El fondo Aurelius reafirmó su demanda de USD 84 millones contra la Argentina en EEUU

El Gobierno argentino tiene plazo hasta el 3 de julio para resolver la demanda

La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York

El fondo Aurelius Capital Management, uno de los holdouts que firmó el acuerdo con el Gobierno en 2016 que permitió la salida del default, confirmó que seguirá adelante con una nueva demanda contra la Argentina. El lunes solicitó a la justicia de los Estados Unidos continuar con un reclamo por USD 84 millones, que fue iniciado en enero pasado.

Aurelius afirma que la Argentina no calculó correctamente los pagos que correspondían a los tenedores de bonos vinculados al PBI por una supuesta manipulación del INDEC durante 2013. Estos bonos establecen pagos adicionales basados en el desempeño de la economía y se emitieron en relación con reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010.

"Cuando el INDEC, cambió el año de los precios base, el PBI real para
2013 casi se duplicó en pesos medidos en precios constantes de 2004; y el crecimiento real del PBI para 2013 cayó aproximadamente a la mitad. Por supuesto, la economía de Argentina la actividad no se duplicó repentinamente, y su tasa de crecimiento anual no se redujo repentinamente a la mitad. Sin embargo, la vara de medición cambió", aseguró Aurelius en su presentación.

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El fondo asegura que se le adeudan USD 60 millones más intereses por un error de cálculo del PBI argentino realizado en 2013, cuando el cargo de ministro de Economía era ocupado por Áxel Kicillof. Y que ese cambio en la medición fue intencional para evitar los pagos adicionales.

La demanda se basa en la manipulación del INDEC durante 2013

Ahora, el Gobierno argentino tiene plazo hasta el 3 de julio para responder a la demanda. Es probable que en julio o agosto haya una audiencia y no se descarta que pueda haber un discovery (procedimiento previo al juicio) antes de un fallo inicial, explicó Sebastián Maril, CEO de la consultora FinGuru.

El Gobierno argentino, en tanto, afirma que pagó casi USD 10.000 millones a tenedores de valores vinculados al PBI y le pidió a la Corte del Distrito Sur de Nueva York —encabezada por Loretta Preska— que desestime la demanda.

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