La Fiscalía General de la Nación judicializó a Fredy Humberto Gómez Aguilera, señalado de presuntamente explotar sexualmente a niñas indígenas de la comunidad Jiw en el departamento del Meta.
Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario después de que el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra.
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La investigación se concentra, entre otros hechos, en el caso de una adolescente de 13 años perteneciente al resguardo Luna Roja, en Puerto Concordia. Según la Fiscalía, la menor habría sido víctima de agresiones entre mayo y junio de 2023.
El expediente expone que el hombre habría aprovechado condiciones de vulnerabilidad de niñas de esa comunidad. Las autoridades sostienen que ofrecía alimentos, hospedaje y sustancias que podían causar dependencia a cambio de actos sexuales.
La Fiscalía documentó un caso ocurrido en Puerto Concordia
De acuerdo con la información oficial, en una ocasión Gómez Aguilera habría llevado a la adolescente hasta una finca ubicada en Mapiripán. Allí, presuntamente la sometió a violencia sexual luego de ofrecer agua para su comunidad y otros elementos de primera necesidad.
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La Fiscalía también indicó que el procesado habría trasladado a la víctima a un hospital y la habría presentado como integrante de su familia para facilitar su atención. La investigación plantea que habría aprovechado un descuido del personal médico para abusar de ella.
El caso hace parte de una indagación más amplia sobre posibles afectaciones contra niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas en el oriente del país. Las autoridades señalaron que esta judicialización es la cuarta dentro de esa línea priorizada.
El procesado habría contactado a otras menores por teléfono
Las labores de Policía Judicial apuntan a que el acusado también se habría comunicado por teléfono con otras menores indígenas. Según la hipótesis de la Fiscalía, las invitaba a un inmueble en Puerto Concordia, donde les proponía encuentros sexuales a cambio de dinero.
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Ese componente de la investigación busca establecer si existieron más víctimas, bajo qué circunstancias habrían ocurrido los contactos y cuáles eran los mecanismos empleados para acercarse a las niñas. Por ahora, las autoridades no revelaron el número de menores que podrían estar vinculadas al expediente.
El proceso está en etapa judicial y las conductas atribuidas deberán ser probadas ante las instancias correspondientes. La Fiscalía presentó los elementos iniciales ante un juez de control de garantías, quien avaló la imposición de la medida privativa de la libertad.
La captura de Gómez Aguilera se produjo en el kilómetro 26 de la vía nacional que comunica a Puerto Concordia. El procedimiento estuvo a cargo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.
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Una fiscal de la Seccional Guaviare imputó al detenido los delitos de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Las dos conductas fueron agravadas, según el reporte oficial.
Fiscalía investiga presunto abuso sexual contra pasante en una empresa floricultora de Cundinamarca
Un hombre que trabajaba como asistente de Recursos Humanos y presidía el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de una floricultora de Tocancipá, Cundinamarca, fue enviado a prisión por presuntamente abusar sexualmente de una joven que realizaba prácticas profesionales en la empresa.
La Fiscalía General de la Nación sostiene que el investigado habría utilizado la relación de subordinación laboral y los momentos en que permanecían solos. Los hechos denunciados ocurrieron, al parecer, entre agosto y septiembre de 2025.
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Durante la audiencia, el ente acusador relató que el trabajador llevó a la pasante al área de archivo con el argumento de buscar una carpeta. Allí, según citó Noticias RCN, le pidió que se quitara la chaqueta. La joven se negó, pero la Fiscalía indicó que el hombre insistió y cometió los actos que ahora son materia de investigación.
La denunciante afirmó que evitaba permanecer cerca del señalado y que incluso contempló abandonar sus prácticas por el impacto de la situación.
El proceso también deberá verificar la versión sobre otra pasante que habría vivido una experiencia similar. Esa línea busca determinar si existen más víctimas y si los hechos responden a un posible patrón.
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