
Miles de familias en Ecuador enfrentan actualmente racionamientos eléctricos como consecuencia directa de la ruptura de la cooperación energética con Colombia. Hasta antes de esta crisis, Colombia abastecía a Ecuador con exportaciones de hasta 9,0 GWh-día, lo que cubría aproximadamente el 10% de la demanda ecuatoriana, a precios que nunca superaban los $360,3 por kWh.
Por ello, las autoridades locales de Ecuador decidieron desconectar el servicio eléctrico durante varias horas al día a dos compañías mineras y dos acereras que consumen más energía. Y se llama a los empresarios a recurrir a sistemas de autogeneración debido a la crisis energética que atraviesa la nación.
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En este escenario de crisis energética, el presidente de la República, Gustavo Petro, calificó de “innecesario” el racionamiento en el vecino país.

“Innecesario ese corte de energía en Ecuador. La oposición colombiana lleva ya cuatro años hablando de cortes en Colombia y resultó que suceden en los países de sus aliados políticos”, escribió en su cuenta de X.
A la par, sostuvo que “Colombia estará siempre dispuesta a la integración grancolombiana y a ayudarnos en la antigua Gran Colombiana, antes que nada, entre nosotros mismos (sic)”.
En su extenso mensaje, Petro volvió a proponer la reorganización de La Gran Colombia en la que los países de la región tengan una visión unificada sobre aspectos económicos, energéticos y políticos para combatir el flagelo del narcotráfico.

“Los pueblos antiguamente grancolombianos y sus gobiernos podríamos refrendar constitucionalmente de nuevo una confederación de alto nivel de integración de procesos económicos, energéticos y políticos y de defensa contra el narcotráfico (sic)”, expuso el primer mandatario.
Gustavo Petro también habló sobre los traspiés que recibió en materia energética a lo largo de su administración, destacando las trabas que impuso ISA a su propuesta de aliarse energéticamente con Panamá. Otro de los casos expuestos por el presidente son las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés) a Venezuela.
Estos obstáculos, en su criterio, impiden crear una conectividad entre los municipios y departamentos de Colombia y con países como Panamá, Ecuador, entre otros de la región.
“El proyecto de integración con Panamá viene siendo detenido por ISA, el de Venezuela fué detenido por la Ofac pero confiamos adelantarlo; lamentablemente el proyecto de megadatacenter que puede lograr la conectividad neuronal de la inteligencia artificial con Panamá, Venezuela y Ecuador y los municipios y departamentos del litoral colombiano por fibra óptica poderosa marítima, lo trata de detener lamentablemente el procurador de regalías e Internexa, y buscan con la oposición la toma hostil de Ecopetrol, pero los proyectos ya están diseñados y financiados, y pueden llevarse con la voluntad del pueblo aún en este gobierno (sic)”, explicó el mandatario colombiano.
Y agregó: “Todo proyecto de integración energética y de fibra óptica para mega conectividad y capacidad computacional adquiere hoy importancia estratégica”.
Colombia y Ecuador acuerdan reforzar seguridad en frontera para resolver su batalla comercial

Los gobiernos de Ecuador y Colombia acordaron intensificar la cooperación en seguridad fronteriza y abordar el conjunto de disputas comerciales bilaterales, en una decisión que busca contener la escalada de tensiones que afecta la relación entre ambos países y que tiene impacto directo en el comercio, el control de delitos transnacionales y la integración regional.
Durante la jornada del 25 de marzo de 2026, las delegaciones lideradas por Juana Castro, viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia, y su homólogo ecuatoriano, Alejandro Dávalos, establecieron una hoja de ruta para seguir negociando, en una videoconferencia realizada con la intermediación de Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), informó el comunicado conjunto difundido por ambos gobiernos y la CAN.
Según la misma notificación, el eje prioritario será el fortalecimiento de la “seguridad fronteriza y las estrategias de lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, la minería ilegal, el tráfico ilícito de migrantes, el contrabando y otras formas de delincuencia organizada transnacional”. Además, los gobiernos expresaron su respaldo a la agilización de los mecanismos de cooperación judicial bajo los instrumentos internacionales vigentes.
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