El Gobierno observa con atención el rumbo de la inflación, mientras mantiene su decisión de recortar el déficit fiscal en 2021

Cuando en un conflicto armado se declara una tregua, ambas partes deben sentarse a repensar su estrategia para tratar de encontrar una solución negociada, parcial o definitiva. La tregua sirve para ganar tiempo, no es un objetivo en si mismo.

El concepto vale para describir, según analistas y empresarios, lo que ocurre entre el Gobierno y el dólar; o, mejor dicho, entre el Gobierno y la inflación. Hay una calma temporal en el dólar, aunque la pérdida de reservas del Banco Central no se detiene y los agentes económicos siguen pensando que podría haber una corrección cambiaria.

El equipo económico encaró una estrategia de consolidación fiscal de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunciando un aumento gradual de las tarifas de los servicios públicos desde enero, suba de las cuotas de la medicina prepaga y el desarme gradual del programa de Precios Máximos. Pero esta semana el presidente Alberto Fernández dijo que hasta marzo las tarifas no se discutirán y que la medicina prepaga “no subirá” (aunque la superintendencia de Salud ya envió una segunda carta con un incremento del 10% para diciembre, ya que la primera mencionaba un 15% para ese mes y 10% en febrero que fue revocado); tampoco la salida de Precios Máximos parece ser fácil, en un contexto de fuerte suba de los alimentos.

Según el estudio LCG “en la tercera semana de noviembre la suba de precios de los alimentos promedió 0,9%, acelerándose 0,25 por ciento respecto a la semana anterior”.

“El índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual promedio de 3,4% en las últimas 4 semanas. La suba acumulada punta a punta (3ra semana de noviembre contra 3ra semana de octubre) es de 2,3%. Estos niveles de precios dejan un arrastre para lo que queda del mes de noviembre de 2,8 por ciento”, indicó la consultora que dirige Guido Lorenzo.

“Están asustados; no se esperaban el 3,8% de suba de los precios de octubre”, dijo sobre esta cuestión un analista de buen diálogo tanto con el Palacio de Hacienda como el Banco Central, que prevé que noviembre y diciembre podrían rondar un nivel similar. De todos modos, es difícil para los consultores interpretar la suba de precios, por la gran cantidad de valores que hay en el IPC: regulados, libres, dolarizados; casi tantos como los tipos de cambio que conviven en el mercado en la actualidad, según la medición de Eco Go que dirige Marina Dal Poggetto.

Este año está casi “jugado” tanto para el Gobierno como para los analistas, que prevén que la inflación rondará el 37 por ciento, frente al 32% estimado en el presupuesto. Y las estimaciones privadas para el año próximo rondan el 50 por ciento anual.

Sin embargo, en el Gobierno aseguran que Guzmán está dispuesto a avanzar con “lápiz rojo” (un concepto que el candidato presidencial Eduardo Angeloz utilizó sin éxito en la campaña electoral de 1989 para prometer un ajuste fiscal en medio de la brutal crisis económica del final del gobierno de Raúl Alfonsín). Esto implica cortar los subsidios más temprano que tarde, aunque protegiendo a los sectores de menores ingresos con una tarifa social.

El problema más grave, admiten en la Casa de Gobierno, es el de los subsidios al transporte, porque si tuviera que aplicarse la tarifa que piden los empresarios del sector, el boleto se iría, al menos, a 100 pesos.

El mismo dilema se presenta en casi todos los precios regulados: si no se liberan -al menos parcialmente- hay peligro de que dejen de funcionar correctamente (nadie en el Gobierno quiere ver que se repita la imagen de cortes de luz en el verano), pero si aumentan, todo se trasladará directo al índice de precios al consumidor. De hecho, las fuentes oficiales no descartan que la inflación de este mes ronde de nuevo el 4% y que en diciembre se estire hasta el 5 por ciento.

Como contrapartida, en el Gobierno están conformes con la actitud que demostró la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estuvo hasta ayer en Buenos Aires. Afirman que los delegados mostraron flexibilidad para avanzar en la negociación, aunque reconocen que la hoja de ruta del ajuste deberá ser clara.

El Fondo, reconocen, no firmará un cheque en blanco, básicamente porque quiere saber cómo cobrará los USD 45.000 millones que le prestó al país desde 2018.

En este sentido, la decisión de licuar el aumento de las jubilaciones es un paso importante y la otra fuente de ingresos extraordinaria sería el nuevo impuesto a la riqueza, cuya base imponible será mayor que la prevista inicialmente por la AFIP.

Y si bien las entidades empresariales salieron a protestar airadamente y los abogados preparan posibles demandas, en voz baja algunos ejecutivos afirman que no será fácil evitar el aporte y judicializar el tema si eso implica inspecciones fiscales permanentes y sin la garantía de que el Poder Judicial vaya a apoyar el reclamo de confiscatoriedad e inconstitucionalidad.

En este y otros temas, los empresarios han comenzado a hacer escuchar su voz en forma institucional, pero tratan de mantener el equilibrio entre sus reclamos sectoriales y el temor por lo que juzgan como un delicado panorama político.

Quisieran que el Presidente brindara señales definitivas de que tiene una agenda para abordar los problemas de fondo de la economía sin la interferencia del kirchnerismo más duro. Pero no están seguros de que, en ese caso, la actual tregua no termine de golpe, ya no por los disparos del adversario, sino por el “fuego amigo”.

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