El debate sobre el control político a la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro no solo dejó fuertes críticas en varios sectores del país, sino que ahondó en una profunda división en la cúpula del Congreso de Colombia, enfrentando a los presidentes del Senado, Lidio García (Partido Liberal), y de la Cámara de Representantes, Julián López (La U).
Mientras García anunció la convocatoria a sesiones para examinar los decretos adoptados bajo la emergencia, López expresó un respaldo abierto a la decisión del Ejecutivo.
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La reciente medida de emergencia, implementada tras el fracaso de la reforma tributaria por 16,6 billones de pesos en el Capitolio, ha generado posturas opuestas entre los principales líderes legislativos.
Según declaraciones de Lidio García a través de sus redes sociales dejaron ver el descontento de la cámara alta ante la decisión del presidente y su gabinete ministerial de saltarse al Legislativo para decretar impuestos.
“El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta”, señaló el Senador. García considera que acudir a la emergencia supone no solo una vía inconstitucional, sino que normaliza la usurpación de competencias del poder legislativo.
En contraste, Julián López enfatizó en la necesidad de instrumentos excepcionales para evitar un impacto negativo en la población. López sostuvo que “Negar herramientas excepcionales ante riesgos sociales reales no protege a la gente: la deja sola”, en defensa del procedimiento adoptado por el Gobierno nacional.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha mantenido la presión sobre la Corte Constitucional para que se mantenga la vigencia de la emergencia, advirtiendo sobre las consecuencias sociales de su posible derogación.
El mandatario afirmó: “Le toca al gobierno la sensatez, a través de la emergencia, de continuar el progreso en Colombia y espero ocurra lo mismo con la Corte Constitucional. Si no, seguiremos con la sensatez, pero el horizonte se tornará oscuro”.
La Corte Constitucional ya informó que revisará la constitucionalidad de la medida una vez finalice la vacancia judicial, prevista para enero. Mientras tanto, el Senado fue citado para el 26 de diciembre, inicialmente para tratar ascensos en las fuerzas militares y policiales. Sin embargo, se confirmó que Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) presentará una proposición para iniciar desde esa fecha el control político sobre la emergencia económica declarada por Petro.
La división entre los líderes del Congreso reflejó la tensión institucional respecto al alcance de los poderes extraordinarios del Ejecutivo y la defensa de la autonomía parlamentaria, dando el inicio de un periodo de intenso escrutinio y debate en los primeros meses del año entrante.
La Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre la emergencia económica
El presidente Gustavo Petro advirtió el 23 de diciembre que el futuro económico de Colombia depende de la revisión que hará la Corte Constitucional del Decreto 1390, con el que se declaró la emergencia económica en el país.
La decisión del alto tribunal surge en medio del anuncio del Gobierno sobre el aumento de obligaciones fiscales, como la necesidad de 3,7 billones adicionales en el presupuesto para igualar los sistemas subsidiado y contributivo, así como la caída de los precios internacionales del petróleo y el carbón, según detalló Petro en sus mensajes.
El mandatario responsabilizó al Congreso y a la mayoría de la directiva del Banco de la República por rechazar la reforma tributaria 3.0 y aumentar la tasa de interés real, lo que, a su juicio, llevó a una situación de insostenibilidad de la deuda. “La corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis económica”, escribió en su cuenta de X.
Entre los factores que originaron el decreto, Petro mencionó que la ley de financiamiento, cuyo objetivo era subir los impuestos de los megarricos tras recibir más de 40 billones en subsidios estatales, fue rechazada dos veces por las comisiones económicas del Senado. Además, defendió la emisión de deuda por $23 billones a un solo oferente y criticó la política monetaria del órgano legislativo, señalando que pese a la reducción lograda por el Gobierno, el endeudamiento sigue poniendo en riesgo la estabilidad.
Para ilustrar el problema fiscal, Petro recurrió a una analogía: una familia entra en pobreza si sus salarios son insuficientes para cubrir sus necesidades y el crecimiento de esos ingresos es inferior al alza de los intereses de su deuda. En ese escenario, advirtió, el crédito se agota y el endeudamiento se vuelve insostenible.
El presidente también reconoció la decisión de la Corte Constitucional de no interrumpir la vacancia judicial para revisar el decreto, pero denunció los beneficios que recibieron ciertos particulares, aludiendo al caso de Juan José Lafaurie y los subsidios de Finagro por más de $400 millones.
“Felicito a la corte por no citar extraordinarias ilegales como lo pedían los megarricos del país después de meter en su bolsillo los subsidios que el pueblo colombiano les ha dado y con los que aumentan sus fortunas sin trabajar”, señaló en su mensaje.
Sobre el sector salud, Petro cifró en $20 billones los pagos omitidos para los trabajadores en 2025, de los cuales $15 billones están siendo cubiertos con presupuesto público. Esa última cantidad corresponde, según explicó, al valor del decreto tributario de emergencia, por lo que solicitó la devolución del subsidio equivalente a esos recursos.
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