OEA: “La guerrilla colombiana, Hezbollah y el crimen organizado operan en Venezuela”

Nacido en 1963 en Cerro Chato, en el departamento uruguayo de Paysandú, y formado como diplomático de carrera en su país, el excanciller Luis Leonardo Almagro Lemes se ha convertido en el azote del régimen de Nicolás Maduro y de los gobiernos autoritarios de la región. Decidido a ir por su reelección en 2020, el secretario general de la OEA no se anda con medias tintas y afirma: "Hay sectores del ELN (Ejército de Liberación Nacional), algunos grupos disidentes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), Hezbollah (el grupo terrorista libanés), los carteles de la droga y otros elementos del crimen organizado internacional que operan en Venezuela. Lo peor de lo peor opera en Venezuela, y está destruyendo el país y los derechos del pueblo venezolano".

En ese contexto, el titular del máximo organismo hemisférico mencionó los pasos que se han dado hasta el momento: en abril de 2018, se declaró la alteración del orden constitucional en Venezuela; en junio de 2018, se declaró la ilegitimidad de las elecciones presidenciales de mayo del año pasado; en enero de 2019, se declaró la ilegitimidad del gobierno de Maduro; y, luego de reconocer al presidente encargado, Juan Guaidó para representar a Venezuela en el Consejo Permanente de la OEA, la 49º Asamblea General, que sesionó en Medellín en junio pasado, incorporó al representante de Guaidó ante el organismo, Gustavo Tarre Briceño, lo que generó divisiones en el interior de la organización y la retirada de la delegación uruguaya de la reunión.

–Usted solicitó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el caso de Venezuela. ¿Cómo observa el accionar del Grupo de Contacto internacional y el proceso de diálogo impulsado por Noruega? ¿Descarta una intervención armada?
–Es la quinta vez que se intenta llevar a cabo este tipo de diálogos y, hasta el momento, no han arrojado resultados. Lo único que ha logrado el diálogo es permitir que el régimen de Maduro consolide un statu quo represivo, con violaciones de los derechos humanos, presos políticos y una alteración cada vez más profunda del orden institucional. No está en la voluntad del régimen hacer concesiones que lleven a la redemocratización del país. Si finalmente lo hace, y ojalá así sea, será por la presión externa que haya durante el proceso de diálogo. En anteriores ocasiones, lo único que han logrado los procesos de diálogo ha sido dar más oxígeno a Maduro. Desde la OEA, venimos recordando a la comunidad internacional, desde hace meses, la responsabilidad de proteger. Las condiciones están dadas: cuatro millones de personas se han visto forzadas a desplazarse y emigrar a otro país, una situación inédita en la historia de América Latina; y se han registrado miles de detenciones arbitrarias, presos políticos, por lo menos 9000 ejecuciones extrajudiciales, torturas y asesinatos contra manifestantes. Es decir, todas las variables están tipificadas como lo que son: crímenes de lesa humanidad.

–¿En qué consiste la responsabilidad de proteger?
–La responsabilidad de proteger incluye negociaciones, gestiones, buenos oficios, sanciones y presiones de distinto tipo que puedan ejercerse sobre la dictadura, dentro de un esquema en el cual tendrían que ir dándose resultados. La responsabilidad de proteger es un instrumento del derecho internacional, no político, y lo que busca es proteger al pueblo frente a una situación humanitaria extrema, como es la violación sistemática de los derechos humanos.

–Usted ha señalado que "recuperar la democracia es el objetivo, pero el trabajo tampoco terminará ese día". ¿Cómo podría ayudar la OEA a Venezuela, una vez resuelta la crisis política?
–Una vez que cese la dictadura, el papel más importante será el de la reconstrucción democrática, institucional y constitucional. La democracia es el principal instrumento de desarrollo porque permite que las instituciones den soluciones a los intereses de la gente y a los problemas de los pueblos. Mejores instituciones, conectadas con las necesidades de la gente, permiten mejores condiciones de desarrollo, un sistema productivo más eficiente, mayor seguridad, más estabilidad política y económica, así como certeza jurídica.

–Antes de tomar posesión de su cargo, en 2015, usted señaló que "acercar a Cuba a la OEA sería bueno para todos los países miembros por lo que este país puede aportar en varias áreas de la agenda de desarrollo". ¿Ha cambiado su visión en estos últimos años?
–Mi posición no cambió en absoluto. En ese momento, Cuba estaba en un proceso de apertura política y económica, como resultado de sus negociaciones con EE. UU. para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Lamentablemente, ese proceso se revirtió luego de la visita del expresidente Obama y, desde entonces, han sido cada vez más notorios los retrocesos en La Habana. La dictadura de Cuba es probablemente el ejemplo más perfecto de la mitología de la miseria y de las violaciones de los derechos humanos. Es imprescindible que la dictadura caiga porque esa es la única forma de terminar con la impunidad en materia de corrupción, de violaciones de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad en la isla. Con la crisis en Venezuela, quedó en evidencia que Cuba no solamente reprime a sus ciudadanos, sino que explota la experiencia y gestión de la represión a Latinoamérica.

–Otra de las crisis que enfrenta hoy la OEA es la deriva represiva del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Qué acciones ha adoptado la organización para que el país regrese al cauce democrático?
–Tenemos que evitar que Nicaragua caiga en el mismo precipicio en el que cayó Venezuela. La OEA estuvo en el país como garante del diálogo y nuestro representante especial (el exministro de Defensa uruguayo, Luis Rosadilla) ha estado involucrado directamente en las gestiones que permitieron la liberación de cientos de presos políticos, algo que ha sido obviado por algunos, pero que cambió la vida de muchos y fue un resultado extraordinario de una negociación. Es algo que no se había logrado en otros procesos de diálogo. Sin embargo, hoy tenemos nuevos presos políticos y eso es absolutamente condenable. En la última Asamblea General, se aprobó una resolución que da cuenta de la gravedad de la crisis en Nicaragua y presenta herramientas para lograr soluciones institucionales. Se necesita encaminar al país en la ruta de la institucionalidad, la democracia y la justicia.

–En cuanto a la situación política en Bolivia, ¿cuál es su posición respecto de la habilitación de una nueva reelección de Evo Morales, amparado en un polémico fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que entiende que se trata un "derecho humano" del mandatario?
–Mi rol como secretario general de la OEA es ser consistente y actuar sobre la base de la normativa interamericana. Para mí, claramente, la reelección no es un derecho humano. Ojalá en el futuro tengamos la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aclarando ese punto. O, en su defecto, una votación del Consejo Permanente que nos evite la continuidad de lo que las Misiones de Observación Electoral (MOE) han catalogado como una mala práctica. Nosotros tenemos nuestra opinión sobre la reelección y la seguimos manteniendo, pero no tenemos más que decir desde el punto de vista jurídico y político, hasta que no haya una instancia jurisdiccional superior a la Corte boliviana que diga que el dictamen no es válido, o hasta que no se descalifique ese fallo en otra instancia jurisdiccional. Hasta que eso no ocurra, el fallo sigue vigente. El sistema interamericano no tiene, al presente, ningún instrumento para dejar sin efecto esa candidatura a la reelección.

–¿Qué lo motiva a buscar su reelección al frente de la OEA?
–Yo no busqué la reelección. Varios países han presentado mi candidatura a la reelección, lo cual acepté. Desde que asumí la Secretaría General, la OEA se ha hecho responsable de la agenda de democracia y derechos humanos del hemisferio occidental. Hemos logrado que la OEA sea una fuerza de cohesión para la región y una fuerza positiva dinamizadora de las relaciones internacionales. Hoy la organización cuenta con una agenda clara y realizable, promueve el fortalecimiento de la democracia y la cooperación para el desarrollo en áreas prioritarias: democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral. Queda aún mucho trabajo por hacer y continuar. En particular, tenemos que seguir los esfuerzos institucionales a nivel multilateral para erradicar las dictaduras de la región. En la 49º Asamblea General, en el discurso de apertura del presidente de Colombia, Iván Duque, se hizo un reconocimiento a la gestión que hemos realizado desde la Secretaría General, y lo mismo destacaron en la sesión plenaria varios Estados miembros, entre ellos EE. UU. y Brasil. Este importante apoyo y reconocimiento me da la motivación suficiente para continuar fortaleciendo la organización.

*La versión original de esta nota será publicada en la revista DEF N. 129

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