Más allá de la ventanilla de USD 200 mensuales para los pequeños ahorristas, que permaneció abierta, el Central impuso un virtual “feriado cambiario” desde 29 de mayo. A partir de la nueva reglamentación de acceso a divisas oficiales, se trabó totalmente la operatoria y ninguna empresa pudo acceder al mercado de cambiarios en los últimos seis días hábiles. El Banco Central aprovechó para recomponer parcialmente las reservas perdidas. Desde aquel día hasta el último viernes habría recomprado alrededor de USD 550 millones.
Las restricciones de los últimos días hicieron acordar las épocas de Guillermo Moreno en la secretaría de Comercio Interior y las tristemente célebres DJAI, las declaraciones juradas de importación. Aquel esquema montado para el cepo cambiario en el 2012 resultó ser tan arbitrario como corrupto. Las nuevas disposiciones adoptadas por el BCRA corren el mismo riesgo. Se pusieron tantas condiciones que cualquier pedido de importación requerirá de un “permiso previo” por parte de la entidad que preside Miguel Pesce.
La Comunicación "A" 7030 impuso un procedimiento kafkiano para que las empresas puedan acceder al mercado cambiario. El Central no prometió mejorarla, sino estandarizar un formulario para que los bancos entreguen a sus clientes que quieren acceder a dólares oficiales.
Luego de una reunión mantenida con directivos de la Unión Industrial Argentina el jueves, el BCRA se comprometió a elaborar un formulario estándar para que todas las entidades financieras entreguen a sus clientes. Será una declaración jurada que se deberá presentar para que luego el Central autorice o deniegue el acceso a las empresas al dólar al tipo de cambio oficial para importaciones o para pagar deudas.
En la última semana los bancos decidieron frenar todos pedidos de acceso al mercado cambiario por parte de sus clientes hasta no tener una mayor claridad de cómo deben aplicarse las nuevas restricciones del mercado cambiario.
Pero lo que más llamó la atención de los empresarios es una de las exigencias del BCRA para autorizar a las empresas a acceder al mercado oficial de cambios: deberán desarmar sus tenencias en moneda extranjera que mantienen fuera del mercado local. Es decir aquellas compañías que compraron “contado con liqui” deberán desarmarlo para ser autorizadas luego a importar.
“No les pedimos que entren por el mercado oficial, pueden traer los activos al precio del dólar financiero, o sea $120. No les hacemos perder plata, pero sí que desarmen esas posiciones si quieren comprar para importar”, explicó una alta fuente del Central.
Ya Alberto Fernández le había dicho a los empresarios con los que se reunió el miércoles en la Quinta de Olivos: “Pídanle a sus gerentes que si quieren importar primero traigan de vuelta los dólares que compraron”. Fue luego de un reclamo concreto que le hizo el titular de la UIA, Miguel Acevedo.
La presión para que las empresas desarmen sus posiciones de “contado con liquidación” para recuperar el acceso al mercado cambiario persigue un único objetivo que es reducir la brecha cambiaria. Con una distancia entre el dólar financiero y el oficial del 70%, se trata de un camino de ida. Los exportadores tratarán de postergar la liquidación de divisas mientras que los importadores correrán para acceder al dólar más barato, tal como sucedió en los últimos dos meses. Por lo tanto, la caída de reservas termina siendo incontrolable.
Las medidas extremas para el cepo no son un capricho ni una postura ideológica. Están relacionadas con la fuerte pérdida de reservas que viene sufriendo el Central y ya estaba llegando a niveles límite. Según cálculos del Gobierno y del sector privado, las reservas netas ya están por debajo de los USD 10.000 millones. Lo restante para llegar a USD 42.000 millones son encajes de los depósitos en dólares y el swap de monedas con China.
Con ventas por más de USD 1.000 millones al mes, la situación llegó a un punto límite. En medio de una emisión monetaria récord por la crisis de la cuarentena, que el Banco Central se quede casi sin reservas resultaría un suicidio y dejaría a la Argentina al borde de una nueva hiperinflación.
La promesa del Presidente es que estas restricciones tan extremas ya no serán necesarias una vez que se arregle la renegociación de la deuda. Dejar atrás de default permitiría, al menos en la expectativa oficial, recuperar la confianza de los inversores y que la Argentina deje atrás más rápido la dura crisis provocada por la cuarentena. Según las estimaciones de consultoras y bancos que consulta mensualmente el BCRA, la proyección es que la economía caiga un récord de 9,5% este año.
Esta semana Martín Guzmán presentará la nueva oferta por la deuda y habrá que prorrogar el cierre programado para el 12 de junio. Pero la mejora de la propuesta no superaría los USD 50, lo cual podría dejar afuera a muchos acreedores, con el peligro de futuros litigios.
Aunque se acercan los tiempos de pensar en la economía post-cuarentena, todavía hay pocas señales de lo que piensa hacer el Gobierno. Arreglar la deuda ya estaba en la agenda previo a la pandemia, pero habrá que concentrarse en la agenda futura. Apenas alguna señal sobre una eventual reforma tributaria, sin mayores precisiones.
Transformar a la Argentina en un país confiable y que pueda atraer inversiones será un esfuerzo enorme. Pero la cuarentena y la renegociación de la deuda ocuparon hasta ahora casi todo el tiempo de los primeros seis meses de gestión. Se acerca la hora de definir cómo quiere Alberto Fernández que sean sus próximos tres años y medio.
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