La empresa Helicópteros Nacional de Colombia S. A. S. (Helicol) solicitó a un juez de Bogotá desarchivar una investigación penal contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y otros funcionarios de la estatal, relacionada con el presunto direccionamiento de contratos de transporte aéreo en helicópteros.
La petición cuestiona la decisión previa de la Fiscalía que cerró el proceso y sostiene que durante varios años se habrían presentado actuaciones que favorecieron a la compañía Helistar en la adjudicación de estos servicios.
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El nuevo episodio judicial se origina en una denuncia impulsada por el abogado Julián Quintana, apoderado de Helicol, que insistió en la necesidad de reabrir la investigación penal. De acuerdo con la solicitud, los hechos se habrían extendido entre 2011 y 2024 e implicarían una limitación a la libre competencia en los procesos de contratación de servicios aéreos por parte de Ecopetrol.
Quintana explicó en declaraciones a La FM que, según la denuncia, la estatal petrolera habría favorecido de manera reiterada a Helistar en la contratación de estos servicios durante más de una década. En ese contexto, sostuvo que la situación habría generado consecuencias económicas para Helicol, incluyendo una afectación financiera que derivó en un proceso de reorganización empresarial en 2019.
Además, la empresa denunciante señaló que en años anteriores habría sido excluida de procesos contractuales relacionados con la prestación de servicios aéreos, lo que forma parte de los argumentos presentados para solicitar la reapertura de la investigación penal.
En su cuenta de X, el abogado Quintana reiteró los señalamientos al afirmar: “La denuncia es clara: contratos presuntamente AMAÑADOS para favorecer a la empresa Helistar en el transporte en helicópteros”. También llamó la atención sobre la supuesta cercanía de Orlando Cabeza, presidente de Helistar, con el círculo del presidente Gustavo Petro, mencionando controversias pasadas relacionadas con licitaciones de alto valor, entre ellas negocios de importación de camiones de basura durante la alcaldía de Petro en Bogotá.
Decisión de la Fiscalía
La investigación, cuya reapertura se solicita, había sido archivada el 22 de agosto por un fiscal especializado de Administración Pública de la Seccional Bogotá. La decisión se adoptó tras evaluar los elementos disponibles dentro del proceso.
Según lo expuesto por el ente investigador, no se detectó la existencia de un acuerdo criminal entre funcionarios de Ecopetrol S. A. y otras empresas, al concluir que los procesos de selección para la prestación del servicio de transporte aéreo no estuvieron concentrados en una sola compañía.
De acuerdo con los investigadores, en los distintos procesos de selección referenciados —correspondientes a los años 2011, 2015, 2016, 2021, 2022, 2023 y 2024— participaron diversos funcionarios, directivos y líderes de las sociedades contratantes en la estructuración de documentos como pliegos, términos de referencia, especificaciones técnicas, reglas generales y particulares, así como las minutas contractuales.
El abogado Quintana cuestionó que el archivo se hubiera producido en un plazo de tres meses y “sin ahondar en las investigaciones”, señalando que los hechos denunciados podrían configurar delitos como interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir.
Otros procesos judiciales en curso
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, enfrenta además otros procesos judiciales relacionados con su actuación en diferentes ámbitos. Entre ellos se encuentra una investigación por presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Asimismo, Roa es investigado por un posible caso de tráfico de influencias vinculado a la compra de un inmueble en Bogotá realizada en diciembre de 2022 por un valor de 1.800 millones de pesos, cifra que, según referencias de mercado dentro del mismo edificio, sería inferior a otros precios registrados.
La solicitud de desarchivo por presuntas irregularidades en contratación se suma entonces a este contexto judicial y quedará ahora en manos de un juez de Bogotá, quien deberá determinar si existen elementos suficientes para reactivar la investigación penal y continuar con las diligencias correspondientes dentro del proceso.
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