El reciente anuncio de Jorge Lemus, exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y exjefe del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), generó controversia en la esfera política.
En entrevista con Mañanas Blu, Lemus afirmó que su salida del Ejecutivo tendría como propósito sumarse a la campaña presidencial de Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico, como asesor en materia de seguridad.
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“Estoy pensando en colaborarle en la campaña a Iván Cepeda”, manifestó Lemus, quien también mencionó haber dialogado previamente con el senador para ofrecerle “contramedidas de protección”.
Sin embargo, la versión del candidato Cepeda difiere de la expuesta por Lemus. En conversación con Blu Radio y La FM, el senador negó cualquier acercamiento formal y aseguró que no contempla la inclusión de Lemus en su equipo de campaña.
“Si llegara una solicitud de su parte, la respuesta sería un tajante no”, afirmó Iván Cepeda, citando los señalamientos contra Lemus por supuestos vínculos con Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo.
El legislador Cepeda enfatizó que cualquier eventual acercamiento quedaría descartado ante los cuestionamientos sobre la relación de Lemus con Marín Buitrago, un personaje investigado por contrabando y actualmente prófugo en Portugal.
Noticias Caracol difundió audios en los que Lemus habría sostenido reuniones con el abogado de Marín Buitrago, Luis Felipe Ramírez, para tratar presuntamente gestiones jurídicas a favor del contrabandista.
Por último, el candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda insistió en que Lemus debe “aclarar su situación” y responder públicamente sobre los episodios revelados por los medios de comunicación, antes de considerar cualquier papel en escenarios políticos.
Gustavo Petro cuestionó actuación de la Fiscalía en caso alias Papá Pitufo y sospecha de pacto para impedir su repatriación
Por su parte, la administración del presidente Gustavo Petro enfrenta una nueva controversia tras la divulgación de encuentros entre funcionarios del Gobierno y el abogado de Diego Marín, apodado alias Papá Pitufo, un sujeto señalado como uno de los principales responsables del contrabando en Colombia.
Noticias Caracol reveló que, con conocimiento del presidente, se realizaron reuniones en las que se habrían presentado ofrecimientos judiciales al representante legal de Marín, pese a que tales acciones carecen de sustento legal.
La noticia generó cuestionamientos sobre la transparencia de la gestión en la Casa de Nariño. En respuesta, el Ejecutivo confirmó que los contactos existieron, aunque justificó su realización como parte de una estrategia para lograr la entrega de Marín ante la justicia nacional.
Desde la Presidencia afirmaron que “todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”.
A pesar de la explicación oficial, el presidente Petro reconoció la existencia de irregularidades. El mandatario afirmó que algunos agentes estatales se valieron de estos acercamientos para solicitar recursos económicos, una conducta prohibida.
“Varios agentes de inteligencia aprovecharon eso para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades”, declaró Petro.
El proceso judicial contra Diego Marín también fue objeto de análisis en la intervención presidencial. Petro indicó que la Fiscalía General solo formuló cargos contra Marín por hechos registrados desde 2023, a pesar de su historial criminal que abarca cerca de 40 años.
“La Fiscalía le dictaminó unos cargos que lo excarcelan por solo investigar del 2023 en adelante, sacaron el fiscal que sí tenía las pruebas en el proceso”, sostuvo el equipo del presidente, quien además sugirió que la decisión de la fiscal encargada podría estar dirigida a perseguir a su administración en lugar de esclarecer la trayectoria delictiva de Marín.
El Gobierno, por su parte, manifestó sospechas sobre la existencia de un pacto entre la Fiscalía y la Dirección Nacional de Inteligencia para evitar la repatriación de Marín y supuestamente beneficiarse de esa situación. La Casa de Nariño concluyó que no ofrecerá más declaraciones públicas al respecto.
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