La firma de abogados DLH Legal Group S.A.S. anunció que asumió la representación jurídica de los excongresistas del movimiento político Comunes Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo Correa, Sandra Ramírez Lobo Silva, Germán José Gómez López, Carlos Alberto Carreño Marín y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como “Marcos Calarcá“, en medio de las declaraciones relacionadas con el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
A través de un comunicado oficial dirigido a la opinión pública, la firma fijó su posición frente a los señalamientos que surgieron después de que María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, asegurara haber entregado a la Fiscalía General de la Nación información sobre un posible vínculo entre personas mencionadas en mensajes recibidos antes del atentado y la planeación del magnicidio.
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El documento, firmado por el abogado Luis Eduardo De La Hoz López, identificado con la tarjeta profesional 113.811, establece que la defensa rechaza cualquier intento de relacionar a sus representados con hechos criminales sin que exista una verificación de las pruebas por parte de las autoridades competentes.
“La justicia no puede convertirse en escenario de señalamientos, especulaciones ni condenas mediáticas”, señala la firma en el encabezado de su pronunciamiento.
La defensa rechazó los señalamientos contra los excongresistas
En el primer punto del comunicado, DLH Legal Group S.A.S. manifestó: “Rechazamos categóricamente cualquier intento de vincular a nuestros representados con hechos criminales mediante insinuaciones, asociaciones políticas, coincidencias de nombres, antiguos alias o informaciones cuya autenticidad y alcance probatorio no hayan sido establecidos por las autoridades competentes”.
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La firma también hizo referencia al principio de presunción de inocencia. Según explicó, el ordenamiento jurídico no contempla responsabilidades penales colectivas ni permite establecer culpabilidades a partir de declaraciones difundidas públicamente. “Conforme al artículo 29 de la Constitución Política, toda persona se presume inocente mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad”, indicó el documento.
En el tercer apartado, los abogados se refirieron específicamente a la información que habría recibido Tarazona, la cual, según su versión, incluía nombres y fotografías de personas presuntamente relacionadas con la organización del atentado. “Una fotografía, una conversación atribuida a terceros o la mención de un nombre no constituye, por sí sola, prueba de autoría, determinación o participación en un homicidio”, sostuvo la firma.
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En ese sentido, señaló que corresponde a la Fiscalía General de la Nación verificar la autenticidad, la procedencia, el contexto y la identidad de las personas mencionadas en los mensajes.
El comunicado también informó que DLH Legal Group S.A.S. preparó actuaciones jurídicas ante el ente investigador para solicitar el esclarecimiento de la información divulgada y garantizar los derechos fundamentales de sus representados. “Exigimos una investigación seria, objetiva, independiente y respetuosa del debido proceso”, agregó la firma.
El mensaje que recibió María Claudia Tarazona
Las declaraciones que originaron la controversia fueron realizadas por María Claudia Tarazona, quien afirmó que recibió información según la cual la orden para asesinar a su esposo habría salido del Congreso de la República.
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En una entrevista con Noticias Caracol, la viuda del senador aseguró: “La orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”, e indicó que uno de los mensajes recibidos señalaba que “la plata salió de Venezuela”.
Tarazona explicó que entregó la información a la Fiscalía General de la Nación mediante los procedimientos correspondientes. Sobre el contenido de los datos recibidos, manifestó: “Tenemos los nombres porque salen con nombres propios, salen fotografías”.
Uno de los mensajes que leyó durante la entrevista mencionaba directamente a Luis Alberto Albán Urbano, conocido como ‘Marcos Calarcá’. El texto decía: “Ese malparido (SIC) de Marcos Calarcá está organizando a ocho bandidos para ir a cometer el atentado”.
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Según la información suministrada por Tarazona, el remitente también afirmaba que la orden provenía del Senado, aseguraba tener una fuente cercana a las personas que estarían organizando el ataque y solicitaba extremar las medidas de seguridad.
La viuda sostuvo que la advertencia procedía del departamento del Caquetá y hacía referencia a información que habría circulado desde abril de 2025, aproximadamente dos meses antes del atentado en el que Miguel Uribe Turbay resultó gravemente herido.
La Fiscalía adelanta labores de policía judicial para establecer el origen y la autenticidad de un correo electrónico que Tarazona envió al organismo el 3 de septiembre, con información relacionada con la presunta planeación del magnicidio.
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La defensa anunció acciones para proteger la honra de sus clientes
En el quinto punto del comunicado, los abogados expresaron respeto por la familia del senador y por su derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido.
“Respetamos el dolor de la familia del senador Miguel Uribe Turbay y su legítimo derecho a conocer la verdad. Sin embargo, ninguna investigación puede convertirse en instrumento de estigmatización o atribución anticipada de responsabilidades contra personas determinadas”, señala el documento.
La firma también advirtió que acudirá a los mecanismos legales disponibles frente a eventuales afirmaciones falsas o imputaciones que afecten a sus representados, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ley.
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“DLH LEGAL GROUP S.A.S. ejercerá, sin vacilaciones, los mecanismos constitucionales, penales y judiciales que resulten procedentes frente a afirmaciones falsas o imputaciones que lesionen ilegítimamente la honra, el buen nombre y la dignidad de nuestros defendidos, siempre que se acrediten los presupuestos legales correspondientes”, indicó.
Al cierre de su pronunciamiento, la firma insistió en que el esclarecimiento del asesinato debe centrarse en la identificación de los responsables mediante las pruebas recaudadas por las autoridades. El documento fue suscrito por Luis Eduardo De La Hoz López, abogado apoderado de los seis excongresistas..
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