Qué precios están atrasados y cuánto deberían aumentar según el Banco Central

“A pesar de los continuos ajustes de precios relativos, la inflación se ha desplomado”, consignó días atrás el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, en una presentación sobre la marcha del programa económico de Javier Milei en España, antes de conflicto diplomático actual, en el marco de la CXVI Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).

La liberación a partir del 10 de diciembre de algunos rubros que el Gobierno de Alberto Fernández había pisado, en un intento por mantener a raya el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, tuvieron un fuerte impacto en el bolsillo de los argentinos. Tanto que ahora el ministro de Economía, Luis Caputo, apoyado en el superávit fiscal, frenó algunos aumentos y recalcula el ritmo del “sinceramiento”, a pesar de que eso implique postergar la reducción de subsidios.

De un gráfico contenido en la presentación de Werning se desprende una lista de precios de bienes y servicios su evolución desde que asumió Milei y el nivel en que se encuentran respecto al promedio del primer semestre de 2019, cuando no había tope en los incrementos. Los que se encuentran por debajo de aquel momento son los rubros que aún tienen terreno por recuperar, en definitiva, la inflación reprimida en la economía local.

Allí se destacó por ejemplo la corrección en el precio en los servicios públicos de luz y de gas natural, a las que en noviembre de 2023 les faltaban unos 60 puntos porcentuales para volver a los niveles de 2019 y esa brecha cayó a los 40 puntos en abril pasado. Caputo definió que en mayo no se aplicarán los aumentos que estaban previstos, por lo que se observará un retroceso si es que finalmente se decide extender el congelamiento durante todo el invierno.

El caso del transporte público a nivel nacional se mantiene 20% por debajo del nivel previo al topeo de las subas durante la gestión de Alberto Fernández. La administración de Milei cortó los subsidios nacionales al interior, lo que se reflejó en una suba de los pasajes, mientras que mantiene frenadas las tarifas del AMBA a costa de mayores transferencias.

Los combustibles, por su parte, se mantienen muy cerca de recuperar el retraso en términos reales de los últimos años. Desde diciembre del año pasado en adelante se liberaron los precios en los surtidores. Sí hubo una postergación en la aplicación de los incrementos en los impuestos a los combustibles líquidos (ICL), las cuales todavía se mantienen en análisis para lo que viene. Comunicaciones todavía tiene terreno por recorrer, según la autoridad monetaria.

Por el lado de los ingresos, el BCRA reconoce que la AUH está 20% por debajo de 2019. Más atrás se encuentran las jubilaciones, los salarios públicos y los salarios privados. Las expensas y los alquileres recuperaron, pero tienen un largo camino por delante para volver a la previa de lo que fueron las últimas leyes que regularon las condiciones de los contratos.

En cuanto a los que tuvieron una importante recuperación, la autoridad monetaria destacó la recuperación de los planes de medicina prepaga. Las empresas de este sector fueron obligadas por el Gobierno a retrotraer sus precios en línea con el IPC ante lo que consideraron como una “cartelización” de las firmas del sector.

Por encima de los niveles de 2019 se encuentran los electrodomésticos, los alimentos empaquetados, restaurantes y hoteles, medicamentos, la ropa y los vehículos, entre otros.

En este sentido, la consultora Econviews, del ex ministro de Finanzas Miguel Kiguel, resaltó en su último informe: “A nivel nacional, transporte y salud ya corrigieron la mayor parte del atraso acumulado en los últimos 4 años. Telecomunicaciones respondió a la liberación de precios con un salto del 14,2% en abril, pero todavía le queda un trecho importante. Estamos hablando de que hoy le faltarían unos 30 puntos porcentuales como para alcanzar los niveles de 2019. En abril se sintió el ajuste de tarifas, que tuvo una suba general de 30 por ciento. Aún está lejos de corregir el atraso de los últimos cuatro años”.

El Gobierno oficializó este lunes la decisión de no aplicar en mayo los aumentos previstos en luz y en gas con el objetivo de “consolidar el proceso de desinflación”. Se estudia extender la normativa durante todo el invierno. En abril la inflación fue del 8,8% y volvió a un dígito mensual después de seis meses, aunque el rubro servicios públicos saltó 35,6% y la categoría regulados 18,4%, por cuarto mes consecutivo en dos cifras.

El head of research de Romano Group, Salvador Vitelli, detalló que el total de los rubros que se consideran regulados (alquiler, tabaco, luz, gas, transporte, entre otros) en diciembre de 2023 se encontraban 37% por debajo de diciembre de 2019 en términos reales. El atraso en esos precios se estimó que se atenuó hasta abril a 18%, después del último ajuste.

“La idea parece ser que la inflación baje a cualquier costo, pero esto no es gratuito. Por un lado, postergar los aumentos implica que no se reduzcan los subsidios y eso pega por el lado fiscal. En tal caso, si el Tesoro está holgado podría bajar impuestos o reactivar la obra pública. Además, cuando estos aumentos de tarifas se concreten el impacto en precios va a estar, es decir que tarde o temprano es un costo que se tiene que pagar”, advirtió Econviews.

En tanto, la consultora Invecq remarcó que los salarios registrados empeoraron en abril su rezago respecto a noviembre de 2023 mientras que los dólares oficial y el blue también se mantienen atrasados. Eso quedó consignado en la presentación que mostró Werning en España.

“Hacia adelante, el Gobierno proyecta una inflación de 139,7% interanual a diciembre de 2024. Hasta ahora, la inflación interanual se presentó al alza mes a mes, pero se espera que a partir del dato de mayo la desaceleración del dato mensual impacte en un descenso de la medición interanual. Igualmente, la interrupción en el ajuste de precios relativos como vehículo para mantener el sendero descendente de inflación puede volverse en contra y significarle al Gobierno un costo en términos fiscales y de confianza en la consistencia de la desinflación”, concluyó Invecq.