
La Dian comenzó a enviar comunicaciones para exigir el cobro de IVA del 19% a cerca de 1.300 Centros de Enseñanza Automovilística de Colombia, una medida que los propietarios de academias de conducción consideran capaz de elevar el valor de los cursos o forzar el cierre de establecimientos que, afirman, no recaudaron ese impuesto durante más de dos décadas, según informó Caracol Radio.
La entidad tributaria sostiene que estas escuelas deben declarar el Impuesto sobre las Ventas porque sus servicios no pueden clasificarse como educación para el trabajo y el desarrollo humano. La decisión se apoya en conceptos emitidos en 2021 y noviembre de 2025, avalados por el Ministerio de Educación y un reciente fallo del Consejo de Estado, según informó Caracol Radio.
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“La Dian está enviado emplazamientos para declarar a algunos Centro de Enseñanza Automovilista (CEA), señalando que deben declarar el IVA, e incluso cobrando lo de varios años atrás, ¿por qué lo están haciendo si las secretarias de educación les reconocen su naturaleza de instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano excluidas de IVA?“, se observa en el documento revelado por Caracol Radio.
El alcance del conflicto excede a las academias dedicadas a la formación de aspirantes a obtener una licencia. La Federación Colombiana de Organismos de Apoyo al Tránsito y Seguridad Vial reúne alrededor de 5.000 organismos vinculados a tareas como la revisión técnico-mecánica, la reeducación de infractores y la enseñanza de conductores.
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Estas instituciones generan más de 40.000 empleos directos y más de 25.000 indirectos en el país, de acuerdo con Germán Vargas, presidente de la Federación Colombiana de Organismos de Apoyo al Tránsito y Seguridad Vial en declaraciones a Caracol Radio.
“Los organismos de apoyo al tránsito son instituciones que generan más de 40.000 trabajos directos y más de 25.000 trabajos indirectos en el país. O sea, son instituciones, eh, que proveen a la economía nacional un dinero”, dijo Vargas.
El reclamo por el impuesto no recaudado desde 2021
La mayor preocupación de los propietarios no se limita al cobro hacia adelante, sino a la posibilidad de que se les reclame el IVA correspondiente a cursos dictados desde 2021, con sanciones e intereses. Héctor Fabio de los Ríos, propietario de centros de enseñanza en Pereira, explicó que las comunicaciones invitan a los establecimientos a comenzar a cobrar el impuesto y, al mismo tiempo, a pagar los valores que no percibieron.
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De los Ríos cuestionó que la Dian haya trasladado a todas las academias un criterio surgido de consultas sobre cursos de reeducación para conductores sancionados. “Nosotros capacitamos principiantes o conductores que están en proceso de formación para obtener la licencia de conducción. Son temas totalmente distintos”, afirmó al mismo medio.
El empresario sostuvo que un concepto del Ministerio de Educación trató de manera inadecuada esas actividades y que luego fue utilizado para reclasificar a los Centros de Enseñanza Automovilística. También objetó que un fallo del Consejo de Estado referido a un establecimiento de una región específica se aplique al conjunto del sector.
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“La DIAN concluyó que los servicios que impartan los CEA no pueden catalogarse como servicios de educación no formal, hoy denominados educación para el trabajo y desarrollo humano (ETDH), por lo tanto, están gravados con IVA a la tarifa general del 19 %, por las siguientes razones jurídicas”, se añadió en el documento de la Dian.
Elsa Nieto, propietaria de una academia en Bogotá, advirtió que las escuelas no tendrían capacidad financiera para asumir una obligación tributaria de períodos anteriores. “Esta medida prácticamente acabaría con los CEA. Ningún centro de enseñanza puede soportar ir a pagar un dinero que nunca recaudó”, dijo al medio citado.
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Nieto planteó que, aun si el cobro se aplicara sin retroactividad, el costo recaería sobre los alumnos. Según su estimación, el curso de conducción podría incrementarse 20 % o los establecimientos tendrían que cerrar.
Las exigencias educativas y de transporte de las academias

Los representantes del sector sostienen que los centros cumplen obligaciones ante las autoridades educativas y de transporte antes de poder operar. Para obtener habilitación, deben presentar programas de formación ante las secretarías de Educación y luego solicitar su registro ante el Ministerio de Transporte.
Nieto indicó que los establecimientos renuevan sus programas cada cinco años y reportan información al Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, conocido como Siet. Por ese cumplimiento, las academias consideran que deben ser reconocidas como instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano.
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Vargas señaló que la Ley 769 de 2002, el Código Nacional de Tránsito, reconoce a los Centros de Enseñanza Automovilística como instituciones docentes. A su juicio, el sector está sometido simultáneamente a normas de tránsito y de educación.
El dirigente afirmó que las academias deben contar con un programa educativo institucional, la habilitación de la secretaría de Educación correspondiente y autorizaciones del Ministerio de Transporte. Después deben tramitar su registro ante el Registro Único Nacional de Tránsito.
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