La Corte Suprema de Justicia emitió un auto mediante el cual “dispuso avocar conocimiento” frente a la tutela que la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, interpuso contra varias instancias judiciales.
La exfuncionaria insiste en que se le han vulnerado sus derechos al debido proceso y a la defensa en medio del proceso penal que enfrenta por presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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La defensa de Ortiz presentó la acción de tutela contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, así como los juzgados 26 y 79 penales municipales con funciones de control de garantías de la capital, argumentando que no se revisó el recurso de habeas corpus que radicó y que se encuentra privada de la libertad de manera injusta.
Ortiz está cobijada con medida de aseguramiento privativa de la libertad desde el 18 de diciembre de 2024, aunque hasta la fecha no se ha iniciado el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. La decisión de la Corte se conoce días después de que se confirmara la providencia que había negado el habeas corpus presentado por su defensa, declarado “improcedente”.
Acusaciones y presunta participación en el caso Ungrd
Según la Fiscalía General, entre septiembre y octubre de 2023, Sandra Ortiz, que en ese entonces se desempeñaba como consejera regional de la Presidencia, habría tenido un papel central en un entramado de corrupción que desvió contratos y recursos de la Ungrd para beneficiar a congresistas a cambio de votos en las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro.
En la antesala a un consejo de ministros, Ortiz recibió instrucciones de Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en ese momento, y de Olmedo López, director de la Ungrd, para desviar recursos hacia los congresistas Iván Name y Andrés Calle. Posteriormente, según la Fiscalía, la exconsejera organizó un desayuno en su residencia temporal para definir el monto y la forma de entrega del dinero.
Además, se señala que Ortiz habría prestado sus camionetas blindadas para trasladar los recursos desde el centro de Bogotá hasta un edificio en el nororiente de la ciudad, donde residía el senador Iván Name, según declaraciones de Sneyder Pinilla, ex subdirector de la Ungrd involucrado también en el caso.
Solicitud de preclusión de investigación
El 10 de febrero, un día antes de que la defensa solicitara a una jueza la preclusión del proceso por tráfico de influencias, se llevó a cabo una audiencia reservada en un juzgado de control de garantías de Bogotá. En esta diligencia, el abogado Mauricio Camacho, defensor de Ortiz, pidió información financiera de Pedro Castro, exsenador liberal del Valle del Cauca, señalado como prestamista en el caso.
Según las investigaciones, Castro habría prestado 4.000 millones de pesos a Sneyder Pinilla en tres entregas entre el 11 y 13 de octubre de 2023, presuntamente para pagar coimas a los senadores Iván Name y Andrés Calle. El préstamo se habría dado al 2,3 por ciento de interés mensual, y Ortiz habría actuado como emisaria para entregar los recursos, bajo coordinación de Pinilla y Carlos Ramón González.
La defensa solicitó acceso al historial crediticio de Castro, con el objetivo de demostrar que no hubo un manejo irregular de los recursos y sustentar ante la jueza que no existieron irregularidades. La audiencia para examinar esta información tendrá una segunda sesión este viernes.
Postura de la Fiscalía y el Ministerio Público
Durante la audiencia, la fiscal María Cristina Patiño explicó que “la Fiscalía durante su acusación haciendo uso de la unidad de acción imputó dos comportamientos consistentes en traficar influencias frente a Olmedo López y Sneyder Pinilla, para que estos accedieran a prorrogar un contrato que estaba en ejecución en Atlántico, pero también a conseguir 3.000 millones de pesos con destinos al senador Iván Name”.
Por su parte, el procurador Mario Gómez señaló que no se ha demostrado que el supuesto tráfico de influencias imputado a Ortiz sea falso y que los hechos jurídicamente relevantes son distintos de los hechos indicadores en la audiencia.
La decisión sobre si se precluye la investigación se conocerá el 4 de marzo, mientras que el viernes 13 de febrero continuará la segunda parte de la diligencia sobre la información financiera del exsenador Pedro Castro.
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