En momentos como este es necesario realizar un acto de precisión

El libro Born y Quieto, de María O’Donnell que da cuenta del secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born por parte Montoneros en 1975, no es simplemente una actualización de la investigación Born, de la misma autora, publicado en 2015. La introducción de nuevos archivos documentales brindan elementos novedosos para una iluminar más este hecho nodal de la historia de la violencia política reciente en Argentina. La reproducción de las cintas de las negociaciones entre el representante de la familia Born y el interlocutor de la organización armada, Roberto Quieto (que se hace llamar Güemes) permite ahondar con las herramientas más valederas del periodismo de investigación en esta época, a la vez que, a su manera, interviene en el debate sobre esos acontecimientos, que los últimos días volvieron a la discusión pública, pero del modo más maniqueo.

Antes de continuar con la escritura de estas líneas es necesario realizar un acto de precisión.

En la Argentina el genocidio perpetrado durante la dictadura, reconocido así por la legislación internacional y las sentencias judiciales locales, fue ejercido por el Estado argentino en la forma del gobierno militar que tomó ilegalmente el poder entre 1976 y 1983 -aunque el accionar terrorista estatal comenzó antes, específicamente, con el Operativo Independencia en la provincia de Tucumán durante 1975 y aún más atrás, con la conformación de las bandas paraestatales de la Acción Anticomunista Argentina (Triple A), conducidas por el ministro de Bienestar Social José López Rega a partir de 1974 y creadas con la venia del entonces presidente Juan Perón-.

Según el jurista Ernesto Garzón, tal accionar se define de la siguiente manera: “El terrorismo de Estado es una forma del ejercicio del poder estatal cuya regla de reconocimiento permite y/o impone, con miras a generar el temor generalizado, la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder”.

El terrorismo de Estado produjo una cifra estimada en treinta mil desaparecidos. Y esa cifra inexacta, imprecisa, tiene razón de ser en que los criminales que ejercieron las desapariciones jamás entregaron los archivos que darían cuenta de un número aproximado al total. El acto más aberrante de los asesinatos de miles, cuyos cadáveres aún son una incógnita, obliga a esa estimación. En un cable desclasificado de la embajada de los Estados Unidos en la Argentina enviado a Washington en 1978, los diplomáticos estimaban en 22.000 el número de los desaparecidos. Quienes hacen mofa de los “30.000 desaparecidos” ¿Pondrían en duda que los nazis aniquilaron a 6 millones de judíos, una cifra también imprecisa, una estimación inacabada? Incluso en este último lustro se sumaron nuevas fuentes de información, ya que según nuevas investigaciones en Transnistria, en la zona de Moldavia, habían sido asesinados 300 mil judíos y eso no había sido tomados en cuenta en ningún registro oficial, según cuenta el documental del israelí David Fisher, The round number, estrenado en el BAFICI de 2022.

Los sectores asalariados, especialmente delegados y activistas sindicales, fueron las principales víctimas de la dictadura. De acuerdo a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) 30,2% de los desaparecidos eran obreros; 17,9%, empleados; y 5,7% docentes. En tanto, se calcula que de los estudiantes (un 21% del total) uno de cada tres trabajaba. Los gremios más perseguidos fueron los metalúrgicos y mecánicos, además de los empleados de servicios públicos como transporte, ferrocarril y Luz y Fuerza. La represión estatal apuntó a la juventud: 81% de las personas desaparecidas tenía entre 16 y 35 años.

Luego de señalar estas cuestiones inequívocas, también es preciso no callar ante los argumentos que se vienen repitiendo desde ciertos sectores ultramontanos, de la derecha extrema (de quienes incluso obtuvieron la mayor cantidad de votos en la elección primaria presidencial). En realidad, desde hace años vienen defendiendo y reivindicando el accionar de los militares represores de la dictadura y demandando la liberación de los asesinos del terrorismo estatal, encarcelados después de décadas de impunidad.

Porque es cierto que hubo crímenes de las así llamadas “organizaciones armadas”, “foquistas” o “guerrilleras”. Esas organizaciones sucumbieron al delito de reemplazar un programa político por la mira de un fusil.

María O’Donnell en su reciente libro Born y Quieto, que actualiza su anterior investigación sobre el secuestro de los hermanos Born a manos de Montoneros, que les proveyó el rescate millonario más importante de la historia de un rapto político -60 millones de dólares en 1975- cuenta que cuando presentó su libro en la Feria del Libro de 2015 una mano se levantó. Era Claudia Muscat y le expresaba alivio porque incluía el relato del crimen de su padre. Sucede que la negociación entre Montoneros y Jorge Born padre estaba estancada, ya que el patriarca empresarial se negaba a ceder las demandas de los guerrilleros. Dos gerentes de Bunge & Born, uno de ellos Antonio Muscat, comenzaron a recibir amenazas de muerte “si no se cumplían las exigencias”. Las amenazas se fueron acrecentando. La compañía les ofreció mudarse.

Muscat decidió seguir viviendo en su casa en Quilmes. Una mañana llevaba en auto a sus dos hijas al centro, donde trabajaban en otra gran compañía burguesa argentina, Techint. Él había recibido una medalla por sus 25 años en Bunge & Born. Una hija, Claudia, bajó y se despidió. La otra, Silvia, siguió viaje. Fueron acorralados por tres vehículos. Les tiraron gas pimienta. Dispararon. El cadáver de Antonio Muscat quedó sobre el asfalto. Para acelerar una negociación, Montoneros había apretado a los Born con un asesinato al margen del conflicto. Como se dice vulgarmente, “les tiraron un muerto”. Desde cualquier punto de vista, este hecho no responde a ninguna categoría de la violencia política, sino al accionar de una banda de delincuentes homicidas comunes.

Hace pocos días, Mariana Eva Pérez, autora de Diario de una princesa montonera, hija de desaparecidos y querellante en la causa ESMA (por el campo de exterminio dirigido por el almirante Emilio Eduardo Massera, donde se estima desaparecieron 5.000 personas) tuiteó: “Yo sí tengo ganas de hablar de esos muertos, de por qué las organizaciones armadas decidieron ajusticiarlos, de las diferencias entre ERP y Montoneros al respecto, no sé si homenajearlos, pues torturadores y asesinos, pero hablemos también de las víctimas inocentes, de colimbas. Hablemos de los errores políticos y militares gravísimos que cometieron, pero hablemos de los desaparecidos como los militantes que fueron, porque el riesgo si no es la equivalencia entre víctimas”.

En esta última distinción radica la diferencia. Por más delictivos que hayan sido ciertos sucesos de las organizaciones armadas -que, por otro lado, en 1976 estaban completamente inoperativas, desarticuladas- un crimen llevado adelante por estas no puede ser comparado por los delitos de lesa humanidad realizados por el Estado. Lenin define así al Estado, en última instancia: “Engels desarrolla la noción de esa ‘fuerza’ a que se da el nombre de Estado, fuerza que brota de la sociedad, pero que se sitúa por encima de ella y que se divorcia cada vez más de ella. ¿En qué consiste, fundamentalmente, esta fuerza? En destacamentos especiales de hombres armados, que tienen a su disposición cárceles y otros elementos” (de El Estado y la revolución).

Es por esta razón que los libertarios están dispuestos a despedir a decenas de miles de trabajadores públicos, pero nada dicen sobre el incremento del presupuesto de las fuerzas armadas (ni Trump, ni Bolsonaro, como tampoco Milei). Ese Estado ejerció la represión más sangrienta en la historia argentina. No fueron los grupos foquistas, que eran a su vez combatidos por quienes propiciaban una salida propia para los trabajadores, en manos de los trabajadores, mediante sus propias organizaciones obreras (no inventos armados ajenos a la vida en fábricas y lugares de trabajo, no delegados en salvadores con fusiles de una clase operaria con la fuerza suficiente como para realizar sus propios destinos).

La distinción en estos días de debate en la Argentina es pertinente. Para rechazar a los negacionistas y a quienes pretenden liberar a los asesinos. Pero también, como se dice popularmente, para no hacernos los giles.