Denuncian que el gobierno de Botsuana conoce, sostiene y financia la esclavitud de los médicos cubanos

La ONG Prisoners Defenders acusó al gobierno de Botsuana de financiar con pleno conocimiento un sistema de esclavitud moderna sobre los médicos cubanos desplegados en su territorio, según un informe de investigación publicado este martes.

El documento reveló que el Estado botsuanés paga al régimen cubano 3.500 euros mensuales —equivalentes a 4.094,65 dólares— por cada especialista, mientras el profesional que realiza el trabajo recibe apenas 1.000 dólares: el 24,42% de la tarifa contractual. El 75,58% restante va directamente a La Habana.

“De cada cuatro dólares pagados por el trabajo del médico, tres van al régimen cubano, que además lo esclaviza”, afirmó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en declaraciones a Infobae. A diferencia de otros casos documentados por la organización en distintos países, Larrondo subrayó que Botsuana no puede invocar el desconocimiento: el convenio bilateral —sometido a cláusulas de confidencialidad, pero al que Prisoners Defenders tuvo acceso— obliga a que cada factura mensual separe de forma expresa el importe destinado al profesional del importe transferido a Cuba.

El contingente activo asciende a 90 profesionales de la salud, cifra que el coordinador nacional de la brigada confirmó ante el Parlamento botsuanés en abril de 2025. Aplicando las tarifas del convenio, ese despliegue representa una facturación anual estimada de 4,21 millones de dólares para las arcas del régimen cubano, 1,31 millones por encima del techo inicial previsto en el acuerdo para 62 plazas. El Gobierno de Duma Boko —presidente de la República de Botsuana— no ha transparentado ante el Parlamento qué instrumento presupuestario ampara esa diferencia.

Los documentos administrativos del Princess Marina Hospital, con copia al Ministerio de Finanzas de Botsuana, registran los estipendios pagados a los médicos cubanos desde al menos 2020. “Las autoridades botsuanesas conocían desde hace años los miserables estipendios entregados a los profesionales cubanos, porque son ellos los que fijan dicha merma”, señaló Larrondo a este medio. El propio Parlamento confirmó en abril de 2025 las tarifas contractuales, pero omitió ante la opinión pública que esos fondos no llegan a los trabajadores.

La brecha salarial es aún más pronunciada si se compara con el mercado local: un especialista botsuanés de escala E2 percibe, con los complementos legales por especialidad de difícil cobertura y horas extraordinarias, entre 4.439 y 4.917 dólares mensuales. El médico cubano, con sus 1.000 dólares, cobra apenas entre el 20% y el 23% de esa remuneración. “El salario de los médicos especialistas cubanos es tan solo un 23% de lo que reciben los mismos médicos botsuaneses por el mismo trabajo”, precisó el presidente de Prisoners Defenders a Infobae.

La dimensión del control sobre la vida de los profesionales quedó expuesta por una resolución interna firmada el 3 de julio pasado por el jefe de la misión cubana en Botsuana, el Doctor Pablo Ricardo Betancourt Álvarez. El documento, de obligado cumplimiento, prohíbe a los médicos salir de su distrito salvo por razones profesionales o de salud, recibir visitas en sus viviendas, pernoctar fuera de la residencia asignada, relacionarse con cubanos ajenos a la brigada, adquirir o conducir vehículos y realizar cualquier salida nocturna. La resolución también tipifica como infracción grave la “divulgación de información sensible” y prevé controles sorpresivos en las viviendas para verificar su cumplimiento.

“Viven en una cárcel, y no en Cuba: en Botsuana. Un país donde los que no son cubanos tienen derechos, pero no los cubanos”, dijo Larrondo; al tiempo que agregó: “Esto no es cooperación médica, es un régimen de vigilancia, segregación y castigo impuesto por un país extranjero dentro del territorio de Botsuana”.

Los testimonios recopilados por la organización entre profesionales destinados en el país africano dibujan un patrón sistemático: ninguno participó de forma voluntaria en la misión, ninguno recibió copia de su contrato —en el 60% de los casos existía un contrato que nunca se les entregó—, y todos sufrieron la retirada del pasaporte por parte de las autoridades cubanas. Las jornadas laborales oscilaron entre las 56 y las 64 horas semanales, con una media de 57,6 horas. El 80% de los testimonios describió restricciones de pernocta, miedo a la vigilancia y la obligación de informar sobre posibles deserciones de compañeros.

A esas condiciones se suma la amenaza legal que pende sobre cualquier médico que abandone la misión o no regrese a Cuba al terminarla: el artículo 176 del Código Penal cubano establece penas de entre tres y ocho años de prisión para esa conducta. La práctica administrativa acreditada por Prisoners Defenders vincula esa figura penal con la categoría migratoria de “indeseable” y una prohibición de entrada al país de ocho años, la denominada “Ley de los ocho años”.

El reporte de la ONG recordó que la Constitución de Botsuana prohíbe en su sección 6 la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso, y que el país ratificó en 1997 los Convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que definen el trabajo forzoso como todo servicio exigido bajo amenaza de pena y sin ofrecimiento voluntario del trabajador.

El informe de trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2025 ya había advertido que el régimen cubano podía haber sometido a trabajo forzoso a aproximadamente 80 profesionales médicos en Botsuana y recomendó su identificación sistemática.

Prisoners Defenders exigió al gobierno botsuanés el abono directo e íntegro de los salarios a los profesionales cubanos, la apertura de una investigación mediante entrevistas confidenciales sin presencia de funcionarios cubanos, la suspensión inmediata de la resolución de julio de 2026 y el fin de la retención salarial.

“La necesidad sanitaria de Botsuana no concede a su gobierno el derecho a tener trabajadores sometidos a esclavitud”, concluyó Larrondo.