La decisión judicial que mantiene en firme las medidas de protección otorgadas a Karen Santos por presunta violencia intrafamiliar representa un hito decisivo en el largo proceso que enfrenta con su exesposo, el empresario Ricardo Leyva.
La resolución, adoptada por el Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas de Bogotá, ratifica no solo la legitimidad de las acciones cautelares, sino que protege la integridad física y psicológica de Santos mientras el proceso sigue su curso, según un informe publicado por Cambio.
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En su fallo más reciente, el juzgado negó la acción de tutela presentada por Leyva, que intentaba anular el proceso iniciado por las comisarías de familia en el marco de las denuncias por violencia intrafamiliar.
Leyva fundamentó su petición en la alegación de que Bogotá carecía de competencia territorial sobre el caso, dado que los hechos y el domicilio de la pareja se ubican en Barranquilla.
Pese a esos argumentos, las autoridades judiciales subrayaron que la tutela no constituye un mecanismo idóneo para reabrir este tipo de controversias, debido a que existían recursos ordinarios a disposición de Leyva.
El fallo recalcó que la ley faculta a las comisarías de familia para actuar con inmediatez, incluso cuando la competencia pueda estar en discusión, a fin de garantizar la protección reforzada de las víctimas de violencia intrafamiliar.
Además, el juzgado hizo énfasis en que las partes tuvieron acceso pleno a su derecho de defensa, que todas las peticiones de Leyva se incorporaron al expediente y que no se evidenció “un perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez constitucional”.
Por este motivo, el despacho consideró improcedente la tutela y mantuvo la vigencia de las medidas que ordenan a Leyva cesar todo acto de agresión, tanto física como verbal y psicológica, contra Santos.
Estas medidas de protección, vigentes desde enero de 2026, pueden ser impugnadas. Si no lo son, el expediente será remitido para revisión a la Corte Constitucional.
Previamente, el 22 de enero, el abogado de Karen Santos, Iván Cancino, informó que la Fiscalía General de la Nación concedió medidas temporales adicionales de protección, lo que aseguró que Santos pueda contar con un esquema de resguardo efectivo mientras avanza la investigación penal.
El caso ganó notoriedad pública después de que Santos relató en una entrevista con Cambio los episodios de maltrato físico y psicológico padecidos durante más de cinco años de matrimonio.
En ese testimonio, Santos afirmó: “Él pegaba con los puños cerrados hasta reventarme. Había tantos golpes que en momentos yo sentía que me pasaba una corriente por el cerebro. Tuve que ir muchas veces al hospital. En la clínica Portoazul me atendió un neurólogo amigo de Ricardo", expresó la mujer.
Agregando: “Tenía el cerebro totalmente inflamado de tantos golpes. Eran unas golpizas indescriptibles”. Santos también relató que Leyva la persiguió con un cuchillo diciéndole: “Te voy a matar”.
“Yo sé que a las mujeres nunca nos creen. Y si estoy mostrando esto, es porque no me queda otro camino. Esto no lo hago por valentía. o hablo o me matan”, dijo Santos durante la entrevista.
En la entrevista, Santos también recalcó que debía rogar para no perder la EPS porque dependía económicamente de Leyva y no recibía un salario fijo.
Expresó su temor ante la lentitud del sistema judicial y las conexiones de poder de su exesposo, manifestando que sus denuncias, interpuestas el 23 de octubre de 2025 (por amenazas) y el 28 de octubre del mismo año (por violencia intrafamiliar), tuvieron respuestas demoradas por parte de las autoridades.
Así mismo, el juzgado de Bogotá recordó que la ley busca asegurar protección a las víctimas de violencia intrafamiliar, incluso si existen controversias sobre la jurisdicción territorial, y que los mecanismos tradicionales continúan abiertos para la defensa de las partes involucradas.
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