Según los datos de la Secretaría de Finanzas, la deuda de la Administración Central se elevó en los primeros 3 años de presidencia de Alberto Fernández en el equivalente de USD 83.268 millones, ascendió a USD 396.539 millones, sin incluir la asumida por el Banco Central, con la emisión de títulos de regulación monetaria.
Claramente, la persistencia de un abultado déficit de las finanzas públicas, primario y más aún en el financiero que incluye los pagos de intereses capitalizados y no pagados, junto a la constante depreciación del peso y el atraso cambiario, explica la persistencia de un sendero ascendente de la deuda pública, y nada anticipa que vaya a revertirse en corto plazo.
Justamente, ese escenario, y la obstinación por no definir una hoja de ruta tendiente a comenzar a revertir la larga lista de desequilibrios macroeconómicos, llevaron a que se acentuara en el trienio la dependencia del financiamiento de los compromisos del Tesoro del mercado doméstico, principalmente de instituciones del Estado, como la Anses, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el Banco Nación Argentina, saldos de caja de las empresas públicas -pese a los recurrentes y generalizados balances anuales en rojo; y también de inversores institucionales, como las compañías de seguro y Fondos Comunes de Inversión que deben mantener un proporción de sus activos en títulos públicos.
Adicionalmente, se agregó el clásico sesgo de los gobiernos populistas para concentrar la deuda del Estado en moneda nacional, bajo el argumento de que esa forma se garantiza la soberanía en la administración de los compromisos financieros, postergando a segundo lugar el costo-beneficio de la diversificación de monedas, tasas de interés y plazos, que muchas veces resultan más ventajosos, en particular cuando se accede a las líneas de crédito de los organismos internacionales como el FMI; BID, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, entre muchos otros.
Con esas premisas, en los primeros 3 años de Gobierno del Frente de Todos, la deuda del sector público en moneda nacional se elevó de 20,4% del total a 33,3%, y, consecuentemente, la tomada en moneda extranjera redujo su representatividad de 79,6% a 66,7 por ciento.
Ese giro en la política financiera de la Administración Central no generó resultados favorables para las Finanzas del Estado, porque, en paralelo al optar al dólar como fallida ancla de la inflación, la deuda ajustable por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), que replica en términos diarios la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec, al convertirse a dólares -para la presentación homogénea de la deuda- derivó en mayor endeudamiento equivalente en moneda extranjera. De ese modo, el buscado “efecto licuación” no se cumplió.
Y fue justamente esa una de las causas por la cual el total de compromisos asumidos con cláusula CER aumentó su participación sobre el total de 7,66% a 17,24%, constituyéndose en el principal impulsor de la deuda, al agregar USD 44.143 millones.
En menor medida se elevaron los compromisos en pesos no ajustable, unos USD 23.629 millones, a 16,1% del total -3,3 puntos porcentuales más que la proporción heredada del gobierno de Cambiemos.
La pérdida de participación de la deuda en moneda extranjera se repartió casi equitativamente entre la contraída en dólares, 5,2 puntos porcentuales, a 53,26% del total; y en euros 4,95 pp, a 1,65% del agregado. Le siguió la asumido en DEG (Préstamo de Facilidades Extendidas del FMI) en 2,5 pp, a 11,6% del total, y el resto a los compromisos asumidos en yenes y otras monedas, 0,23 pp, a 0,2% del total.
Cambio en la estructura de tasas
El notable cambio en la estructura de la deuda pública por tipo de moneda y factor de ajuste no fue el único factor distintivo de los primeros tres años de gobierno de Alberto Fernández, también lo fue la composición por tipo de interés: bajó 6,38 puntos porcentuales la asumida a tasa fija, a 44,6% del total; y también a tasa variable, en ese caso en 2,93 pp, a 35,47% del agregado. En contrapartida, aumentó en 9,93 pp la participación de los préstamos con tasa cero, a 19,93% del total.
Al parecer, esos movimientos, en apenas un trienio, se explican por la creciente participación de los tomadores de deuda institucionales y en particular entes públicos, que consideraron que aumentar sus portafolios con bonos en pesos ajustables por inflación, en un escenario de constante atraso cambiario -22,7% en el trienio, desagregado en 17,2 pp en el segundo año y 6,8 pp en el tercero-les garantizaba una ganancia contable en moneda dura varias veces superior a la que podían obtener con otras colocaciones.
Sin embargo, se trata de un mero ejercicio al tipo de cambio oficial para justificar la operación, porque a los tipos de cambios alternativos el resultado se torna real negativo.
El ingreso en el año electoral con muy bajos índices de confianza, persistencia de alto riesgo país y ausencia de un plan económico capaz de modificar las expectativas de los agentes económicos, en particular de los inversores internacionales, hace prever se mantendrá la tendencia a la creciente participación en el total de la deuda en pesos, equivalente en dólares, así como de la emisión de bonos nacionales con cláusulas de ajuste, por inflación y por tipo de cambio mayorista que fija el Banco Central.
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