Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

La Amazonía colombiana enfrenta una transformación drástica luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

Esto ha permitido que grupos armados ilegales ocupen el territorio y expandan redes de tráfico de cocaína, oro y carne.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así lo informó un artículo (‘Cocaine, gold and meat’: how Colombia’s Amazon became big business for crime networks) del diario británico The Guardian que se publicó el viernes 26 de diciembre de 2025, y en el que se menciona que la región situada al sur del país muestra signos de devastación ambiental y dominio criminal, con consecuencias para comunidades locales y ecosistemas.

De acuerdo con el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Fcds), Rodrigo Botero, la zona tiene hoy “la mayor densidad de carreteras de toda la Amazonía”, aunque estas rutas no reflejan desarrollo social, sino la expansión de vías ilegales.

Desde 2018, estos caminos han crecido más de 8.000 kilómetros, articulando el tráfico ilícito a través de una región que representa el 42% del territorio colombiano.

Botero le explicó al mismo medio que “fuera de Colombia, existe demanda de cocaína, oro y carne; la Amazonía abastece esa demanda”. Por ende, añade el experto, “en nuestra degradación ambiental, hay una responsabilidad internacional compartida”.

El informe Amazonía en disputa de la FCDS revela que el noroccidente amazónico, con 17 grupos ilegales operando en casi el 70% de sus municipios, presenta algunos de los mayores índices de conflictos socioambientales a nivel global.

El documento advierte: “Es un problema de macrocriminalidad que conecta grupos armados, bandas y carteles con intermediarios políticos y conglomerados empresariales que, además de apropiarse de los recursos naturales y destruir ecosistemas, buscan ejercer control territorial y poblacional”.

Cómo han evolucionado las dinámicas de los grupos armados ilegales en la Amazonía colombiana

A su vez, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) observó una evolución en la estructura de las organizaciones criminales, señalando que “la distinción entre actores insurgentes y grupos de crimen organizado se ha tornado cada vez más difusa”.

El análisis indica que “las estructuras han pasado de modelos jerárquicos, como los grandes carteles de los años 80 y 90, a organizaciones federadas con interacciones dinámicas que forman una compleja red delictiva”.

La degradación ambiental y social se ha intensificado desde el retiro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Nuevos actores, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo (también conocido como Gaitanistas o Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—), el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia (lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco), han establecido presencia en el territorio.

Botero advirtió que, tras la firma de la paz, “varios disidentes de las Farc anunciaron que no entregarían sus armas, y de inmediato se evidenció un aumento de la deforestación: 150.000 hectáreas en 2018”. Ahora, a finales de 2025, la cifra asciende a 700.000 hectáreas devastadas.

Datos de Global Forest Watch muestran que entre 2001 y 2024, Colombia perdió alrededor de 56.000 kilómetros cuadrados de cobertura arbórea total y cerca de 21.000 kilómetros cuadrados de bosque primario, en gran parte en el arco noroeste de la Amazonía, ahora ocupado por la ganadería extensiva.

En las cifras se destaca que en ocho años, el hato bovino local se duplicó de 1,6 a 3,2 millones de cabezas.

La falta de implementación del acuerdo de paz, una de las posibles causas, según los expertos

Varios expertos entrevistados por el diario británico vinculan la crisis actual con la falta de implementación efectiva del acuerdo de paz y críticas a la gestión del presidente Gustavo Petro, que prometió proteger el medioambiente y restaurar el control estatal.

Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (Core), señaló que la raíz del problema no corresponde solo a un gobierno.

“Los datos muestran que los dos últimos gobiernos tuvieron enfoques muy distintos y ninguno funcionó. La falta de implementación del acuerdo de paz es la causa principal del crecimiento de los grupos armados en la Amazonía”, el analista.

El acuerdo contemplaba una reforma rural integral, un plan de desarrollo agrario y acceso a tierras para campesinos, así como estrategias para sustituir cultivos ilícitos como la coca.

Aunque el gobierno de Petro adjudicó 15.000 kilómetros cuadrados de tierras, la desigualdad persiste, con el 1% más rico concentrando el 47% de la tierra rural privada, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Johnson consideró que la iniciativa oficial de Paz Total habría tenido mejores resultados si se hubiera enfocado en cumplir el acuerdo de paz con las Farc.

“Ese acuerdo tiene herramientas para avanzar en la construcción de paz, y al aplicarlo el gobierno envía un mensaje a los nuevos grupos. Pueden pensar que si el gobierno no implementa el acuerdo anterior, no hay garantía de que lo haga con los nuevos”, relató el experto.

El argumento de la falta de cumplimiento del acuerdo es utilizado por los grupos emergentes para mantener las armas, quienes denuncian más de 400 asesinatos de excombatientes de las Farc.

Mientras que para Botero “el trasfondo es que la tierra es el gran negocio”. Con esto se refiere a “llevar todas esas hectáreas deforestadas al mercado significa que la tierra gana valor con ganado, agua y líneas eléctricas”.

En consecuencia, para el mismo analista, “a la larga, el Estado financia un mercado especulativo de tierras”.

Cómo es el día a día de los pobladores sometidos a los grupos armados ilegales en la Amazonía de Colombia

En las zonas más remotas de la Amazonía colombiana, todos los actores productivos están obligados a pagar tributo a los grupos armados.

Comerciantes, ganaderos y agricultores deben aportar parte de sus ingresos para operar.

Los grupos ilegales han elaborado censos detallados de las áreas bajo su dominio para maximizar sus ganancias y amenazar a quienes se resisten a la extorsión.

El gobierno ha puesto en marcha iniciativas como los Centros de Desarrollo Forestal para transformar los focos de deforestación en áreas con potencial ambiental. Sin embargo, la respuesta institucional es insuficiente.

El informe del periódico europeo reveló que en muchas zonas, hombres armados impiden el ingreso de funcionarios del Ministerio de Ambiente y del Instituto Codazzi, limitando la recopilación de información y la aplicación de políticas públicas.

La posición del gobierno de Gustavo Petro frente a la realidad en el sur del país

Del lado del Gobierno Petro, Sebastián Gómez, asesor de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, reconoció errores en el enfoque estatal.

“Desde el principio, el gobierno insistió en que las familias cocaleras erradiquen sus cultivos sin ofrecer alternativas. Y pronto resembraron”, menciona el funcionario.

Uno de los puntos de inflexión en esta dinámica criminal se puede encontrar en 2017, debido a que en ese entonces varias regiones amazónicas enfrentaron una crisis en la economía de la coca; esto permitió la entrada de redes criminales internacionales de México y Europa.

A su vez, esto abrió la puerta a nuevas economías ilícitas como la ganadería y la minería extensiva, principales motores de la deforestación y la contaminación de ríos.

Gómez sostuvo que la solución a este mercado ilegal es compleja y va más allá de la intervención militar.

“Más que un enfoque punitivo, se necesita uno que transforme las economías locales. Tenemos que construir una propuesta económica agrícola especial para la región, compatible con la preservación del bosque”, destaca el asesor del Gobierno Petro.

Las acciones que se deberían tener en cuenta por parte del Gobierno Petro

Un estudio del Instituto Igarapé y la Amazon Investor Coalition citado en el informe recomienda la acción conjunta de los gobiernos de los nueve países amazónicos para “fortalecer la gobernanza territorial, empoderar a las comunidades locales y alinear la ambición política”.

Según Botero, “la Amazonía colombiana suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne”, y la presión del mercado global se refleja en el deterioro ambiental y la consolidación del crimen organizado en la región.

En tanto que Johnson concluyó que “a corto plazo no hay solución. El Estado debe ofrecer a esos hombres opciones distintas al dinero, suficientemente atractivas para impulsar su desmovilización”.

En la Amazonía colombiana, el principal desafío combina la protección ambiental con la búsqueda de la paz.