Un año de labores encubiertas y análisis de datos permitió a las autoridades desarticular un eslabón clave del Grupo Delincuencial Organizado ‘El Mesa’ en Bogotá y otras regiones del país.
La operación culminó con la captura de 23 presuntos integrantes, señalados por delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, desaparición forzada y porte ilegal de armas.
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El golpe judicial resultó de una estrategia articulada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que realizaron 15 allanamientos simultáneos en Suba, Soacha y Chiriguaná (Cesar).
Los procedimientos permitieron la aprehensión de 18 personas —17 por orden judicial y una en flagrancia—, incluyendo figuras identificadas como coordinadores, sicarios y expendedores de droga.
Al menos cuatro de los capturados estarían dedicados a sicariatos en la capital del país. De acuerdo con información oficial, la estructura criminal empleaba fachadas de taxistas para el transporte de estupefacientes y armas, además de alquilar viviendas por breves periodos, donde dosificaban los narcóticos y almacenaban el armamento.
Cómo operaba ‘El Mesa’
Desde 2012, la organización —originaria de Bello, Antioquia— se expandió hacia Bogotá, usando estrategias de movilidad y rotación de coordinadores para mantener el control territorial y dificultar la acción de las autoridades.
Las zonas de distribución incluían barrios como La Gaitana, Fontanar, Villa Cindy, Santa Rita, Santa Cecilia, Lisboa y Bilbao. La distribución se daba en espacios como parqueaderos, discotecas y vías públicas.
En distintos procedimientos, las autoridades lograron identificar y capturar a figuras clave: alias Alejo, señalado como principal coordinador en Bogotá y presunto responsable de ordenar homicidios; alias Nías, jefe de sicarios, inició su actuar criminal desde los 13 años, con antecedentes en al menos 50 homicidios en varias regiones ; y alias Tavo, encargado de planear y ejecutar homicidios selectivos contra quienes intentaban vender droga sin autorización. También fueron detenidos alias Andrés, Franklin y Edicson, vinculados a tareas de transporte y distribución de estupefacientes.
En una serie de allanamientos adicionales, coordinados con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, se materializaron cinco órdenes de captura contra presuntos sicarios denominados Nene, El Mechudo, Pachito, Amarillo y Pekus.
Las autoridades atribuyen a este último la expansión del grupo en Cundinamarca, Antioquia, Bolívar y Caldas, así como la presunta responsabilidad en diez homicidios y tres desplazamientos forzados.
La investigación permitió imputar a los capturados por concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, homicidio agravado y desplazamiento forzado.
Según estimaciones oficiales, la operación afectó las finanzas ilícitas del grupo en cerca de 550 millones de pesos mensuales, recursos que eran empleados en la adquisición de armas y logística para ampliar su acción criminal hacia el oriente antioqueño.
Durante los allanamientos se incautaron 25 equipos móviles, dos armas de fuego, agendas con registros de ventas y varias cédulas falsas. Entre los crímenes atribuidos destaca el homicidio de Óscar Gilberto Ardila Zambrano, líder de una ruta de transporte informal en Ciudad Bolívar, ocurrido en junio de 2025.
Los detenidos desempeñaban funciones desde la coordinación de delitos hasta la ejecución de asesinatos por encargo y manejaban el traslado y disposición de víctimas.
El proceso judicial avanzó con la imposición de medida de aseguramiento intramural a 21 de los capturados y una medida domiciliaria. La persona detenida en flagrancia fue puesta en libertad. Las autoridades confirmaron que los implicados tienen antecedentes por delitos similares.
La Policía Nacional reiteró su compromiso contra el crimen organizado y anunció la continuidad de las acciones investigativas y operativas para neutralizar estructuras similares.
Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123, destacando que la colaboración ciudadana es fundamental para preservar la seguridad y la convivencia en las zonas afectadas.
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