Las recientes revelaciones sobre reuniones entre altos funcionarios del Gobierno y el abogado de Diego Marín, conocido como alias Papá Pitufo, provocaron una nueva crisis política para la administración de Gustavo Petro.
Una investigación difundida por Noticias Caracol expuso que, con conocimiento del presidente, se llevaron a cabo encuentros en los que se habrían hecho ofrecimientos judiciales al abogado del contrabandista, pese a que esta clase de propuestas no está permitida por la ley.
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El Ejecutivo reconoció la existencia de esas reuniones en una comunicación enviada al noticiero. “Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”, señalaron desde la Casa de Nariño.
De acuerdo con la versión oficial, la intención era facilitar la entrega del señalado ‘zar del contrabando’ ante las autoridades nacionales.
No obstante, el presidente Petro admitió anomalías en el proceso. Según declaró, algunos agentes de inteligencia aprovecharon esos acercamientos para solicitar dinero.
“Varios agentes de inteligencia aprovecharon eso fue para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades”, explicó el jefe de Estado.
La situación judicial de Diego Marín también fue abordada en el pronunciamiento presidencial. Petro detalló que la Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra Marín, pero limitó la investigación a hechos ocurridos desde 2023, a pesar de que el contrabandista tendría un historial delictivo de casi cuatro décadas.
“La Fiscalía le dictaminó unos cargos que lo excarcelan por solo investigar del 2023 en adelante, sacaron el fiscal que sí tenía las pruebas en el proceso”, apuntó el mandatario. Según el presidente, la decisión de la fiscal encargada de restringir el periodo investigado evidenciaría una intención de la entidad de perseguir al Gobierno actual y no a Marín.
El equipo del presidente también manifestó sospechas sobre la existencia de un acuerdo entre la Fiscalía y la Dirección Nacional de Inteligencia.
“El señor presidente cree seriamente que existió un pacto entre la fiscalía general y los directores de DNI para no traer a Marín a Colombia y más bien, aprovecharlo”. Finalmente, la Presidencia informó que no realizará más declaraciones sobre el asunto.
Centro Democrático exigió explicaciones tras audios sobre reuniones con alias Papá Pitufo
Las recientes grabaciones difundidas por Noticias Caracol, en las que aparecen conversaciones entre Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y el abogado de Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo”, generaron una fuerte reacción política.
Los audios evidencian la existencia de una red de contactos avalada por altos funcionarios del Gobierno y muestran que al menos cuatro emisarios actuaron supuestamente en nombre del presidente Gustavo Petro.
Frente a estos hechos, el Centro Democrático criticó la actuación de la Fiscalía General de la Nación y cuestionó el silencio de la entidad ante las revelaciones del exdirector del DNI.
“La Fiscalía General de la Nación tendrá que explicarle al país por qué es mencionada por el ex director de la DNI, pero sobre todo el por qué de su silencio”, expresó el partido opositor.
La colectividad consideró las revelaciones como “una estocada a la institucionalidad” y rechazó que un alto funcionario de inteligencia haya sostenido reuniones a puerta cerrada con el abogado de Marín para discutir eventuales beneficios judiciales.
“Es inaceptable que el jefe de Inteligencia (DNI) se reuniera a puerta cerrada con el abogado de alias Papá Pitufo para ofrecer beneficios judiciales a cambio de silencio”, sostuvo el Centro Democrático.
El partido también interrogó la motivación detrás de estos acercamientos: “¿Por qué el Gobierno buscó al ‘Zar del Contrabando’ antes que la propia justicia? El país exige saber qué teme el círculo del presidente Petro que se cuente sobre su campaña”.
Para el Centro Democrático, el uso de organismos de inteligencia estatal en beneficio propio resulta inadmisible. “No pueden usar la inteligencia del Estado para tapar posibles dineros mafiosos”, enfatizó.
Finalmente, advirtió que “un Gobierno que negocia con criminales no puede hablar de legalidad. El país necesita respuestas no complicidades con los bandidos”.
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