Un recurso judicial podría ocasionar un nuevo aplazamiento de la indagatoria contra el exciclista colombiano Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera y su hermano Rafael Herrera por su presunta implicación en la desaparición forzada de cuatro personas en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca) en octubre de 2002.
La audiencia, que está prevista a realizarse el viernes 10 de abril de 2026, estaría sujeta a modificar su fecha, luego de que los abogados defensores del campeón de la Vuelta a España 1987 presentaran una queja formal contra la fiscal del caso que efectuó la apertura de instrucción con la que se vinculó a los hermanos Herrera en 2025, según información revelada por Blu Radio.
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La solicitud de los apoderados del exdeportista colombiano deberá ser analizado por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá que estudiará si existen méritos para mantener el llamado a comparecer a los dos involucrados en el proceso.
Esta no es la primera vez que el caso contra Lucho Herrera experimente demoras judiciales.
En febrero de 2026, frente a un llamado anterior a la diligencia de indagatoria, la defensa de Herrera ya había presentado una queja contra el auto correspondiente, lo que también provocó su aplazamiento a la espera de resolución en segunda instancia.
“En el mes de diciembre, antes del cierre de los juzgados, la indagatoria fue solicitada por nosotros (...) Lucho Herrera y su hermano Rafael son totalmente ajenos a eso”, mencionó el abogado Hernando Benavides en diálogo con Noticias Uno, que posteriormente presentó su renuncia como defensor del exciclista colombiano.
La situación actual reproduce ese esquema de dilación, con la diligencia judicial nuevamente en suspenso hasta que el superior jerárquico decida sobre la queja interpuesta.
Cronología del caso
La investigación se centra en hechos ocurridos el 23 de octubre de 2002 en zona rural de Fusagasugá, cuando, según la Fiscalía, los dos procesados presuntamente contactaron a miembros de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para que actuaran en contra de habitantes de predios vecinos a las propiedades de la familia Herrera Herrera.
De acuerdo con la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, la participación de este grupo armado en el desplazamiento y desaparición involuntaria de las víctimas es uno de los puntos clave de la indagación, según los elementos materiales probatorios hasta ahora recogidos.
Las víctimas, identificadas como Víctor Manuel Rodríguez Martínez, Diuviseldo Torres Vega, Gonzalo Guerrero Jiménez y José del Carmen Rodríguez Martínez, fueron interceptados y desaparecidos por hombres armados del grupo armado mencionado.
Conforme a sentencias de Justicia y Paz y a testimonios divulgados por Noticias Uno, los exparamilitares Luis Fernando Gómez Flórez (alias Ojitos) y Óscar Andrés Huertas (alias Menudencias) informaron a las autoridades que Herrera habría entregado la identidad de los desaparecidos, identificándolos como presuntos colaboradores de la entonces guerrilla de las Farc.
El relato de los procesados añade que la motivación real detrás de los hechos estaba asociada al control de la tierra, por cuanto las víctimas se rehusaron a vender sus parcelas, que colindaban con predios de la familia Herrera.
“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, que tuvieron injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes de predios aledaños a las propiedades de la familia Herrera Herrera”, puntualizó la Fiscalía.
El hallazgo de restos de dos víctimas en 2008 en Silvania, Cundinamarca, marcó un hito en la investigación. Sin embargo, los cuerpos solo pudieron ser entregados a sus familiares en diciembre de 2025, tras la intervención del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube), que logró identificar plenamente a las víctimas mediante muestras biológicas. Entre tanto, persisten las labores para localizar a los otros desaparecidos desde 2002.
En respuesta a la investigación, el exciclista colombiano negó tajantemente cualquier relación con actividades delictivas. En audiencia realizada el 5 de junio de 2025, expuso ante la Fiscalía General de la Nación que fue víctima de extorsión por parte de los paramilitares.
“Me dijo que, si usted no quiere quedar implicado, ellos me pueden sacar”, explicó el exdeportista, añadiendo que entregó 10 millones de pesos en efectivo a un sujeto que se presentó como miembro de las Autodefensas del Casanare para evitar verse involucrado.
Adicional a ello, la Fiscalía también acusó a Rafael Herrera por un cargo adicional relacionado con acceso carnal violento sobre una menor de edad, un hecho que emergió en el curso de la investigación y que agrava la situación judicial del hermano del reconocido exciclista.
El proceso tomó un nuevo impulso luego de que el Juzgado Cuarto Penal de Fusagasugá compulsara copias del expediente al órgano investigador, reacción que, según la Fiscalía, culminó en la citación de los hermanos Herrera a diligencia de indagatoria.
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