El oro del Estado podría ser ilícito: Abelardo de la Espriella radicó demanda por irregularidades en compra y exportación durante el gobierno Petro

En medio del megapaquete de denuncias que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, entregó a la Fiscalía General de la Nación en su denominado libro de la verdad, se conoció una en particular que afectaría gravemente el negocio del oro en Colombia.

De hecho, en la mañana del domingo 23 de agosto se conoció que el Ejecutivo encontró, en una auditoría forense interna, que la operación de C.I. Meprecol S.A.S., empresa que el Estado administró durante años para comprar y exportar metal precioso habría cometido serias irreguralidades en el negocio.

Según la información revelada por la revista Cambio, los hallazgos apuntan a vacíos sobre el origen del oro, el recorrido del dinero público y los controles antilavado aplicados en ese periodo.

El caso volvió al centro del debate el martes 18 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella entregó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, un documento de 82 páginas. Entre obras, contratos y otros episodios de presunta corrupción, uno de los expedientes se concentró en el oro que el Estado compró y exportó por medio de Meprecol.

La empresa quedó en el centro de esa reconstrucción por su papel dentro de la apuesta oficial por la compra estatal de oro. En noviembre de 2025, por instrucción del expresidente Gustavo Petro, Meprecol pasó al Ministerio de Minas y Energía, pero la historia que hoy se revisa venía de mucho antes.

Meprecol nació en 2006, cuando productores mineros del Chocó la fundaron como comercializadora de oro. Su trayectoria dio un vuelco en 2017, cuando la Fiscalía intervino y sus representantes legales, contadores y revisores fiscales quedaron detenidos dentro de un proceso que documentó el lavado de 3,6 billones de pesos.

Desde entonces, el Estado asumió la administración de la compañía tras la extinción de dominio. El problema, según la auditoría, es que no desmontó el modelo de negocio que había heredado, sino que lo habría mantenido bajo la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La revisión ordenada por la nueva administración concluyó que el Estado habría perdido la capacidad de demostrar de dónde provenía parte del oro, quién lo vendía realmente y cómo circulaban los recursos con los que se pagaba, según reveló Cambio.

Los auditores también describieron desorden financiero en los dos últimos años examinados, con pagos que consideraron innecesarios y un deterioro que, en sus propios términos, habría permitido el “saqueo” de la compañía.

La secuencia documental reconstruye ese trayecto desde el 30 de octubre de 2017, cuando la Fiscalía 21 Especializada de Extinción de Dominio ordenó el embargo, secuestro y toma de posesión del 100% de las acciones de Meprecol. Ocho años después, el 7 de noviembre de 2025, la SAE transfirió esas acciones al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) antes de entregarlas al Ministerio de Minas.

La auditoría examinó ambos periodos y llegó a una misma conclusión: el problema de fondo nunca se habría corregido. Según sus archivos, no existe trazabilidad suficiente sobre la procedencia del oro que la empresa compró y exportó.

Meprecol no adquiría el metal directamente a los mineros, sino por medio de cooperativas intermediarias. La principal era Coonekta, antes llamada Precooperativa Konectar, a la que la comercializadora giraba recursos que luego se retiraban de inmediato y en su totalidad en efectivo.

Ese punto es clave en la reconstrucción del caso. Cuando el dinero salía del circuito bancario, también desaparecía la posibilidad de identificar a los beneficiarios reales de esos recursos y de establecer el origen del oro que llegaba a la empresa.

Los peritos tampoco hallaron respaldo suficiente del otro lado de la cadena. Tras revisar inventarios, libros de fundición y registros de almacén, no encontraron “prueba técnica, análisis metalúrgico, registro auxiliar ni evidencia física idónea” que acreditara que el oro comprado en regiones bajo sospecha hubiera llegado a las plantas de Medellín o Bogotá.

Según el informe conocido por la revista Cambio, la auditoría también detectó cerca de 1.500 millones de pesos en anticipos entregados a cooperativas sin conciliación contable suficiente ni respaldo en inventario físico de oro. Según esa reconstrucción, el dinero salió, pero el metal que debía justificarlo no aparece de forma acreditada.

Con esos vacíos, la empresa estatal quedó sin poder demostrar tres eslabones básicos: de dónde salía el oro, si ese oro entraba realmente a sus instalaciones y adónde fue a parar parte del dinero con que lo pagó. Sobre esa base, los auditores sostienen que no puede afirmarse plenamente que el oro exportado por Meprecol fuera de origen legal.

La situación alrededor de Coonekta dejó de ser una sospecha abstracta el 9 de septiembre de 2025. Ese día, la Fiscalía y la SAE allanaron e intervinieron la cooperativa en Marmato, Caldas, dentro de una investigación por presunto lavado de activos sobre un patrimonio valorado en 12.000 millones de pesos.

Durante esas diligencias, las autoridades encontraron 270 millones en efectivo, 573 gramos de oro fino y herramientas de fundición como un espectrómetro, medidores de pureza y crisoles. Desde entonces, el principal proveedor de la comercializadora estatal quedó bajo señalamiento por presunto blanqueo de dinero.

Dos meses después, en noviembre de 2025, los libros contables de Meprecol registraron una transferencia de 450 millones de pesos a favor de Coonekta. La cooperativa ya estaba intervenida por el propio Estado.

La operación apareció asentada como “intereses por mora” en la nota 22 de los estados financieros. La auditoría añadió un detalle: el comprobante no incluyó el NIT de la contraparte y la transacción quedó registrada bajo la fórmula genérica “intermediario regional”, lo que impidió activar alertas preventivas de la Superintendencia de la Economía Solidaria y del control interno.

María Isabel Carrillo, representante legal de Meprecol desde enero de 2026, tomó distancia de ese giro y de otros pagos hechos a finales de 2025. Según explicó a Cambio, esas operaciones ocurrieron cuando la empresa seguía bajo control de la SAE y bajo la representación del depositario Jorge Wilson García Dussán.

También remitió a García cualquier explicación de detalle y aportó soporte de 17 pagos que él hizo entre noviembre y diciembre de 2025 por cerca de 14.000 millones de pesos, varios como anticipo.

La denuncia añade otro frente de preocupación. Sostiene que el oficial de cumplimiento de Meprecol, Edwin Enrique Varón Carvajalino, advirtió por escrito a la junta directiva que el sistema de prevención de lavado de activos, el Sagrilaft, estaba desmantelado y con plataformas de seguimiento muy desactualizadas.

Según ese documento, esa inoperancia impidió generar alertas por compras atípicas y también evitó reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). La reconstrucción del caso, así, no se limita a la falta de trazabilidad del oro, sino que alcanza el estado mismo de los controles.

A ese panorama se sumó otra denuncia conocida en julio, cuando se habló de una presunta red de corrupción alrededor de varias empresas de oro administradas por el Estado, entre ellas Meprecol. En ese relato se mencionó una supuesta injerencia de empresarios que, sin figurar de forma oficial, habrían influido en la administración real del negocio.

La misma reconstrucción plantea que el manejo de la empresa habría cambiado de manos tras su traslado al Ministerio de Minas, lo que abrió un choque entre sectores enfrentados alrededor del negocio.

Carrillo defendió la operación actual de la compañía y aseguró que hoy Meprecol trabaja con controles de trazabilidad sustentados en el Rucom de la Agencia Nacional de Minería, la Vuce del Ministerio de Comercio, el registro de exportación de la Dian y una plataforma interna. Según dijo, ese sistema verifica el origen del oro “con cédula y huella del barequero o minero ancestral asociado a cada cooperativa”.

En esa defensa, la funcionaria admitió a Cambio el problema que dio origen al expediente. Reconoció que antes de que estas empresas pasaran al Ministerio de Minas “compraban oro ilegal”.

Jorge Wilson García Dussán, exgerente de Meprecol durante la etapa bajo la SAE, rechazó esa lectura. Afirmó que la trazabilidad “comenzaba desde el momento de la compra” y que cada operación se cargaba en el sistema María Minería, con controles de debida diligencia sobre proveedores y clientes, además de validaciones previas a la exportación.

Sobre los giros a la cooperativa intervenida, García Dussán sostuvo que formaron parte de “la operación comercial de Meprecol” y que la SAE conocía esas operaciones. También aseguró que los intereses de mora surgieron por el incumplimiento del comprador de Miami, Global Metals Industry.

La auditoría agregó otro elemento: una triangulación en las exportaciones. Según los peritos, el empresario belga Laurent Charles Duplat aparecía al frente de las dos puntas del negocio, pues controlaba la firma que sacaba el oro desde Medellín, 7947 Industry, y también las compañías que lo compraban en el exterior, Condor Partners en Londres y Global Metals Industry en Miami.

Ese esquema, según la auditoría, permitía retener fuera del país los dólares de las exportaciones y presionar la caja de la empresa estatal, que terminaba pagando de más por intereses de mora. Cuando los peritos revisaron la sede de la compradora en Miami, en la Suite 800 de 1200 Brickell Avenue, encontraron una oficina virtual de coworking administrada por un servicio de correspondencia, no una empresa de oro con bodegas u hornos.

El expediente se conecta además con otra duda más amplia sobre el origen del metal colombiano que llega a mercados internacionales. A la fecha del informe, Dillon Gage era el único cliente de Meprecol y suspendió sus compras de oro colombiano después de que se conociera un reportaje sobre metal procedente de una mina ilegal de Caucasia que terminaba refinado en Texas.

Con ese conjunto de hallazgos, el abogado Germán Calderón España presentó el 20 de agosto de 2026 una denuncia ante la Fiscalía contra las personas que se determinen, vinculadas a la SAE y al Ministerio de Minas, por hechos derivados de la administración estatal de Meprecol. La acción pide investigar lavado de activos, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

Ahora la Fiscalía deberá establecer si la cadena rota que describe la auditoría, los controles desactivados y las cuentas cuestionadas obedecieron a negligencia o a una conducta penal. De esa pesquisa también dependerá aclarar hasta dónde llegan las responsabilidades por el oro que el Estado compró y exportó sin poder acreditar por completo su origen.