El nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia inicia hoy primero de abril del 2026, pero su arranque está marcado por serios cuestionamientos financieros y operativos.
Ninguna aseguradora privada del país quiso asumir el contrato firmado entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional, obligando a modificar dos veces los requisitos de garantía antes de que la Previsora Seguros, entidad estatal, aceptara cubrir el proceso.
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El valor asegurado se habría reducido de 120.493 millones de pesos a solo 37.000 millones, lo que significaría una disminución de 83.000 millones en dos meses, según documentos internos y fuentes del medio Cambio.
La senadora María Fernanda Cabal denunció la situación afirmando: “Aquí viene otro escándalo monumental. Ninguna aseguradora quería arriesgarse a venderle una póliza a la Imprenta Nacional para el negocio de los pasaportes. Ante la situación, bajaron de 120 mil millones a solo 37 mil millones el valor a asegurar. Si esto fracasa, entonces solo responderán por una mínima parte”.
La gerente general de la Imprenta Nacional, Viviana León, reconoció en rueda de prensa las dificultades del proceso y señaló que “Ninguna aseguradora privada quiso asegurar este proceso. Eso es parte de algo más, es uno de todos los contratiempos que hemos tenido que enfrentar para llevar a cabo este importante proceso. Pero hoy les digo que contamos con los requisitos de ejecución, incluidas las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil”.
El contrato de pasaportes, que asciende a 185.000 millones de pesos, buscaba garantizar que Colombia pudiera asumir progresivamente la producción y personalización de los documentos sin depender de operadores privados.
Según Caracol Radio, la negativa de las aseguradoras privadas se debió, según los reportes internos, a la magnitud económica del contrato y a la inexperiencia de la Imprenta Nacional en procesos de este tipo. Compañías como Mapfre, Mundial y Estado declinaron participar, y solo la intervención estatal a través de Previsora Seguros permitió que el proyecto pudiera avanzar.
Inicialmente, la póliza exigida cubría 120.493 millones de pesos, con porcentajes de aseguramiento del 20% para la mayoría de amparos y del 5% para salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.
Ante la negativa de las aseguradoras, la administración redujo primero los porcentajes al 7,5%, y finalmente al 5%, monto que Previsora podía asumir sin riesgo financiero insostenible.
Este ajuste, aunque indispensable para asegurar la continuidad del proyecto, generó cuestionamientos sobre la capacidad de cobertura ante un eventual incumplimiento.
El nuevo esquema implica que la fabricación inicial de las libretas seguirá realizándose en Portugal, mientras que la personalización —incluida la integración de datos y elementos de seguridad— se traslada progresivamente a Colombia.
Según Viviana León, la infraestructura tecnológica ya fue instalada y probada: “Las integraciones necesarias con los sistemas institucionales, incluido el Sitac, se encuentran desarrolladas e implementadas conforme al cronograma del proyecto”. Además, aseguró que hay al menos 50.000 libretas fabricadas en Portugal listas para ser personalizadas en el país.
El Gobierno busca eliminar la dependencia de operadores privados, como Thomas Greg & Sons, que gestionó el servicio bajo el modelo anterior y continuará expidiendo pasaportes hasta el 30 de abril como medida de transición.
Para garantizar la operación, el talento humano de la Imprenta fue capacitado durante dos meses con técnicos de la Casa de la Moneda de Portugal, y se espera que el Estado colombiano asuma la totalidad del proceso de producción hacia 2036.
A pesar de los avances, persisten dudas sobre la capacidad operativa y técnica de la Imprenta Nacional. La documentación consultada por el medio citado muestra diferencias en las fechas de plena operatividad, algunas fijadas para el 1° de abril de 2026, mientras otras apuntan a diciembre de este año, lo que representa una brecha de nueve meses en un servicio esencial para los colombianos.
El proceso también enfrenta un componente legal delicado. La Procuraduría General mantiene abierta una demanda que busca suspender transferencias por más de 1,3 billones de pesos hacia Portugal, alegando una presunta “deficiente estructuración económica del convenio”, según Caracol Radio.
Aunque el Gobierno logró frenar la notificación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a las autoridades portuguesas, el litigio añade un elemento de incertidumbre sobre la continuidad del modelo y el cumplimiento del cronograma previsto.
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