La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió el 16 de febrero de 2026 expulsar al general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco del sistema de justicia transicional, luego de considerar que no cumplió con las condiciones del régimen de condicionalidad.
Esta medida se tomó tras constatar que el general retirado de la Policía Nacional no aportó “verdad plena” en relación con los crímenes que se le imputan, lo que le hizo perder los beneficios que había obtenido por acogerse al sistema. La decisión implica que el caso de Santoyo será trasladado a la justicia ordinaria, donde deberá responder por los delitos que se le atribuyen.
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En un fallo de 65 páginas, los magistrados Pedro Elías Díaz Romero y Carlos Alberto Suárez López determinaron que el exoficial en retiro incumplió sus obligaciones dentro del régimen de condicionalidad al no contribuir de manera sustantiva al esclarecimiento de los hechos relacionados con su participación en crímenes de lesa humanidad, como desapariciones forzadas y vínculos con grupos paramilitares.
De esta manera, se ordenó su remisión a la justicia ordinaria, además de la captura inmediata del exgeneral, que ya tenía una medida de aseguramiento pendiente desde abril de 2019.
Cabe destacar que Santoyo es señalado por delitos graves relacionados con concierto para delinquir, desaparición forzada, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El incumplimiento del régimen de condicionalidad que hizo mención la JEP
La JEP establece un conjunto de condiciones que deben cumplir los excombatientes y miembros de la fuerza pública para acceder a los beneficios del sistema de justicia transicional. Estos incluyen la entrega de “verdad plena” sobre los hechos investigados, la contribución a la reparación de las víctimas y el compromiso de no reincidir en conductas delictivas; el incumplimiento de estas condiciones puede llevar a la expulsión del sistema, como ocurrió con Santoyo.
Durante su proceso ante la JEP, el general (r) Santoyo fue requerido en múltiples ocasiones para que entregara información relevante sobre su participación en hechos de grave violación a los derechos humanos.
En particular, se le pidió que aclarara su vinculación con la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, ocurrida en Medellín en 2000. A pesar de los esfuerzos por obtener su colaboración, Santoyo negó cualquier responsabilidad en estos crímenes y no presentó pruebas nuevas que pudieran ayudar a esclarecer los hechos.
La JEP evaluó las contribuciones de Santoyo a la verdad y determinó que, lejos de avanzar en el esclarecimiento de los hechos, las versiones presentadas por el exgeneral solo reiteraban sus versiones defensivas.
En su testimonio, insistió en desconocer los crímenes cometidos por la unidad que comandó, el Gaula de Medellín, y sostuvo que su condena en Estados Unidos por colaborar con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se debió a una “estrategia de defensa”, sin asumir responsabilidad por su participación en estos actos.
Según la justicia transicional, los aportes presentados por Santoyo fueron insuficientes y no aportaron nada nuevo a la investigación; en particular, su intento de colaborar con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) fue calificado como ineficaz, ya que las pruebas entregadas fueron vistas como irrelevantes para avanzar en la búsqueda de las víctimas desaparecidas.
Como resultado de su incumplimiento, la JEP determinó que el caso de Santoyo debía ser remitido a la justicia ordinaria, por lo que la Fiscalía 56 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos continuará con la investigación por los delitos que pesan sobre el exgeneral.
En este sentido, la decisión de la JEP de expulsarlo del sistema implica que Santoyo debe responder ante los tribunales convencionales por las acusaciones en su contra.
Mauricio Santoyo: exjefe de seguridad de Uribe
El general (r) Santoyo es conocido porque fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2005. Nacido en 1959 en San José de Pare (Santander), fue un destacado oficial en la Policía Nacional, llegando a comandar el Gaula en Medellín durante la década de 1990.
Santoyo enfrenta un proceso judicial por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero. Estos crímenes ocurrieron mientras él lideraba el Gaula, unidad acusada de vincularse con grupos paramilitares.
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