo Saudí, la Agencia Francesa para el Desarrollo, el Banco Mundial, el BID y la CAF, entre otros. Queremos que Nación nos habilite porque el financiamiento no se va a utilizar para consumo, sino para infraestructura para que el país exporte más rápido y más ágil; para dar más competitividad sistémica.
— ¿Cómo está el clima social en Santa Fe?
— El clima social está mostrando una mejor situación que a fines del año pasado, con más calma desde el punto de vista de la seguridad. En lo económico, vemos las mismas tensiones que en el resto del país, con trabajadores que perdieron ingreso disponible y una afectación al consumo, lo que hizo descender más la actividad económica. Creemos que se tocó piso entre junio y julio, los ingresos personales están en línea o un poco por encima de la inflación. Lo que predomina es la heterogeneidad, donde hay sectores que están un poco mejor y otros peor. Una de las prioridades de esta gestión es que no haya ningún santafesino privado de sus necesidades alimentarias, por lo que tomamos esa cuestión como una prioridad y garantizamos recursos con ese fin.