Por el caso Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía retiró la imputación contra Augusto Rodríguez, director de la UNP: no había pruebas

La Fiscalía General de la Nación retiró la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por el presunto delito de prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Las autoridades argumentaron que la información disponible era “muy precaria” y que buscaban evitar una duplicidad de investigaciones sobre los mismos hechos, de acuerdo con Semana.

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El proceso inició cuando la fiscal encargada del caso propuso imputar cargos contra Rodríguez, alegando supuestas omisiones en su deber de garantizar la seguridad del precandidato presidencial.

Sin embargo, las directivas del organismo ordenaron a la funcionaria retirar la solicitud, lo que significó un cambio en la orientación de la investigación.

Fuentes dentro de la Fiscalía manifestaron al mencionado medio que la decisión tuvo como motivo principal la falta de elementos materiales probatorios suficientes. Además, resaltaron la intención de evitar que distintas dependencias investigaran simultáneamente los mismos hechos.

Al interior del ente acusador se mantiene el debate sobre la real autonomía de los fiscales y la influencia de las altas directivas en los procesos internos. Aunque oficialmente se reitera que los fiscales conservan independencia en sus decisiones, varios funcionarios han señalado que existen interferencias que afectan el curso de las investigaciones.

Posterior al retiro de la imputación, la Fiscalía integró un grupo de tareas especiales para esclarecer el asesinato de Uribe Turbay.

Según un documento citado por Semana, la fiscal que impulsó inicialmente la imputación fue incluida en este equipo, con el propósito de aportar su conocimiento y socializar información relevante para la “noticia criminal”.

Los directivos subrayaron ante Semana que los fiscales no deben avanzar en procesos penales sin contar con las pruebas necesarias para sostener una inferencia razonable sobre la posible responsabilidad de los implicados, especialmente cuando se trata de funcionarios con altos cargos en la Protección de liderazgos amenazados.

El avance de preacuerdos acelera proceso penal por asesinato de Miguel Uribe Turbay

Cinco de los nueve acusados por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay negocian activamente con la Fiscalía General de la Nación.

El avance de estos preacuerdos, que prevén penas superiores a 20 años de prisión, evidencia un giro decisivo en el proceso penal que se abrió tras el magnicidio cometido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de Bogotá.

Entre quienes han aceptado cargos y suscribieron preacuerdos se encuentra Katerine Andrea Martínez Martínez, reconocida como alias Gabriela, y la única mujer procesada en este caso.

En la audiencia realizada el 15 de enero de 2026, Martínez explicó ante el juez: “Mi error fue muy grande y, aunque mi disculpa también lo es, yo sé que no cobijará todo el dolor que sintieron y que sienten los familiares de Miguel, pero con todo el amor y la sinceridad del mundo les pido disculpas a todos”.

También manifestó: “Porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso, pero en el fondo de mi corazón, solo Dios sabe que yo nunca quise hacerle daño a Miguel; sin embargo, mis actos dijeron todo lo contrario”. En el preacuerdo alcanzado, la Fiscalía solicitó una pena de 245 meses de prisión (20 años y 4 meses) para Martínez, a la espera de la audiencia de validación programada para el 23 de febrero de 2026.

De acuerdo con lo adelantado en la investigación, Martínez participó en reuniones para definir los roles de los implicados, trasladó el arma empleada en el ataque y colaboró con la fuga de los ejecutores. La información oficial revela que la organización criminal responsable del asesinato operaba desde el interior de una prisión, dedicada al tráfico local de estupefacientes y homicidios por encargo.

Otros de los que suscribieron acuerdos son Simeón Pérez Marroquín (alias El Viejo), Carlos Eduardo Mora González (alias El Veneco), Harold Daniel Barragán Ovalle (alias Harold) y Jhorman David Mora Silva (alias El Caleño). Pérez Marroquín actuó como intermediario entre los autores intelectuales y materiales, enfrentando cargos de homicidio, concierto para delinquir, uso de menores en delitos y tráfico de armas.

El informe señala que Carlos Eduardo Mora González confesó su rol en la identificación del sitio del ataque y en el suministro logístico. La Fiscalía recabó pruebas que indican que Mora transportó a los involucrados y facilitó el arma utilizada por el menor alias Tianz, de tan solo 15 años.

Además, aceptó haber recibido una coima de cinco millones de pesos y se hacía pasar por conductor de plataformas de transporte para movilizar armas y estupefacientes. Por estos hechos, Mora González será sentenciado a 21 años de prisión en marzo, tras reconocer los delitos de homicidio agravado, tráfico de armas y uso de menores.

Harold Daniel Barragán Ovalle entregó voluntariamente su teléfono celular, lo que permitió a los investigadores acceder a 1.825 conversaciones de WhatsApp. Entre sus contactos figura Elder José Arteaga (alias Chipi o “Costeño”), señalado como el coordinador logístico del ataque de acuerdo con el croquis judicial.

Barragán acumulaba antecedentes penales e intentó evadir la justicia en varias ocasiones; terminó aceptando cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir y utilización de menores dentro de un preacuerdo.

Mientras tanto, la Fiscalía afirma que Jhorman David Mora Silva (El Caleño), ya privado de la libertad por otra condena, contactó al menor sicario a través de videollamadas efectuadas desde la cárcel, y además lo conectó con el coordinador del atentado. De acuerdo al reporte, se comprobó que la estructura criminal mantenía actividades desde el penal, donde coordinaba el tráfico de drogas y asesinatos selectivos.