El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, solicitó a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) pagar las deudas acumuladas con hospitales y clínicas de la Orinoquia.
Esta petición fue dirigida ante una situación financiera que afecta a hospitales y clínicas tanto públicos como privados en Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, departamentos donde el retardo en los pagos ha generado dificultades para garantizar la atención a los usuarios y la continuidad de los servicios.
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Según el procurador Eljach, el conflicto ocasionado por la falta de desembolso oportuno ha dado lugar a protestas y bloqueos organizados por trabajadores de hospitales, especialmente en Arauca, en una muestra del descontento por la imposibilidad de recibir salarios y mantener la operación normal de las instituciones de salud.
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En Guaviare y Meta, el problema se ha traducido en la renuncia de personal asistencial y médico, lo que compromete la atención y reduce la capacidad de respuesta de los centros médicos.
La Superintendencia Nacional de Salud promovió encuentros en los que participaron aseguradoras y entidades prestadoras de servicios de salud, públicos y privados, con el propósito de identificar, depurar y pactar los saldos pendientes.
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Como resultado, se firmaron compromisos que quedaron respaldados en actas, documentos que la Procuraduría ahora solicita con el fin de dar seguimiento a la ejecución de los acuerdos y verificar que los pagos se realicen conforme a lo firmado.
El organismo enfatizó la necesidad de restablecer el flujo de recursos entre aseguradores y prestadores, detallando que su labor incluye el monitoreo permanente de la situación.
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La institución informó que continuará observando el proceso y realizando acciones de vigilancia para procurar la sostenibilidad de los servicios de salud en la región de la Orinoquia.
Ultimátum del ministro de Salud
El sistema de salud en Colombia atraviesa una crisis marcada por déficit financiero y una concentración de riesgos en pocas entidades. Más de 26 millones de personas enfrentan la posibilidad de interrupciones en la atención médica, según el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
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El funcionario enfatizó que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deben ponerse al día con sus deudas, ya que de lo contrario serán liquidadas, dando paso al pago directo a hospitales por parte del Estado.
El Estado mantiene bajo intervención a siete EPS: Coosalud, Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS EPS y Emssanar, que agrupan cerca de la mitad de los afiliados. Sin embargo, a pesar de la administración estatal, los recursos que gira el Gobierno no llegan de manera oportuna a hospitales y clínicas.
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Jaramillo ejemplificó las dificultades describiendo el caso de un gerente hospitalario que viajó hasta Barranquilla para reclamar el pago pendiente por parte de Cajacopi.
Un estudio de Así Vamos en Salud revela la magnitud del problema. El modelo de aseguramiento resulta insostenible, con un patrimonio negativo en el sector de -11,4 billones de pesos en 2025, veinte veces más grave que en 2022.
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Los activos conjuntos de las EPS disminuyeron de 23,2 a 18,1 billones entre 2020 y 2025, mientras que los pasivos crecieron hasta 29,6 billones, generando una relación pasivo-activo del 164%. El 98% de los pasivos corresponde a cuentas por pagar y provisiones.
La concentración de riesgo se agrava, ya que solo siete EPS controlan más del 80% de los activos y 74% de los pasivos.
El informe también señala que los ingresos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no logran cubrir los egresos de las EPS, provocando un déficit operacional. Aunque la Corte Constitucional ordenó revisar el valor de la UPC, el Gobierno atribuye el déficit a ineficiencias internas.
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La continuidad de la atención y la estabilidad del sistema permanecen comprometidas, especialmente por la falta de información financiera de Nueva EPS, que concentra el 24% de la afiliación y no reporta datos desde 2024.
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