Exfuncionarios del Gaula confesaron asesinatos extrajudiciales en Córdoba: narraron ante la JEP cómo ofrecían recompensas

Durante varias audiencias públicas realizadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), exintegrantes del Gaula Córdoba reconocieron su responsabilidad en asesinatos presentados como bajas en combate en el departamento de Córdoba entre 2006 y 2008.

Los exmilitares detallaron que estos crímenes se cometían bajo presión de sus superiores y que, tras ejecutarlos, recibían distintas formas de recompensa.

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Entre los declarantes se encuentra Julio César Parga Rivas, mayor retirado y excomandante del Gaula Córdoba, quien aceptó su participación en la planificación de varias de estas acciones junto a otros oficiales bajo su mando.

Parga Rivas señaló ante la magistrada Laura Ordóñez Montoya: “Primeramente, tengo conocimiento pleno, como lo he venido recalcando en todas las audiencias, de que todo se hizo directamente planeado por mí con los oficiales el teniente Arias y Teniente Rozo, cada uno en un rol específico en que el comandante directo daba todos los suministros para que se pudieran ejecutar”.

Los testimonios coinciden en que los superiores ordenaban ejecutar a jóvenes civiles en zonas rurales y, tras los hechos, alteraban la escena para simular un enfrentamiento armado.

Las víctimas, en su mayoría jóvenes, eran presentadas como extorsionistas y, antes de dar aviso a las autoridades, sus documentos de identidad eran destruidos para dificultar su identificación.

Los exmiembros del Gaula Córdoba añadieron que las recompensas incluían permisos para viajar a destinos turísticos durante el fin de semana, electrodomésticos como neveras y lavadoras, y bicicletas. Estas compensaciones eran entregadas por los mandos directos como estímulo tras la ejecución de los asesinatos, considerados en ese contexto como logros operativos.

El proceso ante la JEP involucra a 71 personas de la fuerza pública, integrantes tanto del Gaula Córdoba como del Batallón de Infantería No. 33 ‘Junín’, relacionados con 28 muertes catalogadas como bajas en combate y una desaparición forzada. Estos hechos ocurrieron en varios municipios del departamento de Córdoba, junto con otros episodios en Caimito (Sucre) y Caucasia (Antioquia).

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas convocó las audiencias para esclarecer la verdad y determinar el grado de responsabilidad individual de los comparecientes. Entre el 15 y el 19 de septiembre están previstos los análisis de nueve casos, y del 22 al 26 del mismo mes se tratarán otros cinco, con un total de 71 personas vinculadas a los hechos investigados.

Para este miércoles, la JEP precisó que “en esta audiencia pública intervienen 31 comparecientes de la fuerza pública convocados a aportar verdad sobre nueve hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en 2006 y 2007, en los municipios de Montería, Los Córdobas, Tierralta, Chinú, Sahagún, Canalete y Ciénaga de Oro, en Córdoba; así como en Caimito, Sucre; y en Caucasia, Antioquía".

Y agregó: “Estos comparecientes transitan la ruta no sancionatoria, el mecanismo con el que la JEP busca resolver de manera definitiva la situación jurídica de aquellos comparecientes no considerados máximos responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad”.

Finalmente, la Jurisdicción Especial para la Paz precisó que “la diligencia en Montería es presidida por la magistrada auxiliar Laura Ordóñez Montoya, delegada del magistrado Pedro Díaz Romero, quien abrió la jornada de hoy retomando el hecho relacionado con los asesinatos de Efrén Darío Chantre Rivera y Yeison David Idrobo Hoyos, cometidos el 7 de septiembre de 2007, en Los Córdobas, Córdoba”.

Y puntualizó: “Los jóvenes fueron engañados con falsas promesas de empleo, trasladados desde Cauca y presentados por miembros del Gaula Córdoba como integrantes de un grupo armado ilegal”.

Para resolver su situación jurídica a través de la ruta no sancionatoria, los comparecientes deben “hacer aportes de verdad que satisfagan las demandas de las víctimas, reconocer responsabilidad en los hechos en los que participaron y realizar acciones restaurativas que apunten a enmendar el daño causado a las víctimas y a las comunidades”.