La reunión que debía definir el futuro de Ricardo Roa, objeto de dos imputaciones penales, en la Presidencia de Ecopetrol se suspendió. El hecho dejó en el aire su permanencia al frente de la compañía. El aplazamiento agudizó la tensión institucional y elevó las preocupaciones dentro y fuera de la estatal, que está sujeta a rigurosos controles internacionales al cotizar en la Bolsa de Nueva York.
Las posturas enfrentadas de la Junta y de la Unión Sindical Obrera (USO), sumadas al respaldo público del presidente Gustavo Petro, sitúan a la empresa en el centro de una crisis que combina riesgos legales, reputacionales y políticos.
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Según fuentes citadas por El Tiempo, el encuentro entre el mandatario y siete miembros del organismo de la estatal debía celebrarse en la Casa de Nariño con el objetivo de asegurar el respaldo a la continuidad de Roa. No obstante, la cita fue cancelada a última hora y, de acuerdo con los reportes obtenidos por el medio, el presidente solo expuso sus argumentos a favor de Roa en conversaciones privadas con al menos uno de los directivos convocados.
La Casa de Nariño declaró de manera oficial que la supuesta reunión nunca figuró en la agenda presidencial ni del lunes ni del sábado previo. Sin embargo, medios como Caracol Radio reseñaron reuniones privadas entre Petro y algunos miembros de la Junta el sábado 4 de abril, lo que representa una obligación de reporte ante autoridades internacionales, ya que Ecopetrol transa en Wall Street.
“La Junta debe reportar a autoridades administrativas y judiciales todos los protocolos que aplique dentro de su mandato de evaluar los impactos reputacionales y financieros que acarree la situación judicial de Roa, así se le respete la presunción de inocencia”, declaró una fuente interna a El Tiempo.
La anulación del encuentro agravó la desconfianza entre el Gobierno, los directivos y actores externos, y reactivó el debate acerca de la necesidad de salvaguardar el prestigio y el funcionamiento corporativo bajo estrictas exigencias internacionales.
Defensa de Petro y críticas al sistema de sanciones estadounidense
Para Gustavo Petro, detrás de la presión para remover a Roa existen motivaciones políticas y empresariales. El presidente planteó que los intentos por apartar al directivo se intensificaron justo cuando están a punto de expirar contratos de petróleo y gas valorados en $20 billones, cuyos eventuales destinatarios serían sectores opositores.
“Quieren sacar a Roa solo porque en un mes terminan 20 billones en contratos de petróleo y gas y los contratistas son amigos de candidatos de la derecha. Hasta proceso penal metieron”, afirmó Petro por medio de X.
El mandatario extendió su defensa a críticas directas contra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y su Lista Clinton, que gestiona el Tesoro de Estados Unidos. La presencia del jefe de Estado en esa lista complica las relaciones formales entre Ecopetrol y contrapartes internacionales, ya que activa procedimientos reforzados de cumplimiento y notificación obligatoria.
Por medio de redes sociales, el mandatario colombiano calificó el actual régimen de la Lista Clinton como un instrumento que, según él, va más allá del combate al narcotráfico y actúa como un mecanismo de presión sobre la autonomía de Colombia y sus empresas públicas.
Qué dicen los trabajadores y miembros de la Junta Directiva
La Unión Sindical Obrera (USO) intensificó su exigencia para la salida de Roa. Al respecto, el representante sindical en la Junta Directiva, César Loza, junto a Juan Gonzalo Castaño, Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee, manifestaron de manera formal su preocupación ante el riesgo de mantener al frente de la empresa a un presidente con imputaciones penales.
De igual manera, el sindicato reclamó por medio de un comunicado la destitución de Roa al argumentar que la permanencia compromete la posición institucional y amenaza la estrategia futura de la compañía. El malestar quedó patente en la asamblea de accionistas del 27 de marzo de 2024, en la que el presidente de Ecopetrol fue abucheado y su gestión sometida a escrutinio.
Miembros independientes de la Junta, como Henao y Rodríguez Yee, advirtieron que la continuidad de Roa expone a la compañía a posibles sanciones legales y a un daño de imagen de gran alcance, lo que consideran inaceptable para la principal empresa estatal de Colombia y una de las más vigiladas por los mercados. Para estos sectores, el riesgo reputacional y la integridad del gobierno corporativo deben ser la prioridad.
Imputaciones contra Ricardo Roa y futuras decisiones
El centro de la disputa es el proceso judicial que enfrenta Roa. El 11 de marzo de 2026, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por presunto tráfico de influencias vinculado a la compra de un apartamento en Bogotá, inmueble que habría sido adquirido a un precio inferior al del mercado a una persona allegada a empresas con intereses contractuales ante Ecopetrol. El propietario del apartamento, Serafino Iacono, negó que Roa haya pagado los $1.800 millones estipulados en el registro de venta; solo existen registros asociados a un tercero, Juan Guillermo Mancera, cuya firma Gaxi estuvo próxima a cerrar un negocio con la filial Hocol.
La Fiscalía evalúa si presenta un escrito de acusación formal y, además, consideraría imputar a Mancera. Para el 8 de abril está prevista una segunda acusación contra Roa, esta vez por supuesta violación de topes electorales en la campaña presidencial de 2022, en la que se desempeñó como gerente. Según la investigación, el límite legal habría sido excedido en más de $5.300 millones.
Roa afirmó que demostrará su inocencia en los tribunales. Mientras tanto, la Junta Directiva de Ecopetrol y las autoridades deberán decidir el futuro de la empresa, en una coyuntura que podría afectar el rumbo del sector energético estatal y el equilibrio institucional.
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