Por segundo mes consecutivo, en noviembre volvió a desacelerarse el ritmo de crecimiento de la deuda bruta de la Administración Central, apenas USD 223 millones, en contraste con USD 960 millones en octubre y USD 2.768 millones en septiembre.
Los datos actualizados de la Secretaría de Finanzas dieron cuenta de notables cambios en la estructura del endeudamiento del Estado, que ascendió a USD 333.368 millones.
Por un lado, se observó que el total de compromisos a corto plazo, con vencimientos a menos de un año, disminuyeron en el equivalente a USD 1.755 millones, principalmente a través de cancelaciones de Letras de la Tesorería en pesos; mientras que los contraídos a largo término se incrementaron en USD 1.956 millones, fundamentalmente por la vía de las emisiones de títulos públicos en pesos ajustables por inflación, y en moneda extranjera, en proporciones similares; en tanto que la deuda con pago diferido y pendiente de reestructuración subió USD 22 millones.
Esos movimientos estuvieron alineados con los lineamientos que desde el primer día en la gestión se propuso el ministro de Economía, Martín Guzmán, de estirar los plazos de pagos, de modo de darle margen a la economía para reactivarse y recuperar la capacidad de honrar las obligaciones financieras.
Por otro lado, también de la estadística oficial a la que tuvo acceso Infobae surgió que en noviembre, a contramano de lo observado en los meses previos, se redujo la deuda en moneda nacional en el equivalente a USD 1.387 millones, y se elevó en USD 1.588 millones el total asumido en moneda extranjera, de modo de satisfacer el apetito de los inversores que quisieron desarmar posiciones en pesos y evitar que se repitieran las presiones alcistas en el mercado de cambio que tuvieron lugar en las primeras semanas de octubre.
Otro hecho destacado del mes fue que el ministro de Economía honró el compromiso asumido desde mediados de septiembre de comenzar a disminuir la dependencia de la asistencia del Banco Central como prestamista de última instancia de la Tesorería para cubrir el abultado déficit fiscal. Los adelantos transitorios de corto plazo disminuyeron en el equivalente a USD 302 millones, a USD 7.979 millones; y los extraordinarios, a largo plazo se redujeron en USD 285 millones a USD 7.525 millones.
Resultado neto en los últimos 12 meses
Con esos movimientos, al cierre de noviembre la deuda pública ascendió a USD 333.368 millones, aumentó en USD 20.070 millones en comparación con el nivel previo al cambio de gobierno, principalmente por la persistencia de un abultado déficit fiscal y el virtual cierre de los mercados internacionales de deuda, primero por la gestión de la reestructuración de plazos con canje por nuevos bonos y después por la incertidumbre que genera la falta de un plan económico integral y adaptado al escenario generado por la crisis sanitaria.
En ese período, el monto total de las necesidades de financiamiento de la Administración Central por canjes y colocaciones de bonos destinadas a cubrir el déficit fiscal del período no cubierto con emisión del Banco Central ascendió al equivalente de USD 198.957 millones; en tanto las amortizaciones, canjes y cancelaciones sumaron USD 171.916 millones. De ahí resultó un aumento neto primario de USD 27.041 millones, alineado con el rojo acumulado de las finanzas públicas.
Sin embargo, la irrupción de la pandemia del covid-19 generó singulares movimientos en el valor de las divisas, cuyo resultado neto fue positivo para la Argentina, porque posibilitó “licuar” una parte de la deuda pública, por efecto de las “diferencias de cambio” las cuales restaron en el período el equivalente a USD 8.321 millones; y otros USD 478 millones por la variación de los compromisos ajustables por inflación a una tasa menor que la que registró la cotización del dólar en la plaza mayorista, para el comercio exterior y las operaciones financieras sin cupo por parte de las empresas y entidades.
Esas variaciones negativas, sumados a los efectos de la capitalización de bonos del canje, préstamos garantizados, pagaré Banco Nación y otras operaciones menores, como la parte de deuda que no ingresó al acuerdo que ofreció el ministro Martín Guzmán, determinaron un “ahorro” neto de USD 7.045 millones, y atenuó la suba final de los compromisos de la Administración Central a los citados USD 20.070 millones.
Movimientos compensatorios
Sin embargo, algunos economistas advierten que la magnitud del crecimiento de la deuda del sector público fue sustancialmente menor en términos netos intra sector público, porque desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández se acumularon compromisos de corto y largo plazo con el Banco Central, los cuales son contabilizados en la hoja de balance de la entidad como crecimiento del activo. Se trata de un total de USD 11.302 millones, producto de financiamiento por USD 19.421 millones y cancelaciones por USD 8.119 millones.
De ahí que si al monto bruto de USD 20.070 millones de incremento global se le restan esos USD 8.119 millones de nueva deuda que la Tesorería asumió con el BCRA, el crecimiento neto de las obligaciones financieras del Estado se limitó a USD 8.768 millones.
Sin embargo, otros economistas argumentan que ese ejercicio es de carácter cortoplacista, porque en condiciones en que el Gobierno, presente o futuro, honre el compromiso de cancelar esa deuda, lo más probable es que lo tenga que hacer con colocación de bonos entre el sector privado, de modo de no tener que someter al conjunto de la sociedad a un severo ajuste fiscal que permita alcanzar la magnitud de superávit de las finanzas públicas necesario para contar con recursos genuinos para poder pagar.
Seguí leyendo: