“Di la pelea”: así fue como una abogada colombiana derrumbó más de una década de discriminación en un ministerio de España

Para Dayana Méndez, abogada e investigadora colombiana, la búsqueda de un espacio de reconocimiento académico se convirtió en toda una travesía por el hecho de ser migrante, y, sobre todo, por no ser una ciudadana europea. Todo pasó en 2023, después de haber terminado su tesis doctoral “La violencia obstétrica más allá de las salas de parto: una propuesta para su reconceptualización desde un enfoque feminista, interseccional y de derechos humanos” en la Universidad Carlos III de Madrid (España).

Al culminar su tesis, que fue la primera en España que abordó la violencia obstétrica desde el ámbito jurídico y de los derechos humanos, se encontró con un obstáculo inesperado: la exclusión de la convocatoria anual del Ministerio de Igualdad de España que premia las mejores investigaciones sobre violencia de género. Méndez quiso aplicar, pero lo único que le jugaba en contra era su nacionalidad.

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“Vi que estaba la convocatoria, que salía cada año del Ministerio de Igualdad para las mejores tesis doctorales sobre violencia de género. Mi tesis la cumplía, tenía la máxima calificación, el sobresaliente cum laude, la excelencia. Decidí presentarme y me encuentro con que no podía aplicar porque las bases decían que solo era para personas españolas o europeas (de la Unión Europea). Entonces, por ser colombiana, no me podía presentar. Fue una cuestión de desconcierto, de decepción, de molestia suprema, claro, porque es absurdo, ¿no?”, detalló Méndez, en conversación con Infobae Colombia.

Por eso, decidió desafiar más de una década de discriminación institucional, buscando, a como de lugar, cambiar las reglas de la convocatoria. Aseguró que entre sus planes no estaba quedarse callada, pese a que para entonces el trabajo alrededor de sus estudios supuso todo un reto a nivel físico y emocional. “Un doctorado, en las circunstancias que yo viví, con la precariedad que tuve que atravesar, te pasa factura. Di la pelea con la última gota de aliento que tenía. Era una cuestión de dignidad y justicia”, dijo a este medio.

El rechazo del ministerio y “respuestas absurdas”

El primer paso fue acudir al mismo Ministerio de Igualdad para exponer el caso, pero su respuesta fue negativa: esas eran las reglas, y debía acogerse a ellas. Sin embargo, la abogada buscó otro recurso: el de reposición, pero el resultado fue el mismo. “Recibí respuestas absurdas: me dijeron que el problema de la violencia de género lo entendían mejor las mujeres españolas y europeas, que lo suyo era retener el talento local, y que, al fin y al cabo, podían hacerlo porque la ley se los permitía”, detalló.

En el documento, en efecto, la cartera expuso las razones por las cuales se establecieron las restricciones en términos de nacionalidad para la convocatoria, indicando que las mujeres europeas están más familiarizadas con las violencias de género de su territorio.

“En el presente supuesto se decidió en la Orden de bases de 2017 excluir las candidaturas, respondiendo esta decisión a la voluntad de retener el talento local, como se deriva de los objetivos específicos marcados por la Estrategia Española de Ciencia y de Tecnología e Innovación 2013-2020, aplicable en el momento, así como a la limitación presupuestaria y la mayor proximidad de las investigadoras españolas y europeas al problema de la violencia contra las mujeres en nuestro territorio, por lo que cabe considerarse como una finalidad legítima, y constituye una medida idónea y necesaria a tal fin”, indicó el ministerio.

Esa entidad no fue la única que puso en duda la idoneidad de una extranjera para abordar problemáticas que ocurren en España o Europa. Según la abogada, en su tesis expuso violencias obstétricas que sufren las personas gestantes tanto en Latinoamérica (presentando testimonios de mujeres de Caquetá, Colombia) como en otros países del mundo, incluyendo a España. Sin embargo, sus hallazgos fueron desestimados en más de una ocasión.

No obstante, Méndez se sostuvo en sus resultados investigativos. Recordó, por ejemplo, que las mujeres embarazadas migrantes en España acudían a una ONG en la que ella trabajaba para pedir ayuda porque les negaban la atención en salud en los hospitales. “Y eso que estamos hablando de un país que se ufana de tener una sanidad universal”, indicó.

Por otro lado, contó que las activistas gitanas que residen en España también denuncian violencias obstétricas. Aseguran que son excluidas y que, incluso, hay un centro de salud en el que se destina una única habitación para las mujeres en embarazo que son de esa etnia. “‘Nosotras sabíamos que la habitación, por ejemplo, 317, siempre iba a ser para alguna de nosotras’ (…). Siempre las metían en la misma habitación lejana para que no tuvieran contacto con el resto de la gente, por los prejuicios que siempre existen sobre las personas gitanas”.

En su trabajo investigativo mencionó el caso de una mujer que fue obligada a pasar por una cesárea, pese a que no había justificación médica para ello y a que en ningún momento aceptó que se hiciera ese procedimiento.

Aunque su investigación tenía un basto soporte y contenía todo tipo de casos de mujeres que sufrieron violencias obstétricas, en varias oportunidades hubo personas que la cuestionaron, pero no precisamente por falta de fundamentos. “Cualquier cosa que dijeses producto de tu investigación siempre era cuestionada, porque: ‘igual, eso pasará en tu país, pero eso aquí no pasa’. Yo que investigo violencia obstétrica, todo el tiempo tenía que esperar de gente española que me dijera: ‘Pero estás hablando de Colombia, estás hablando de América Latina, porque eso aquí no pasa’”, detalló.

Otro “no”: el cruce con el director de la Escuela de Doctorado

Así las cosas, en su lucha por aplicar a la convocatoria del Ministerio de Igualdad, buscó ayuda en la Universidad Carlos III, en la que logró su doctorado; pensó que la institución, al verse afectada por la posibilidad de no obtener un reconocimiento a través del concurso, la respaldaría. No fue así. Acudió al director de la Escuela de Doctorado, Marco Celentani, que, a través de un correo electrónico, aseguró que la universidad no podía intervenir en la situación y que, en todo caso, la discriminación que alegaba estar sufriendo no era tan dura como otro tipo de discriminaciones.

“Creo que estarás de acuerdo conmigo en que hay muchos otros entornos en los que la discriminación es mucho más evidente y mucho más dañina”, indicó el director en el correo.

Méndez contactó a otras directivas de la universidad, pidiendo su intervención y advirtiendo fallas en la atención del director. El resultado fue el mismo y, además, recibió otro correo del funcionario, en el que este le pidió disculparse por poner en duda su trabajo como servidor público.

“Encuentro sumamente ofensivo que diga que olvido “que ante todo es una persona que presta un servicio público” y agradeceré sus disculpas. Finalmente, dar “trámite correspondiente al interior de la Universidad” a convocatorias del Gobierno de España, sería seguramente un mal uso de mi tiempo como “persona que presta un servicio público””, aseveró Celentani en el correo.

Una victoria para las investigadoras extranjeras

Teniendo sobre la mesa ya varias contestaciones negativas, acudió al defensor del Pueblo. Era su última opción, puesto que en España no existen herramientas como la acción de tutela (que funciona en Colombia), para acceder a la protección de los derechos fundamentales. Ese fue el único recurso que verdaderamente sirvió. “Quedó evidente que había una vulneración de derechos, no solo la mía, sino de muchas investigadoras excluidas todos estos años. Fue una convocatoria que se mantuvo así en términos discriminatorio durante al menos 10, 11 años”, explicó.

Entonces, el defensor reclamó al Ministerio de Igualdad y la cartera aceptó realizar el cambio en las reglas de la convocatoria, lo que implicó la toma de acciones por parte de otros ministerios. Finalmente, en diciembre de 2024 fue informada sobre su logro, la convocatoria terminó y la norma fue modificada.

“Las nuevas bases permitieron, desde 2025, que personas de cualquier nacionalidad que hubieran realizado su tesis doctoral en España pudieran presentarse. Fue la primera vez en más de 10 años que la convocatoria estuvo abierta a extranjeras”, dijo.

Méndez se presentó a la convocatoria luego de haber recibido el aval del Ministerio de Igualdad, pero no ganó. Sin embargo, eso que podría ser considerado como un fracaso, para la abogada fue todo un éxito. “Para mí el premio mayor ya lo había conseguido: abrir esa enorme puerta para quienes vengan detrás”, expresó.

Inició entonces una búsqueda de eco mediático, para dar a conocer la historia y que se supiera que la convocatoria ahora estaba abierta para extranjeras, pero también tropezó con dificultades. “Se lo conté a más de 25 periodistas, de medios grandes y pequeños. Nadie quiso contar la historia. Solo logré que la publicara El Salto y después El País –a través de un periodista latinoamericano–”, precisó.

Tras darse a conocer los hechos, empezó a recibir mensajes de migrantes en España y de investigadoras que, como ella, pasaron por situaciones complejas estando allí y que padecieron la discriminación. “Pensaron en abandonar, pero insistieron al ver mi historia”, detalló.