Radicaron proyecto de ley que busca garantizar la paridad entre mujeres y hombres en la conformación de las Altas Cortes en Colombia

Con presencia de congresistas, magistradas, magistrados y exintegrantes de las Altas Cortes, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley Estatutaria 428, que busca garantizar la paridad entre mujeres y hombres en la conformación de los principales tribunales de Colombia.

La propuesta plantea una modificación a la Ley 270 de 1996, Estatuto de la Administración de Justicia, con el propósito de que la representación equilibrada deje de ser un principio general y se convierta en una regla aplicable durante los procesos de selección, nominación y elección de magistradas y magistrados.

La iniciativa parte de una brecha en la cúpula de la Rama Judicial. Aunque las mujeres representan más del 51% de la población colombiana, los hombres ocupan más del 65% de los cargos en las Altas Cortes.

Las mujeres son mayoría en la base judicial, pero no en los cargos de mayor decisión

Las cifras oficiales con corte a octubre indican que las mujeres constituyen el 56,71% de las personas que trabajan en la base de la Rama Judicial. La participación femenina, sin embargo, disminuye en la medida en que aumentan las responsabilidades y el poder de decisión dentro del sistema de justicia.

Para la Defensoría del Pueblo, esta situación no responde a una falta de formación, trayectoria o capacidad de las juristas, sino a obstáculos que persisten en los mecanismos de ascenso.

Entre ellos aparecen los techos de cristal, los sesgos de género, las tareas de cuidado, las redes de contacto conformadas históricamente por hombres y las dificultades en los sistemas de nominación y elaboración de listas.

“Este proyecto ha sido trabajado, discutido y consultado con las Altas Cortes y con distintos actores de la justicia. Nace con una fuerza política importante, pues cuenta con el respaldo y la firma de congresistas de diferentes partidos políticos”, afirmó Marín Ortiz.

La defensora agregó que ese acompañamiento multipartidista refleja que la paridad judicial “trasciende las diferencias ideológicas” y puede reunir apoyos alrededor de un objetivo institucional.

Las listas serán solo de mujeres si una corporación no alcanza el 50%

El mecanismo propuesto establece que, cuando una Alta Corte tenga una integración inferior al 50% de mujeres, las ternas y listas de candidatos para cubrir vacantes deberán estar compuestas exclusivamente por aspirantes mujeres.

La iniciativa no modifica los requisitos para acceder a las magistraturas. Las candidatas deberán cumplir las mismas exigencias de experiencia, preparación e idoneidad previstas para esos cargos.

“Hoy, tantos años después de nuestro acceso al ejercicio de la profesión jurídica, las mujeres representan solo el 34,52% de la magistratura de las Altas Cortes”, señaló la defensora. También advirtió sobre la baja representación de mujeres indígenas, afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, trans y de quienes enfrentan barreras económicas o falta de oportunidades.

Marín Ortiz resaltó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es la única corporación paritaria y con representación étnica y regional, una condición que atribuyó a los compromisos surgidos del Acuerdo Final de Paz.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, calificó la presentación del proyecto como “un día histórico” para la aplicación del derecho a la igualdad previsto en la Constitución. “Hay asuntos que siguen siendo una preocupación legítima. Uno de ellos es la paridad en las Altas Cortes”, expresó.

La propuesta cobija cinco corporaciones judiciales

El proyecto aplicaría para la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González, sostuvo que la paridad “no es una concesión ni un favor”, sino el reconocimiento de un derecho y una vía para fortalecer las instituciones. También destacó que más de 70 firmas respaldan la iniciativa legislativa.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, Miryam Stella Gutiérrez, recordó que la entidad lleva 18 años promoviendo políticas contra la discriminación. “Cuando llegamos al número de Altas Cortes no hemos podido superar la barrera del 30% de participación de mujeres”, afirmó.

Como se trata de una ley estatutaria, el texto deberá superar cuatro debates en el Congreso de la República, dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado, dentro de la misma legislatura. El proyecto tendrá que aprobarse antes del 20 de junio de 2027 y requerirá mayoría absoluta en cada votación.

Luego pasará a revisión de la Corte Constitucional antes de convertirse en ley. “No vamos a esperar otros 100 años para que las mujeres ocupen su lugar en la justicia”, concluyó Marín Ortiz.